Piñera lleva al Tribunal Constitucional el proyecto de Presupuestos 2021 por entrega de bonos, pensiones de gracia y atención de víctimas de violencia intrafamiliar

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Varias ideas de parlamentarios aprobadas en la tramitación fueron impugnadas por el Ejecutivo, antes de promulgar el erario para 2021.


El Presidente Sebastián Pïñera decidió llevar al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto de Ley de Presupuestos antes de promulgarlo.

Pese al acuerdo que hubo con la oposición en largas jornadas de conversaciones, el Ejecutivo no quedó conforme con la forma que en fueron despachadas algunas partidas y decidió recurrir a esta entidad para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Específicamente el requerimiento cuestiona nueve glosas incorporadas por los parlamentarios en distintos tiempos de la tramitación.

La primera es por una indicación de los diputados PS, Manuel Monsalve y Jaime Tohá que agregaron una norma para que el ministro de Hacienda no pueda reducir los presupuestos regionales, sino que deba requerir autorización del Consejo Regional, en sesión extraordinaria y aprobada por dos tercios. En la oportunidad el gobierno recalcó que esta idea choca con la potestad exclusiva del Ejecutivo sobre la administración financiera.

También se impugnó el artículo que planteaban bonos para las manipuladoras de alimentos de zonas extremas, y la entrega de pensiones de gracia para ex mineros del carbón y para estudiar la inclusión de contenidos q fortalezcan las tradiciones de Chiloé.

“Piñera acude al Tribunal Constitucional para impedir que la historia y cultura de Chiloé se incluyan en los currículum escolares de los establecimientos de la Isla” afirmó en un tweet el diputado Gabriel Ascencio (DC), promotor de una de las glosas.

Otras se refieren a precisiones sobre las licitaciones de basura, programas habitacionales en cuanto obras del Minvu, el destino de un porcentaje de asignación al Fondo solidario de elección de vivienda, a incorporar plazos para la reposición de vacantes en el Ministerio de Justicia, y que las víctimas de violencia intrafamiliar en tiempo de pandemia sean incorporadas a programas de apoyo del Ministerio de la Mujer.

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