La tarde de este lunes, la Cámara de Diputados aprobó con 88 votos a favor, 16 en contra y 14 abstenciones la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y que establece explícitamente la supresión de las asociaciones de funcionarios. Ahora, el proyecto deberá ser analizado por el Senado.

El trámite en la Cámara se hizo de manera exprés, ya que el mensaje ingresó el 5 de enero. Esto fue posible debido a que el proyecto cuenta con un apoyo político transversal. Incluso el asunto fue tratado entre el Presidente Gabriel Boric y el futuro mandatario, José Antonio Kast.

La aprobación del mensaje que traslada la institución penitenciaria desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública se dio pese a la campaña que desplegaron dirigentes de diferentes asociaciones de gendarmes, que han mostrado una fuerte resistencia a que la iniciativa avance.

Según han transmitido desde los gremios de gendarmes, esta reforma no resolvería los problemas de fondo que enfrenta la institución, ni el hacinamiento, ni los dilemas de inseguridad, ni los de corrupción.

“Los gremios no somos el problema. Aquí hay un problema estructural del mando”, comentó a inicios de enero a este medio el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), José Carrasco. Otros dirigentes, en privado, han manifestado que disolver los gremios no es garantía de nada y que los efectivos quedarán en absoluta indefensión. Para las voces más críticas, se plantea desde el mundo sindical de Gendarmería, se debe apuntar a que la línea de mando sea más efectiva.

Pese a que la Cámara visó el proyecto, hubo reparos en las disposiciones transitorias. De esta manera hubo algunas normas de ese acápite que fueron rechazadas.

Los ejes de la reforma

La modificación más importante que incorpora la reforma, según se precisa en el mensaje del Ejecutivo, corresponde a la que se realizaría al artículo 101, para integrar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las que dependen del Ministerio de Seguridad Pública.

Asimismo, considerando que las labores de reinserción que hasta ahora desarrolla Gendarmería pasarán a manos de un nuevo servicio que seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia, la reforma también incorpora dos disposiciones transitorias.

La primera establece un plazo de doce meses contados desde la publicación de la reforma, para que el Presidente de la República envíe al Congreso un proyecto de ley para crear el servicio especializado en la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Asimismo, se indica que mientras no se dicte la ley que cree dicho servicio, y únicamente durante el período transitorio, Gendarmería continuará desarrollando esa función. En ese intertanto, el Ministerio de Justicia mantendrá la prerrogativa relativa a la formulación de políticas, planes y programas en materia de reinserción social que deberá seguir Gendarmería.

De igual forma, el mensaje hace referencia explícita al fin de las asociaciones de funcionarios. Se estipula que, considerando que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley N° 19.296 -que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, y que le está vedada la pertenencia a organizaciones sindicales-, los funcionarios de Gendarmería también estarán sujetos a ese estatuto.

Así, se establece que las asociaciones de funcionarios de Gendarmería “quedarán disueltas de pleno derecho, debiendo su liquidación efectuarse conforme a lo dispuesto en la ley bajo la cual se hubieren constituido”.

Según han destacado desde el gobierno, esta iniciativa va en línea con un conjunto de reformas legales impulsadas en los últimos años “orientadas a equiparar progresivamente el tratamiento normativo de Gendarmería de Chile al de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.