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El 3 de septiembre, la zona de dunas de Chépica-Gota de Leche, en El Tabo, fue declarada Santuario de la Naturaleza por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una decisión que no consideró la participación ni opinión de los dueños de esas tierras. Uno de ellos llegó hasta la Suprema para exigir que se retrotraiga la declaratoria, mientras otro pidió un pronunciamiento a Contraloría. La zona tiene alto interés inmobiliario y minero.

La catástrofe de los edificios Kandinsky en Concón puso en evidencia la urbanización “extrema” en la costa y la falta de una Ley de Costas que se encuentra estancada en el Parlamento.

Antes de que el sector fuese poblado, la duna original de Concón y Viña del Mar, de 1.662 hectáreas, limitaba al norte con el río Aconcagua y al sur con el estero Reñaca. La compra de terrenos, en 1980, dio paso a la masiva construcción de edificios, que tuvo su boom en la década del 2010 y que según diversos estudios, ha disminuido su superficie (31 hectáreas en 12 años), altura (12 metros en 26 años) y volumen (un millón de toneladas en 9 años). Movimientos ambientalistas buscan detener la construcción de nuevos edificios y aumentar el área del santuario. En ambas comunas hay proyectos aprobados aún por construir.

La delegación presidencial regional de Valparaíso y Carabineros implementaron varias disposiciones para dar seguridad a los propietarios de los departamentos, varios de los cuales se vieron afectados por robos durante la última semana.

Particularmente en el edificio Miramar Reñaca, uno de los tres desalojados por los deslizamientos de tierra en Viña del Mar, las ofertas han sido por mitad de precio, e incluso menores. Eso sí, la mayoría de los propietarios se ha negado y, pese a la evacuación y a los robos registrados, no se arrepienten de haber comprado ahí.

Pese al perímetro de seguridad dispuesto por el Ministerio del Interior, los edificios Kandinsky y Miramar fueron vulnerados. Frente a estos hechos, la delegada presidencial regional solicitó al general de la V Zona de Carabineros el inicio de una investigación interna que permita establecer eventuales fallas en el servicio. Los afectados apuntan a las autoridades.

Al cambio de hogar forzoso que han debido experimentar, al menos una decena de los residentes del Miramar Reñaca sufrieron durante estos últimos días el hurto de algunos de los enseres que se mantienen en sus hogares y que, paradójicamente, no pueden retirar sin permisos y una declaración jurada. "Tenemos temor de que nos vuelvan a robar o, Dios no quiera, se tomen estos departamentos”, dicen.

Según señaló la Policía de Investigaciones, fueron 10 los departamentos afectados. Residentes señalaron que los delincuentes se llevaron electrodomésticos y televisores, además de ropa.

Algunos de los residentes de los edificios evacuados aseguran que no firmarán la declaración jurada exigida para ingresar y retirar enseres, pues ella exime de responsabilidad al Estado en caso de producirse algún accidente.

La acción, rechazada por la Corte de Apelaciones, buscaba que los residentes evacuados pudieran retornar a sus hogares hasta conocer los informes técnicos que respalden el desalojo. “No se advierte la existencia de un acto ilegal”, reza el fallo, aunque la teleserie continuará, toda vez que algunos propietarios, representados por dos abogadas, presentaron un recurso de reposición.

En su denuncia, la fundación afirma, que dada la pendiente de los terrenos, los edificios evacuados por los socavones tuvieron que ser del tipo escalonado. En este sentido, solicita al contralor que "inicie sumarios administrativos en contra de todos los funcionarios municipales que han intervenido en las aprobaciones de los respectivos permisos".

Una es contra la Dirección de Obras Municipales, por aprobar la construcción de edificios en las dunas. Otra, contra la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas y el Serviu, por su inacción ante el desplazamiento de una calle aledaña. La última es contra el MOP, por parte de una inmobiliaria. La empresa acusa que el primer derrumbe afecta su terreno.

Tras los bullados casos causados por socavones en el campo dunar de Reñaca Norte, se reveló otro caso similar en Cachagua. En este mismo sector una investigación de 2001 ya revelaba la fragilidad de estos ecosistemas y explicaba por qué no se debían intervenir y menos construir edificios habitacionales.