Pasadas las 14.00 horas de este lunes, el pleno de la Corte Suprema inició la revisión del recurso de apelación que la defensa de Joaquín Lavín León presentó en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió el desafuero del diputado.

Los ministros del máximo tribunal escucharon los alegatos de las partes antes de entregar su resolución. Tras esto, luego de más de cuatro horas de sesión, la Corte Suprema ratificó la petición del Ministerio Público.

Por la unanimidad del pleno, la Suprema visó lo que tenía que ver con el delito de fraude al Fisco y tráfico de influencias, pero rechazó -en votación dividida- la imputación por presunto delito tributario.

Los alegatos

El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que “existen antecedentes graves y serios” que apuntan a que el legislador habría incurrido en una defraudación de las arcas fiscales por $ 104 millones, aparentando gastos operacionales en la rendición de asignaciones parlamentarias.

Por su parte, el abogado Cristóbal Bonacic, defensor del diputado, criticó la solicitud de desafuero acogida el 16 de octubre por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Bonacic pidió al pleno de la Suprema ponderar “cómo el Ministerio Público incurre en inconsistencias, omite diligencias de investigaciones claves, simplemente para justificar una necesidad de desafuero, para la imposición de medidas cautelares, sin que haya explicado lo más mínimo, cuál es la necesidad de urgencia de privar a un parlamentario de su fuero, sobre la base de una investigación inacabada”.

“Ahora corresponde la formalización”

Posterior a la audiencia -que concluyó pasadas las 18.00 horas-, el fiscal Campos manifestó estar satisfecho con el fallo del máximo tribunal del país, enfatizando que los delitos por los cuales el Ministerio Público recurrió fueron “confirmados en unanimidad”.

Asimismo, explicó que la resolución habilita a la Fiscalía para continuar el procedimiento penal, indicando que el siguiente paso será solicitar la audiencia de formalización.

En tanto, el abogado Bonacic calificó la resolución como favorable debido a la exclusión por parte de la Suprema del delito tributario, “acción presentada por el SII a último minuto”, indicó.

“La solicitud de desafuero no implica aceptar responsabilidad ni es suficiente para la imposición de medidas cautelares. Solo establece si existen antecedentes mínimos que justifiquen una investigación”, subrayó.

Cabe recordar que el 27 de junio de 2025, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó despojar al legislador de su inmunidad para perseguirlo penalmente por su presunta responsabilidad en cuatro ilícitos: fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y delito tributario.

El exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) es objeto de una investigación que lo vincula con la emisión de facturas falsas y posibles gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú.

El Servicio de Impuesto Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú son querellantes.

Luego de tres postergaciones, el 16 de octubre del año pasado se desarrollaron los alegatos en la Corte de Santiago y el tribunal de alzada acogió el desafuero.

Al ser despojado de su inmunidad, el Ministerio Público está en condiciones de formalizar y solicitar eventualmente medidas cautelares personales respecto al legislador imputado.

El diputado está casado con la otrora popular figura de televisión Cathy Barriga, exconsejera regional y exalcaldesa de Maipú.

Por hechos que habrían ocurrido cuando fue jefa comunal, Barriga también está involucrada en un caso penal de alta complejidad y arriesga más de 20 años de cárcel, ya que está acusada de delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y uso de instrumento público falsificado, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Desde 2014, Joaquín Lavín León es diputado por el distrito que incluye la comuna en que su esposa fue alcaldesa.

Cuando se notifique la sentencia y el desafuero quede firme y ejecutoriado, el legislador quedaría inhabilitado para votar y participar en sesiones de sala y de comisiones en la Cámara de Diputados en los últimos días del actual periodo legislativo. Al completar su tercer periodo en el cargo, el 11 de marzo, abandonará el Congreso.