Reforma previsional: gobierno busca terminar con el retiro programado y que solo haya rentas vitalicias, pero con opción a herencia

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Adultos mayores cobrando su pensión en un IPS.

Así se establece en una presentación que el Ejecutivo está socializando con técnicos y parlamentarios. La ministra del Trabajo confirmó este domingo en la noche la información y detalló que regirá de esta forma para la cotización del 10,5%, pero que el 6% extra que irá a un fondo común no será heredable.


Este lunes el gobierno finalmente planea definir la fecha en que presentará su reforma al sistema de pensiones, lo que estiman ocurrirá durante octubre. Ello, luego de que se postergó su ingreso al Congreso desde agosto.

Pero en paralelo, durante este mes el gobierno empezó a socializar su propuesta con parlamentarios de distintas bancadas y también con expertos, donde entregó mayores detalles respecto de los cambios que quiere hacer al sistema.

En algunas de esas reuniones, desde el Ejecutivo han mostrado una presentación, a la que tuvo acceso Pulso, donde se enseñan detalles hasta ahora desconocidos de la propuesta. En el documento, que tiene como fecha el 22 de septiembre, hay un par de diapositivas que apuntan a reemplazar el retiro programado, dejando solo vigente la modalidad de rentas vitalicias, pero con opción a herencia.

Esto implicaría que, de aprobarse esta idea, dejaría de existir la opción de retiro programado a futuro. Además, significaría que por primera vez la renta vitalicia tendría la posibilidad de generar herencia en el país, aunque bajo ciertas condiciones distintas de las que tiene hoy el retiro programado.

Consultada al respecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, confirmó este domingo en la noche dicha información en el programa Estado Nacional de TVN, y recordó que la Comisión Bravo recomendó eliminar el retiro programado porque no es consistente con la seguridad social. Ahí también dijo que la renta vitalicia con opción a herencia regirá para la actual cotización del 10%, pero puntualizó que el 6% extra que irá a un fondo común no será heredable, porque es “un pilar de la seguridad social, que es distinto del ahorro individual”, y agregó que esta parte “tiene un principio esencial: la solidaridad, y se va a complementar con la propiedad individual en que hemos estado todo este tiempo”.

Entre otras cosas, el documento que ha socializado el gobierno también muestra el detalle de cómo funcionará la gestión de los recursos de las futuras cotizaciones del 10% y del 6%. Además, las AFP dejarán de existir tal como se conocen hoy, y deberán transformarse en gestores privados bajo las condiciones del nuevo sistema si es que quieren seguir invirtiendo el stock de ahorros, lo que implica que ya no tendrán la administración de cuentas y demás actividades de soporte. Esto último quedará en manos del IPS.

Renta vitalicia con herencia

El documento explica que actualmente las personas, al pensionarse, tienen que elegir entre retiro programado o renta vitalicia, “lo que es una decisión compleja. En particular, el hecho de que el retiro programado parte con un monto más elevado que la renta vitalicia, contribuye a distorsionar la decisión, dada la miopía y la preferencia por consumo presente de las personas”.

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Y agrega que “la modalidad de retiro programado es un producto que, a diferencia de la renta vitalicia, no protege a las personas de los riesgos de longevidad, vaivenes de rentabilidad de los mercados financieros ni de la inflación siendo, en ese sentido, un producto alejado de la lógica de seguridad social”.

Ahí dice que “la reforma apunta a reemplazar el retiro programado, creando una opción de herencia en la renta vitalicia”. Justamente la idea de incorporar una renta vitalicia con opción a herencia fue una de las propuestas que hizo la Asociación de Aseguradores al gobierno en agosto.

El documento explica que “esta nueva alternativa tiene la ventaja de que, al igual que una renta vitalicia simple, garantiza al titular una pensión fija en UF para siempre, y al fallecer el causante, entrega una pensión de sobrevivencia a los beneficiarios”.

También detalla que esta modalidad va a incorporar el atributo adicional de herencia bajo las siguientes condiciones: que en caso de que la persona fallezca en los primeros 20 o 25 años desde que se jubiló, se entregue una herencia decreciente a los herederos legales. “En caso de que la persona sobreviva al plazo anterior, recibirá una renta vitalicia hasta su fallecimiento”, dice la presentación. Es decir, desde ahí en adelante no habrá opción a herencia, pero seguirá recibiendo su pensión.

Eso sí, además advierte que “la opción de herencia tiene un costo claro en términos de menor pensión”. Esto quiere decir que las personas podrán elegir entre una renta vitalicia con o sin herencia, pero si se escoge la opción con herencia, el monto que recibirá de pensión será más bajo. Y con la opción sin herencia, de todas maneras habrá pensión de sobrevivencia.

