La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley que busca dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior (FES) y un plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas.

Ante esto el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró el avance del proyecto a la Sala de la Cámara. “Sé que tenemos diferencias y esas diferencias se manifiestan legítimamente en el espacio, pero también sé que todos entendemos la necesidad de que el país avance a una forma de entender el financiamiento estudiantil en la educación superior de una forma mucho más racional de lo que ha sido hasta ahora”, indicó.

“Sabemos que esta es una discusión larga, una carrera de fondo, no es una carrera corta y espero que Chile pueda contar con un instrumento mucho más adecuado hacia el futuro y reiterar nuestro compromiso con seguir construyendo los acuerdos necesarios para lo que viene”, añadió.

La instancia que dio por terminada la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda que se extendió por varias jornadas.

Aprobada la condonación

Respecto a la condonación del CAE, en la comisión se aprobaron como un paquete los textos relacionados con ello. En las disposiciones transitorias, en el artículo quinto se específica la creación, con carácter transitorio, del Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas. Eso sí, se aprobó una indicación que prohíbe que las grandes autoridades accedan a la condonación.

Cataldo destacó que "se aprobó tanto en la comisión de Educación como en la comisión de Hacienda terminar con el CAE, el artículo que le ponía fin al CAE, que elimina la presencia de los bancos en la Administración de Financiamiento a la Educación Superior".

“Todo eso queda atrás y además queda atrás un sistema que hasta ahora ha sido ineficiente, que ha permitido justamente, siendo ecuánime en el análisis, que muchos estudiantes ingresen a la Educación Superior, pero que también ha provocado muchos estudiantes sin la capacidad de poder solventar el endeudamiento”, indicó el secretario de Estado.

A pesar de esto, en la oposición, en específico la UDI, han cuestionado que el proyecto no contemple la condonación en “los términos prometidos” durante la campaña presidencial de Gabriel Boric.

Gratuidad

Uno de los debates más álgidos que se dieron en torno al proyecto y sus indicaciones, fue el la votación del artículo 35 numeral 4, el cual fue finalmente rechazado por 5 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

En esta el Ejecutivo modificaba los parámetros para que las instituciones de educación superior otorgaran gratuidad a los estudiantes del decil 7. En particular, se eleva el umbral de ingresos fiscales —que actúa como gatillo para activar el siguiente decil de la gratuidad buscando la universalidad— y se condiciona al PIB Tendencial No Minero, en lugar del PIB tendencial general.

Al respecto, el diputado Ricardo Cifuentes (DC), argumentó que votó en contra, ya que si bien siempre ha creído que el proyecto se puede perfeccionar, indicó, sin embargo “al dejar una posibilidad de que esto se apruebe, estamos retrocediendo en la política pública”.

“A mí me parece que aquí hay una falta total de visión de medianos de largo plazo del país. Estamos generando como tres o cuatro políticas públicas distintas en una misma ley para un mismo sector”, añadió.

Con esto, acusó, se están además creando sistemas “que no conversan entre ellos y eso nos va a generar además de un problema de sostenibilidad en el propio instrumento FES, como también en lo complejo que va a ser para las universidades administrar a los estudiantes en toda esta maraña de instrumentos y de políticas”.

Asimismo, el diputado Felipe Donoso (UDI) expresó que “cuesta entender la lógica”, ya que “este gobierno prometió terminar con el CAE. Claramente, lo único que hace es terminar con el artículo que decía que se iba a terminar el CAE. Prometió mayor gratuidad, y estamos reduciendo las posibilidades de alcanzar la gratuidad”.

En contraste, la diputada Camila Rojas (FA), quien votó a favor, argumentó que si bien es muy legítimo que hay quienes consideren que lo ideal sería que para todos existiese gratuidad, o que para todos los que faltan existiera el FES, “lo que se está ofreciendo es un modelo específico que le da coherencia al sistema de financiamiento de educación superior”.

“Creo que finalmente lo que termina existiendo es una diferencia política sobre si uno quiere que avancemos o no en un sistema de financiamiento total del sistema de educación superior, y yo lo quiero y por lo mismo voy a aprobar sabiendo que en definitiva lo que aquí estamos haciendo es que haya compatibilidad y estos sistemas conversen entre sí, tengamos un sistema de financiamiento de educación superior que sea coherente, que no lo tenemos hoy”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Educación indicó que lo que hacían con esta indicación es hacerse cargo de “la forma en que hemos evaluado. Lo que hemos evaluado es correcto hacerse cargo. Y aquí uno puede estar o no de acuerdo con aquello, pero es lo que hemos estimado.

Es lo que hemos podido construir también de un problema que es real. Y que tiene que ver con los flujos de recursos que implica hoy día el financiamiento a la educación superior”.

Además, insistió en que volverán a proponer esto junto al Artículo 13, sobre el copago: “Tenemos la convicción de que el diseño respecto al financiamiento implica regular, quizás de una manera distinta como lo tenemos en el proyecto original, pero de todas maneras regular el copago, es algo que estábamos discutiendo con las instituciones de educación superior, nosotros lo dijimos anteriormente, por tanto nos parece que efectivamente es una necesidad insistir en aquello”.

Por otro lado, hoy en la regulación de las universidades del Estado se les autoriza poder declarar -o castigar- deudas o créditos llamados “incobrables”. Para poder hacer eso la ley pide contabilizarlo adecuadamente en los registros y además que se haya declarado la prescripción. Eso supone un proceso largo de juicios, que en la práctica no ocurren, con lo que para las instituciones se transforma en un activo tóxico.

Así, el gobierno incorporó en su proyecto original -buscando evitar el proceso de juicios-, solo se “hayan agotado prudencialmente” todos los procesos de cobro, apuntando a trámites no judiciales. Pero esa indicación fue rechazada este miércoles, aunque tras algunas conversaciones se llegó al acuerdo de eliminar la idea de “prudencial” y el artículo quedó en que “se agoten todos los medios de cobro”, lo que para algunos sigue dejando abierta la interpretación de que esto implica juicios. Desde ya algunas otras voces anuncian que esto será tema de polémica con las universidades estatales.