Cinco concejales se suman a acusación contra Jorge Sharp por notable abandono de deberes

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

El requerimiento fue presentado en noviembre de 2020 en el Tribunal Electoral Regional. Esta vez, se presentó como antecedente un informe de Contraloría, que concluyó que la municipalidad contrató a trabajadores a honorarios para actualizar el Plan de Desarrollo Comunal “en circunstancias que tales tareas constituyen labores propias de la gestión municipal”.




Este lunes, 5 concejales de Valparaíso se sumaron como terceros coadyuvantes a la acusación presentada en el Tribunal Electoral Regional (TER) contra el alcalde Jorge Sharp, por notable abandono de deberes.

El requerimiento fue presentado en noviembre de 2020 por los ediles Marcelo Barraza (DC), Ruth Cáceres (RN), Eugenio Trincado (DC), Luis Soto (UDI), Carlos Bannen (UDI) y Daniel Morales (Movimiento Valparaíso Primero). En la acusación, los concejales formularon 17 cargos en contra de Sharp, solicitando la destitución del jefe comunal. Entre ellos figuran un supuesto superávit en la contratación de funcionarios, irregularidades en contratos de arriendo, la omisión de deberes en la fiscalización del comercio ambulante, la contratación de Santiago Aguilar -organizador del festival Mil Tambores- como asesor, entre otras.

En esta oportunidad se sumaron los concejales Marina Huerta (DC), Pedro Solís y Jaime Bahamondes (ambos en cupos de la UDI), quienes llegaron a reemplazar en el concejo a Barraza, Soto y Bannen, quienes renunciaron por fines electorales. Además, cambiaron de parecer y se integraron a la acusación los ediles Iván Vuskovic (Ind. exPC) y Yuri Zúñiga (Ind. exPS).

Zúñiga explicó a La Tercera que, hasta noviembre de 2020, “yo seguía apoyando a Jorge Sharp. Yo cumplí y creí fielmente en el proyecto de la alcaldía ciudadana. En marzo fue el quiebre, cuando el director de Control Interno dio cuenta del tema de los $450 millones y del municipio paralelo, que justificaba pagar sueldos a través de un programa de patrimonio y fortalecimiento de espacios públicos. Ese programa no pasó por el concejo, y eso ya constituye una falta grave. Los alcaldes no pueden gastar más de $40 millones sin consulta al concejo”.

La auditoría a la que refiere Zúñiga fue presentada como antecedente de la acusación, así como un informe publicado por la Contraloría el 12 de abril, que concluyó que la municipalidad contrató a trabajadores a honorarios para actualizar el Plan de Desarrollo Comunal “en circunstancias que tales tareas constituyen labores propias de la gestión municipal (…) por lo que esa entidad edilicia deberá en lo sucesivo, adoptar las medidas pertinentes para que en la ejecución de sus funciones privativas se recurra a los servidores de planta o a contrata de que dispongan o se provean al efecto”.

En total, ocho de los diez concejales que conformaban el concejo original son parte del requerimiento presentado al TER. Quienes no se han sumado son el candidato a alcalde Claudio Reyes (Movimiento Valparaíso Primero) y la concejala y activista trans Zuliana Araya (PPD).

“Quizás a los concejales les gustaba el tiempo pasado, donde la corrupción y el desorden orquestado fueron más que hechos aislados como lo señaló la propia Contraloría” dijo al respecto Paulo Gómez, encargado de Comunicaciones del municipio.

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