Las administradoras ya comenzaron a coordinar el funcionamiento de páginas web, call center y sucursales, además de contactos con los bancos para el depósito de los pagos.

Otra diapositiva habla de reemplazar los multifondos por los llamados fondos generacionales (Target Date Funds). “Mientras en el caso de los fondos generacionales se mantiene a las personas en el mismo fondo durante toda su vida laboral, en la estrategia por defecto de los multifondos chilenos las personas son asignadas a distintos fondos durante su ciclo de vida”, especifica la presentación. De esta manera, dejarían de existir los multifondos que hay actualmente, dando paso a fondos generacionales.

Estado versus privados

Por otro lado, la presentación muestra en detalle cómo funcionará la futura administración de los fondos de pensiones. Ahí dice que el pilar contributivo será financiado con una cotización del 10,5% con cargo del trabajador, que es lo que se destinará a cuenta individual; y un 6% con cargo del empleador, que se destinará al fondo común.

El flujo futuro de esas cotizaciones irá directo a un ente público, que la presentación menciona que será el IPS. Ahí se especifica que este será el encargado de administrar, afiliar, hacer la recaudación de las cotizaciones, así como la cobranza, gestión de cuentas, pagar los beneficios y comercialización.

De esta manera, esas funciones que hoy hacen las AFP, se traspasarán al IPS. Eso sí, fuentes que estuvieron presentes en una de las reuniones donde el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, socializó la propuesta, explican que allí se mencionó que el IPS podrá licitar a privados esas funciones. En todo caso, la presentación no se refiere a ese punto.

Si bien actualmente la cotización que paga el trabajador es de un 10% de su sueldo, lo cierto es que la presentación incorpora un 0,5% adicional, dejándolo en 10,5%. Quienes estuvieron presentes en una de esas reuniones, explican que allí se argumentó que ello responde a que actualmente las AFP cobran una comisión sobre sueldo, que en promedio es de un 1,2%, pero el ente público no descontará una comisión sobre el salario de las personas, sino que sobre el saldo administrado.

De esta manera, si bien la cotización sube a 10,5%, no se vería disminuido el sueldo líquido de los afiliados respecto de lo que se les descuenta hoy, y por el contrario, dependiendo de la administradora en que se encuentre cada afiliado, podrían ver aumentado en algo su sueldo líquido.

La presentación detalla que, por defecto, la gestión de las inversiones tanto del 10,5% como del 6%, irán a un gestor público de inversiones. Y, de manera opcional, las personas podrán decidir que la gestión de sus inversiones del 10,5% de cotización sea hecha por un gestor privado.

En ambos casos, es decir, tanto el gestor público como el privado, invertirán los fondos en el mercado de capitales, mediante inversiones directas e indirectas, según detalla el esquema que grafica la presentación.

A juicio del gobierno, este diseño potencia la libertad de elección, porque argumenta que abre una alternativa pública en la gestión del 10,5%, que hoy no existe.

Sobre el stock de cotizaciones que hoy está en las AFP, la presentación no es del todo clara para ser interpretada a primera vista. Fuentes consultadas señalan que lo que ocurrirá, es que habrá una transición donde las AFP tendrán que dejar de funcionar como lo han hecho hasta ahora, para transformarse en gestores privados de fondos. Eso implica la separación de la industria, ya que si bien podrán seguir gestionando las inversiones de esos recursos, no harán el trabajo de administración de cuentas y demás actividades de soporte, lo cual queda en manos del IPS.

En todo caso, la presentación muestra que, a diferencia del flujo de cotizaciones futuras; lo que ocurrirá con el stock es que por defecto esos recursos se destinarán a gestores privados de inversiones, es decir, cada AFP, si desea transformarse en un gestor privado según las reglas del nuevo sistema, por defecto seguirá haciendo las inversiones de los fondos que administran actualmente, siempre y cuando el afiliado no decida cambiar sus recursos a otro gestor privado de inversiones, o al gestor público de inversiones.

Acá, nuevamente se señala que en ambos casos, tanto el gestor público como el privado, invertirán los fondos en el mercado de capitales, mediante inversiones directas e indirectas.

Fondo común

Sobre el pilar de ahorro colectivo que se creará con el 6% de cotización adicional que propone la reforma, la presentación muestra una tabla con cifras que revelan que todas las personas van a recibir algo de ese dinero, lo cual se anotará en las cuentas personales de los afiliados. Ahí, algunos se van a beneficiar más que otros. A los segmentos bajos y medios se les va a registrar más del 6% que cotizó, pero para quienes tienen sueldos más altos, se les va a registrar una cantidad menor.

