El futuro ministro Fernando Rabat lleva semanas de trabajo preparando lo que será su desembarco en el Ministerio de Justicia y, junto con eso, tomando decisiones sobre el equipo que lo acompañará.

Hace ya varias semanas que Rabat había cerrado uno de los primeros nombres clave de su equipo. Se trata de la segunda a bordo, la abogada Paula Bagioli, quien se desempeñaba como la subdirectora del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica (UC) y ahora será la jefa de gabinete de la futura autoridad.

Sin embargo Rabat tomó otra definición estratégica para una de las divisiones más relevantes de la cartera que liderará a partir del 11 de marzo, una unidad que es conocida por el nivel de influencia que tiene en el mundo judicial.

Se trata de la División Judicial, el espacio de esta cartera cuya función principal es colaborar con el ministro en la conducción de las relaciones con la magistratura y asesorarlo en los nombramientos de jueces, notarios y conservadores.

Como jefe de esta división llegará Patricio Cuevas (Republicano). El abogado de 36 años lleva harto tiempo vinculado a las materias propias de esta unidad. Egresó de la Universidad Católica y se ha estado formando con su magíster y ahora su doctorado en la Universidad Roma 1-La Sapienza.

Si bien Rabat será un ministro que llevará por si mismo las relaciones con el Poder Judicial, Cuevas se sumará a apoyar esa función. Rabat es un abogado que conoce de cerca las cortes. En su carrera ha sido un activo litigante en diversas causas civiles y su nombre es más que conocido por los magistrados. De hecho cuando tuvo su reunión protocolar con la presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, el encuentro duró más de una hora.

La relevancia estratégica de esta división apunta a que asesorará a Rabat en todos los nombramientos judiciales. Para tener una dimensión, por ejemplo el exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI) reconoció que en su mandato alcanzó a designar a más de cuatro mil magistrados.

De hecho esta administración alcanzará a hacerse cargo de nueve nombramientos supremos, el 43% de la composición del máximo tribunal. Todo en medio de la misión que tendrá Rabat de despachar la reforma a los nombramientos judiciales que quedó en su segundo trámite en el Senado.

Otro de los asuntos relevantes que caerá en manos de Cuevas es lo que tiene que ver con los oficios notariales y registrales. Más aún cuando en el periodo del futuro gobierno entrará en vigencia la reforma que modificó el sistema.

Los pasos de Cuevas

Más allá de sus credenciales académicas, Cuevas también tiene una vasta experiencia política. Antes de llegar al Partido Republicano, el abogado militó varios años en la UDI, colectividad a la que llegó luego de su paso por el Movimiento Gremial de la UC.

Ese vinculación con la UDI lo llevó a que entre los años 2018 y 2021 se desempeñara como asesor legislativo de la senadora Luz Ebensperger (UDI). Al año siguiente y hasta 2023, trabajó como asesor de los 14 diputados del comité del Partido Republicano, siempre siguiendo de cerca el trámite legislativo de proyectos de ley, sobre todo los vinculados a la Comisión de Constitución. En ese mismo periodo se desempeñó como asesor en la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch).

En 2023, cuando el Partido Republicano logró arrasar con los escaños del Consejo Constitucional, Cuevas también aterrizó como asesor. En un primer momento, en la Comisión Experta, se desplegó como asesor del comisionado experto Carlos Frontaura, el único representante de los republicanos en ese órgano del segundo proceso constitucional. Luego de eso continuió como asesor de la bancada de consejeros republicanos.

Cuando ese proceso llegó a su fin, Cuevas se instaló como encargado de estudios del think thank Ideas Republicanas. Desde ahí ha estado a cargo del análisis sobre materias de modernización del Estado, presupuestos del sector público, mercado financiero y economía. Fue debido a eso que lideró la elaboración de propuestas para el programa de gobierno del presidente electo José Antonio Kast en materias de justicia y derechos humanos, transformación digital del Estado, minería, pesca y acuicultura, y, agricultura.