La Cámara de Diputados aprobó en general por 104 votos a favor, 33 en contra y 5 abstenciones el proyecto de ley que busca facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales. Con ello, el proyecto pasó a tercer trámite constitucional y regresará al Senado.

También fueron aprobados por 103 votos a favor, 36 en contra y 3 abstenciones los artículos que modificaban normas de rango constitucional.

Por otro lado, la diputada Daniela Serrano (PC) solicitó reserva de constitucionalidad respecto al artículo 5 del proyecto, ya que consideró que se aleja del sentido del proyecto al generar “un sistema de administración delegada entre municipios y SLEP”.

El proyecto, con informes de las comisiones de Educación y Hacienda detallados por Héctor Barría (DC) y Eduardo Durán (RN), respectivamente, tiene como principal objetivo los colegios particulares subvencionados.

La iniciativa busca regular el sistema de arriendos y comodatos para inmuebles escolares, además de ajustar las normas de subvención y de la ley de inclusión escolar.

También establece que el Ministerio de Educación debe publicar a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada año el estado actualizado y proyección de la demanda escolar por niveles y cursos.

Otro elemento es indicar aquellas zonas que presenten una proyección de demanda insatisfecha.

Respecto a la iniciativa, la ministra de Educación María Paz Arzola señaló durante el debate que el proyecto “constituye un valioso punto de partida para poder avanzar en un objetivo que compartimos como ministerio, que es facilitar que el sistema escolar pueda ofrecer mejores alternativas de calidad para las familias”.

En ese sentido, abordó las modificaciones de la Ley de Inclusión Escolar de 2015, de la que señaló que “introdujo barreras a la creación de nuevos cupos y establecimientos que han llevado a un estancamiento de la calidad educativa a la que pueden acceder las familias de nuestro país”.

“Las distintas modificaciones que contempla este proyecto de ley responden a un mismo objetivo que es fortalecer la capacidad de adaptación del sistema escolar para poder ampliar la oferta educativa, manteniendo plenamente los estándares y resguardos que exige nuestra legislación. Por esas razones, consideramos que este es un proyecto que constituye un paso importante para fortalecer la calidad y solicitamos a esta Cámara poder aprobar esta iniciativa”, llamó a la Cámara Arzola.

Necesidad de cumplir con la demanda educativa y críticas por problemas de financiamiento

Los parlamentarios que entregaron su apoyo a la iniciativa se centraron en las opciones de expansión de la oferta educativa que permite esta nueva normativa, además de los cambios que ocasiona en la Ley de Inclusión Escolar del 2015.

La diputada Chiara Barchiesi (Rep) explicó que “este proyecto de ley permitirá que aquellos establecimientos educacionales que cumplan con los requisitos y estándares de calidad correspondientes puedan ampliar su oferta educativa, como así también permitir que se creen nuevos establecimientos educativos que darán satisfacción a la enorme demanda de muchas familias que hoy no tienen alternativas que satisfagan sus aspiraciones y expectativas".

Por su parte, Germán Verdugo (PNL) considera que la iniciativa responde “a una realidad urgente” al observarse una disminución en la creación de establecimientos particulares subvencionados.

“La educación de nuestros niños no puede quedar atrapada en una burocracia que impide la expansión de la excelencia. Por la libertad de enseñanza y el futuro de nuestra educación solicito a esta honorable Cámara su voto favorable a esta iniciativa”, señaló.

Mientras tanto, Hotuiti Teao (Ind. UDI) dio su voto a favor al considerar que elimina el concepto de “demanda insatisfecha” del 2015.

“Basta con que el establecimiento cumpla con los exigentes estándares de reconocimiento oficial, que ya consideran resultados educativos, procesos, infraestructura y equipamiento. La segunda razón también es porque permite a los sostenedores arrendar los inmuebles donde funcionan sus colegios, en lugar de exigirles ser dueños. Hoy el arriendo es transitorio. En este proyecto pasa a ser permanente, con un canon máximo del 11% del avalúo fiscal. Esto va a facilitar, ¿no cierto?, la apertura de nuevos proyectos sin la barrera de tener que comprar un terreno", explicó.

En contraste, los votos en contra se focalizaron en el debilitamiento a la educación pública que ocasiona y también el potencial déficit económico que genera al Estado.

La diputada Ana María Gazmuri (AH) considera que el proyecto genera “una nueva flexibilización de las reglas que durante años se construyeron para proteger la educación como un derecho y no como un negocio".

“Este proyecto facilita nuevas formas de arrendamiento y de administración que, en los hechos, vuelven a poner el foco en el negocio inmobiliario por sobre el proyecto educativo”, criticó.

De la bancada socialista, el legislador César Valenzuela (PS) considera que parte del proyecto “es un intento descarado de privatización de la educación pública , porque en los términos que está planteado el Estado podría transformarse en una mera caja pagadora de los privados que administren las escuelas y liceos en teoría públicos”.

Al respecto, señaló que “escuelas y liceos del Estado podrían terminar en manos de privados sin ninguna razón que lo justifique y por un tiempo absolutamente indeterminado. ¿Se puede llamar realmente educación pública cuando la función del Estado queda reducida en entregar un cheque a los privados para que administren las escuelas y liceos?“.

Por su parte, Emilia Schneider (FA) considera que existe “un problema de diagnóstico” respecto al problema de falta de matrículas, del que considera que las soluciones apunten “a mejorar los estándares de todos los establecimientos educacionales”.

“Este nuevo diseño de la demanda insatisfecha que propone este proyecto, lo que se hace es favorecer descaradamente al sector particular subvencionado, que ya representa alrededor de un 54% de la matrícula de nuestro país. Es decir, tenemos un sistema donde, sobre todo, se matriculan en estos establecimientos particulares financiados con la plata de todos los chilenos y chilenas, y se deja de lado completamente a la educación pública”, explicó.