Por ejemplo, según una simulación que muestra la presentación sobre la operatoria que tendrá el mecanismo redistributivo del fondo común, para una persona con un salario bruto de $2,5 millones, se le registra un 5,2%, en vez del 6% que aportó. Pero a la inversa, para un afiliado que tiene un salario bruto de $500 mil, se le anota un 7,9%. En el medio está el salario bruto de $1 millón, a quien se le registra un 6,2%.

Con todo, los mecanismos redistributivos operan de distintas maneras. Primero, la presentación dice que el pilar de ahorro colectivo permitirá “mejoras inmediatas a los actuales jubilados mediante reparto intergeneracional transitorio, acotado a los afiliados al sistema al momento de entrar en vigencia la reforma”.

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Pensionados

Como beneficio del seguro social, la presentación señala que en el reparto intergeneracional habrá una garantía por años cotizados “para los actuales jubilados y para los futuros que estén afiliados al sistema al momento de aprobarse la reforma”. Y puntualiza que esto “es transitorio”.

En paralelo, también se especifica que el pilar de ahorro colectivo “permite efectuar compensaciones desde hombres a mujeres por tablas, maternidad, tareas del cuidado”. Esto no será transitorio.

En esa línea, el documento detalla que la compensación por tablas de mortalidad que habrá para las mujeres será de 10%, tanto para las actuales como para las futuras jubiladas. “Se asume que la mujer vivirá lo mismo que el hombre”, indica.

Sobre las tareas de cuidado, dice que se otorgan cotizaciones para cuidados de dependencia, para personas que estén en el registro de cuidadores del Ministerio de Salud, con un tope de dos años. En tanto, sobre maternidad, el documento revela que se anotarán 18 cotizaciones por 6%, que se agregan al bono por hijo del 10%.

Asimismo, la presentación dice que se permitirá hacer compensaciones por lagunas previsionales. Y explica que uno de los beneficios del seguro social, es que “cada vez que se usa el seguro de cesantía, individual o colectivo, paga las cotizaciones del 10% y el 6%”.

Por otra parte, el documento también indica que se “incorpora un factor redistributivo que permite mejorar el GINI de las pensiones y la cantidad de personas con posibilidad de superar el salario mínimo”.

Desde el gobierno creen que, más que un impuesto al trabajo (que es el argumento que han usado desde la oposición al momento de referirse al 6% que se destinará al fondo común), acá lo que habría es un subsidio al trabajo. Es más, la presentación afirma: ”Subsidio al trabajo para segmentos bajos y medios apoya a la formalización de este grupo de trabajadores, que sienten mayor nivel de sustitución entre el sector formal e informal, versus los trabajadores de remuneraciones más altas, que tienen menores posibilidades de ´escapar´ del impuesto”.

Todo esto es complementario a la Pensión Garantizada Universal (PGU) que el gobierno propone subir a $250 mil. Porque mientras la PGU apunta a “eliminar la pobreza”, según dice la presentación, el pilar contributivo apunta a “dar continuidad en los ingresos en la vejez”.

Sostenibilidad del fondo común

La presentación destaca que este fondo común que se creará con la cotización del 6%, incorpora una regla de sostenibilidad “sacada de las mejores prácticas de Canadá y Suecia”.

¿Cómo funcionará la regla de sostenibilidad? “La tasa de interés nocional se calculará en base a masa salarial, factores demográficos, rentabilidad financiera, todo ello con miras a garantizar sostenibilidad de largo plazo en el fondo”, asegura el documento.

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Añade que “si los ajustes de tasa de interés nocional fueran insuficientes, el gestor público (con acuerdo de la Superintendencia de Pensiones) propondrá al Presidente ajustes paramétricos, el que deberá proponer una reforma legal al Parlamento para llevarlos a cabo. Si ello no ocurre en cuatro meses, el gestor público reducirá las garantías”.

En palabras simples, esto significa que se irán haciendo análisis de largo plazo para ver si los recursos que ingresan al fondo común alcanzan o no para pagar los beneficios prometidos. Si al hacer ese análisis se observa que los pasivos crecen más que los activos, se volvería necesario hacer ajustes paramétricos para no bajar los beneficios.

Estos “ajustes paramétricos” pueden ser, por ejemplo, aumentar la tasa de cotización o subir la edad de jubilación. Eso sí, esto tendría que ser propuesto por el Presidente de la República mediante un proyecto de ley ingresado al Congreso. Y si eso no se concreta en cuatro meses, se tendrían que bajar los beneficios prometidos.

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