Las acciones del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) no se detienen. Tras años de investigación, ambos organismos han alcanzado convencimiento de que el parlamentario incurrió en fraude al Fisco de manera reiterada, por lo que han desplegado una serie de acciones para establecer su responsabilidad.

El pasado 25 de junio la Fiscalía presentó acusación en contra del congresista y requirió nuevamente su desafuero, y aunque recientemente el Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó la reapertura de la indagatoria, el CDE volvió a arremeter.

La entidad, vía el procurador fiscal Paulo Gómez, presentó acusación particular, pero adicionalmente activó una demanda civil de indemnización de perjuicios para así recuperar en favor del Estado los dineros que habría sustraído Calisto y los otros imputados en la causa.

Por una parte, se busca recuperar los $105.554.697 que el Congreso habría entregado de manera irregular a Carla Graf, supuesta asesora de Calisto que en realidad no habría realizado ninguna de las labores para la cual habría sido contratada.

“Entre los años 2018 a 2022, Miguel Calisto se concertó con Roland Cárcamo y Carla Graf, para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco de Chile, a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originándole una pérdida de, a lo menos, $105.554.697″, se lee en la acción del CDE.

Según se detalla, para lograr aquello los tres imputados “utilizaron el mecanismo de contratación de Graf como asesora parlamentaria del entonces diputado, quien realizó las gestiones necesarias ante la Cámara de Diputados para materializar su contratación, a sabiendas de que Carla Graf no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada”.

“En efecto, desde marzo de 2018 a febrero de 2022, y luego de la campaña para la elección parlamentaria, el demandado Roland Cárcamo continuó prestando labores de asesoría política para el referido diputado, mientras que la acusada Carla Graf fue contratada por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional para trabajar como asesora parlamentaria del referido diputado, recibiendo Carla Graf, durante ese periodo de parte del Fisco de Chile, la suma de, a lo menos, $105.554.697″, se complementa en la acusación, junto con destacar que, en realidad, la imputada no habría realizado ninguna labor.

Los contratos que se suscribieron, como se indica en el escrito, “constituyeron solamente un mecanismo fraudulento para obtener dinero de parte del Fisco de Chile, ya que la demandada nunca cumplió las funciones para las cuales fue contratada. Las sumas de dinero percibidas fraudulentamente por Graf fueron destinadas a beneficio personal, como asimismo a beneficio de otras personas, entre los que se encuentran Roland Cárcamo, Miguel Calisto y otras personas vinculadas al partido Demócrata Cristiano”.

Fondos del Gore

Por medio de la misma acción, el CDE también pretende recuperar dineros que provenían del Gobierno Regional (Gore) de Aysén y de los cuales se habría beneficiado Roland Cárcamo, su hermana Natalia Cárcamo y Carla Graf.

Concertados previamente, de acuerdo con lo expuesto en la demanda del CDE, los imputados accedieron a dineros del fondo nacional de desarrollo regional a través de tres supuestos proyectos que serían ejecutados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de la región de Aysén, donde Cárcamo era dirigente.

Los proyectos eran Formando monitoras por la igualdad de género, por un monto de $10.000.000; Conversatorios no más violencia, por un monto de $5.998.000; y Ambientes Laborales más seguros, por un monto de $10.000.000. Y si bien los dineros efectivamente se transfirieron, como el mismo Cárcamo reconoció, las labores nunca se ejecutaron.

“Sin embargo, toda la postulación, gestión y rendición de estos proyectos fue un ardid, ya que éstos nunca se ejecutaron; y todo el manejo y documentación reportado al Gobierno Regional, solamente tuvo por finalidad la obtención fraudulenta de dineros de parte del Fisco de Chile”, apunta la demanda. Asimismo, se precisa que se contactó a Sandra Loaiza y Fabiola Castillo para que emitieran falsas boletas.

De esta forma, el CDE apuesta por recuperar un total que asciende a más de $ 131 millones: $105.554.697 entregados por el Congreso y $ 25.970.000 por el Gore de Aysén.