El teléfono del subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Miguel Crispi, sonó varias veces después de que el miércoles en la noche el gobierno diera a conocer una nómina parcial de los secretarios regionales ministeriales. La tónica eran los reclamos de algunos jefes de partidos -principalmente de Socialismo Democrático- que siguen disconformes con los nombramientos.

A 20 días de la instalación del gobierno, los dirigentes de las colectividades oficialistas cuestionan que las nominaciones se estén haciendo “a cuentagotas”, pues hasta ahora están definidas solo 186 de las 307 autoridades regionales.

Los partidos también le cuestionaron a Crispi algunos de los nombres elegidos. Los dirigentes de las colectividades que hasta ahora se sienten menos favorecidas en ciertas regiones le plantearon al subsecretario -que este jueves estaba en Valdivia en la celebración del Día de las Regiones- que en algunas zonas no fueron consideradas las prioridades locales que tenía cada partido, y que operaron criterios electorales para favorecer a figuras “independientes” que son cercanas a los partidos del Frente Amplio.

Dirigentes de la mesa del Partido Socialista lamentaban que el gobierno, además, no hubiera recogido algunas advertencias particulares que hicieron previamente, como el caso del exadministrador de la Municipalidad de Lota, Hedson Díaz (PS), quien fue designado como seremi de Desarrollo Regional en la Región del Biobío, pese a que tiene una investigación en curso de la fiscalía.

Frente a la incomodidad de los partidos, Crispi ha llamado a la calma, asegurando que el gobierno está en proceso de ajustar el puzzle final de autoridades regionales.

Terminando la tercera semana de instalación del gobierno, la presión de las colectividades de gobierno sobre Crispi ya se había acrecentado. Así, el 31 de marzo se configuró como el “plazo fatal” para que la nueva administración defina a sus gabinetes regionales. Incluso, desde la oposición recordaban que en gobiernos pasados, a esta altura del mes los gabinetes regionales ya estaban definidos.

Incluso antes de darse a conocer los nombres, en el bloque del Socialismo Democrático (PS-PPD-PR-PL) transmitían que el gobierno se “enredó” al haber permitido que las mesas regionales de los partidos negociaran las designaciones.

Luego, y cuando el proceso regresó al nivel central, las designaciones se entramparon porque los partidos exigieron compensaciones por la designación de delegados presidenciales. A eso se sumó el ‘poder de veto’ que han ejercido varios ministros, la aspiración de cargos de los movimientos que tienen menor representación en la coalición (como Unir y Acción Humanista) y la autoexigencia del gobierno de cumplir con el criterio de paridad de género.

En ese sentido, el presidente del Partido Liberal, Patricio Morales, plantea que “la distribución de cargos no son espacios que ayuden a construir las confianzas. Esperamos que luego de superada esta etapa, sí se empiece a construir”.

La molestia por la forma en que el gobierno está designando los gabinetes regionales también incomoda a los partidos de Apruebo Dignidad (RD-Comunes-CS-FRVS-PC) que transmiten que es difícil hacer un balance de cómo quedaron representados mientras no exista un panorama final. “Hemos requerido más información”, admiten desde Convergencia Social.

En tanto, la vicepresidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, afirma que “seguimos esperando que se cumpla el compromiso del gobierno de que todos los partidos tengan representación en todas las regiones del país”.

Desde el gobierno explican que la fórmula de anunciar los nombres a través de las delegaciones regionales fue parte de un diseño que buscaba dar una señal de descentralización.

Pero el método generó confusión en las colectividades que apoyan al gobierno, porque, al no haber un solo canal oficial, los dirigentes se han visto en la necesidad de chequear en La Moneda, particularmente en la Subdere, para saber si los comunicados que circulan en redes sociales y WhatsApp son verídicos.

Por el lado del PPD, la timonel Natalia Piergentili admite que el proceso ha sido complejo, pues esta vez, y a diferencia de otras administraciones, en las designaciones no ha pesado el volumen electoral de los partidos.

“Hay un mandato del Presidente Boric sobre que no hay partidos de primera o de segunda categoría, entonces la forma de las designaciones es distinta a como se hacían en otros momentos, donde era a partir de los pesos relativos electorales de los partidos. (En el PPD) podrían haber sido más seremis, porque presentamos un buen elenco”, replica.

Aunque la comunicación no es el único punto que ha desatado la inquietud de los partidos. De las regiones que se han conocido hasta ahora, ha llamado la atención que en lugares como Coquimbo, el movimiento Unir tenga dos seremis en carteras estratégicas (Bienes Nacionales y Medio Ambiente), pese a que no cuenta con representación en cargos de elección popular en la región.

“Nadie tiene una visión completa de cómo quedaron sus partidos hasta la nómina final. El anuncio ha sido escondido, ‘entre gallos y medianoche’. Y el reclamo principal en nuestras bases regionales que tenemos es que a movimientos chicos se les entregó seremías incluso en regiones con ninguna representación formal”, advierte un alto dirigente socialista.