El abogado de Ethan Guo, Jaime Barrientos, se reunió con el piloto el sábado en Punta Arenas luego de que pasará 65 días en la Antártica, donde realizó un aterrizaje inesperado con su avioneta.

Tras su vuelta al continente, el joven de 19 años presentó sus descargos a La Tercera y junto con ello, su defensor entregó detalles sobre el proceso judicial que terminó con un acuerdo: la donación de 30 mil dólares a la Fundación Nuestros Hijos, lo que se concretará este martes en la sede que la institución tiene en Pedro Aguirre Cerda.

Barrientos ha sido claro: los delitos que le imputaron a Guo del Código Aeronáutico -uno en razón de entregar datos falsos y el otro por ingresar a un aeródromo sin autorización legítima- no se configuran.

Así lo argumentó en el documento presentado al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde, además, presentó un pantallazo de una comunicación vía WhatsApp entre el jefe del subdepartamento de Servicios de Aeródromos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Jan Carlos Oneto, y su representado, donde el estadounidense consulta si puede aterrizar en el aeródromo Teniente Marsh, ubicado en la Antártica, lo cual fue respondido afirmativamente por el funcionario de la DGAC.

Después de todo el proceso, el defensor indicó que “invita a reflexionar sobre el alcance del principio de presunción de inocencia, el principio de objetividad en la investigación y el principio de inmunidad del piloto. En nuestra opinión, todos ellos fueron vulnerados en el caso de Ethan Guo”.

En ese marco, explicó que si un piloto solicita autorización para modificar su plan de vuelo y esta solicitud es aprobada por varios medios “no está cometiendo falta alguna. ¿No habría sido más razonable esperar la conclusión del proceso de investigación aún en trámite por DGAC antes de proceder con una imputación penal?“, apuntó.

“Si se determina que mi representado cometió un error, sería inevitable concluir que quienes aprobaron la modificación del plan de vuelo también erraron. No buscamos perseguir la responsabilidad de ningún funcionario de la DGAC, ya que entendemos que actuaron de buena fe, igual que nuestro representado”, aseguró.

“Sin embargo, si DGAC, al denunciar ante el Ministerio Público, hubiese puesto a disposición del fiscal todos los antecedentes y no solo una parte de ellos, como lamentablemente ocurrió, estamos seguros nuestro cliente no habría sido detenido ni habría enfrentado el proceso al que fue sometido”, añadió el defensor.

Asimismo, el abogado acusó que “someter a Ethan Guo a control de detención, sin permitirle presentar evidencia exculpatoria, haberle asignado un defensor público altamente calificado, pero que no dominaba el idioma de su representado, constituyen graves errores ajenos a un Estado de Derecho sólido como el nuestro”.

Salida alternativa

Tras los antecedentes entregados por Fiscalía y por la defensa, el juez Franco Reyes aprobó la salida alternativa bajo las condiciones de donar la suma de 30.000 dólares (29.102.700 pesos chilenos) a Fundación Nuestros Hijos, en un plazo no mayor a 30 días y, además, la prohibición de ingreso de Ethan Guo a territorio nacional por el término de tres años.

Junto con ello, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, indicó que la avioneta de Guo no está incautada, por lo que deberá hacer un pago a la FACH por el servicio de guarda del avión.

“Un incumplimiento de cualquiera de las condiciones, la causa se reabre y se sigue la investigación hasta poder llegar a la etapa de juicio oral”, afirmó el persecutor.

Versión de la DGAC

Fue la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la que presentó los antecedentes al ente persecutor apuntando que “puso en riesgo la seguridad del tráfico aéreo que llevó a la autoridad a declarar a la aeronave como extraviada. Con su actuar, Ethan Guo infringió la norma aeronáutica ‘DAN 01′ de la DGAC“.

Fue formalizado el domingo 9 de julio, quedando la medida cautelar de arraigo nacional. Se le imputaron dos delitos del Código Aeronáutico, uno en razón de entregar datos falsos y el otro por ingresar a un aeródromo sin autorización legítima, proceso que se dio por terminado mediante la salida alternativa.