Con las elecciones cada vez más cerca, las propuestas programáticas de los distintos candidatos comienzan a tomar forma. En este escenario, contar con información social actualizada y transparente resulta indispensable para evaluar si dichas propuestas son realmente adecuadas a la realidad del país. Sin embargo, una de las fuentes más relevantes para el diagnóstico socioeconómico de Chile, la Encuesta Casen 2024, permanece sin publicarse.

El gobierno decidió postergar la entrega de los resultados de la encuesta hasta enero de 2026 -un año después de su levantamiento-, decisión que no fue consultada con el panel de expertos que asesora su aplicación desde hace más de una década. La extensión se justificaría en la necesidad de que el Ministerio de Desarrollo Social cuente con más tiempo para analizar las recomendaciones de la Comisión para la Medición de la Pobreza e incorporar ajustes a la metodología.

Pero la Casen no es solo una medición de pobreza: es el principal instrumento para caracterizar la realidad de los hogares chilenos en ámbitos como educación, salud, empleo, ingresos, vivienda y acceso a servicios. Aunque existen registros administrativos y encuestas complementarias, para ciertos grupos prioritarios —como migrantes o pueblos indígenas—, así como para analizar brechas territoriales, sus datos resultan insustituibles. Además, cuestiones centrales de la agenda social, como el déficit habitacional, la distribución del ingreso, la focalización del gasto público y la evaluación de la política social, dependen de esta encuesta para contar con diagnósticos y estimaciones oficiales.

La oportunidad de la información es tan importante como su calidad. Retrasar la publicación significa que los datos estarán desfasados un año respecto de la realidad que buscan describir. En ese tiempo, las condiciones sociales pueden cambiar de manera significativa y el enorme esfuerzo técnico y financiero invertido en la encuesta pierde valor. La inquietud aumenta si se considera que, bajo la nueva metodología, es muy probable que la cifra oficial de pobreza muestre un alza relevante. En ese escenario, la urgencia de contar con datos actualizados se vuelve evidente: no se puede combatir eficazmente un problema que se decide mirar más tarde.

Chile ha construido una institucionalidad estadística reconocida por su rigor y compromiso con la transparencia, de la cual la Casen es un pilar fundamental. Postergar íntegramente sus resultados no puede justificarse apelando a lo ocurrido hace una década, menos aún en un contexto marcado por elecciones presidenciales y parlamentarias. La necesidad de diagnósticos actualizados para formular propuestas responsables resulta fundamental, especialmente cuando diversas candidaturas están proponiendo una serie de iniciativas que suponen un importante esfuerzo fiscal. Sin datos confiables, el debate público se empobrece y las decisiones se toman a ciegas; retrasar los datos equivale a retrasar también la toma de decisiones responsables.