A inicios de agosto, Larraín Vial Asset Management AGF contestó la demanda que interpusieron por los hermanos Rodrigo y Nicole Topelberg Kleinkopf, quienes exigen una indemnización de US$23 millones por supuestos perjuicios sufridos, tras el escándalo de facturas falsas que involucró al factoring Factop.

En el documento, la gestora ligada al empresario Leonidas Vial calificó el relato de los Topelberg como “conveniente, incompleto y tergiversado”, y los acusó de intentar victimizarse a pesar de haber participado —según Larraín Vial— en el mismo esquema que ahora denuncian. “¿Quiénes son realmente las víctimas y quiénes los victimarios?”, planteó la AGF.

En el marco de la arista penal, esta semana el 4° Juzgado de Garantía agendó para octubre la audiencia en que la Fiscalía solicitará un procedimiento abreviado para Topelberg y otros imputados: Marcelo Medina, Alberto Sauer y su hijo Ariel Sauer.

Topelberg es imputado de una serie delitos económicos, tributarios y estafa.

En su demanda ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, los hermanos Topelberg —a través de sus sociedades de inversión— aseguran que la compañía se benefició al comprar de forma sistemática facturas falsas, en coordinación con Factop y los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff. Según ellos, esta operación derivó en la quiebra de Factop y la pérdida total de las inversiones de numerosos clientes.

Pero la versión de Larraín Vial va en sentido opuesto. La firma recordó que Rodrigo Topelberg confesó ante la justicia penal su participación en el esquema de facturas falsas. “Fue él mismo quien reconoció haber usado facturas falsas como parte del mecanismo que ahora denuncia. Ese solo hecho basta para rechazar la demanda en su totalidad, con una condena ejemplar en costas”, afirma el escrito.

En marzo de 2025, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) abrió un procedimiento sancionatorio a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, por entregar información falsa al mercado y a la propia CMF sobre la situación financiera de STF Capital, una corredora de bolsa ligada a Factop.

El regulador detectó movimientos bancarios sospechosos desde Inversiones Tanuka Limitada, ligada a Nicole Topelberg, hacia cuentas de STF Capital. Los montos fueron registrados como abonos desde Factop, pero luego devueltos el mismo día. Estos hechos también fueron reconocidos por Rodrigo Topelberg ante el Ministerio Público.

“Paradójicamente, los demandantes se presentan como víctimas, cuando desde 2023 están siendo cuestionados por su rol en diversos esquemas defraudatorios y causas penales”, argumentó LarrainVial.

“La contraria no ha tenido escrúpulos en interponer distintas acciones civiles y penales en contra de una serie de sociedades y personas naturales que consideran habrían participado del supuesto esquema ilícito denunciando. Todo ello, como se señaló en nuestra excepción dilatoria, en diversos tribunales civiles”, acotó.

Deterioro

La gestora también rechazó de forma tajante cualquier vinculación con un esquema ilegal. “Negamos rotundamente las acusaciones sobre una supuesta participación en la llamada ‘bicicleta financiera’ liderada por los hermanos Sauer y Jalaff”, indicaron. Según explican, todas las operaciones con Factop se realizaron dentro del giro normal del negocio de factoring y fueron “habituales y totalmente lícitas”.

Larraín Vial también asegura que Rodrigo Topelberg conocía desde agosto de 2022 el deterioro de la cartera de Factop, y descarta haber tenido conocimiento de que estaban adquiriendo facturas ideológicamente falsas a través del Fondo de Inversión Privado Facturas Nacionales (FIP FN).

“Es falso e imposible que nuestras representadas supieran que estaban comprando facturas falsas o participando conscientemente de un esquema defraudatorio”, señaló la defensa de Larraín Vial.

La gestora cuestionó el supuesto beneficio que habrían obtenido del fraude denunciado. “No recibimos ninguna ganancia. Al contrario, nos vimos obligados a asumir gastos imprevistos para intentar recuperar parte del crédito que mantenemos con Factop, que aún no ha sido saldado”, explicaron.

“Jamás cuestionamos que pudieran venir de sociedades de papel, porque en ese momento los hermanos Jalaff eran conocidos como los fundadores del Grupo Patio. Solo supimos quiénes eran realmente los emisores una vez iniciada la investigación penal”, concluyeron.

La gestora cuestionó la estrategia legal que emprendió Topelberg, quien, asesorado por los abogados Miguel Schürmann y Alejandro Awad en sede penal, interpuso una querella en contra de los hermanos Sauer y luego emprendió una serie de acciones judiciales.

Contestación

En conversación con Pulso, Miguel Schürmann -abogado de la familia Topelberg- calificó de “insólita la contestación de Larraín Vial”. “Pese a la formalización de la investigación en la causa en contra de sus ejecutivos, la millonaria multa impuesta por la CMF, la existencia de una querella e investigación penal por su participación en el esquema de financiamiento ilegal diseñado por los hermanos Sauer, aún así siguen intentando tapar el sol con el dedo mediante respuestas evasivas en su contestación de la demanda”, explicó.

“Larraín Vial no contesta por qué seleccionaba facturas falsas que adquirían para su fondo, cual es la relación con Amicorp, por qué aceptaban el canje de las facturas falsas, cómo se constituyó en un engranaje fundamental de un esquema ilícito de financiamiento, beneficiándose de él mientras perjudicaba a sus clientes. Cobraban comisiones por factorizar e ingresaban al fondo facturas conocidamente falsas que luego ofrecían al público consumidor”, añadió.

“Es más, cuando estos hechos fueron develados, celebraron millonarias transacciones para recibir el provecho de este mecanismo ilícito de financiamiento. Hasta la fecha solo conocemos una parte, bastante grave, de la participación y connivencia de Larraín Vial con los hermanos Sauer, pero la investigación penal seguirá aportándonos información para este juicio”, concluyó.