Contralor impone sus reglas a Dorothy Pérez en su regreso

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Dorothy Pérez retornó a su rol de subcontralora, luego de que la Suprema ordenara su restitución.

Titular de la entidad, Jorge Bermúdez, descartó delegar funciones en la restituida subcontralora. La abogada retornó a su cargo tres meses después de que se intentara despedirla.




Dorothy Pérez está de regreso. Luego de 104 días desde su salida y una intensa disputa en la arena judicial con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, la abogada volvió hoy al edificio de Teatinos 56 para ocupar su cargo como subcontralora.

Bermúdez le solicitó la renuncia el 22 de agosto pasado, luego de que fuera citada a declarar como testigo ante el Ministerio Público, en la causa que indaga el fraude en Carabineros. Sin embargo, esta decisión nunca fue aceptada por Pérez, quien consideró que el contralor no tenía atribución legal para definir su destino.

Las diferencias fueron irreconciliables y ambos llevaron sus posiciones hasta los tribunales de Justicia. Por un lado, Bermúdez defendía su autoridad sobre todos los funcionarios de la institución. Pérez, en tanto, aseguraba que su salida solo podría ser forzada por el Presidente de la República. El viernes pasado, la Corte Suprema le dio la razón a la abogada: consideró ilegal su remoción y obligó a su restitución inmediata en el cargo. Y así ocurrió.

Pero la disputa con Bermúdez tendrá su costo. En la breve reunión que ambos mantuvieron hoy, a primera hora, el contralor le dejó claro que este paso por el organismo será muy distinto. Pese a que esta vez contará con la comodidad de una oficina con baño privado, esta se encuentra dos pisos más abajo de sus antiguas dependencias en el piso 9, junto a Bermúdez y su gabinete de confianza.

Pérez solo mantendrá aquellas funciones que la ley le otorga como jueza de cuentas. Esta vez no poseerá las atribuciones extraordinarias que solía tener: por ejemplo, la posibilidad de tomar razón a actos de la administración pública. Desde ahora, ello solo recaerá en el contralor.

"Ya no cuenta con la confianza de Bermúdez", dicen desde el entorno de la autoridad del ente fiscalizador.

Por norma, a Pérez le cabe una segunda atribución: subrogar al contralor en caso de vacaciones o descansos administrativos. No obstante, Bermúdez no pretende dejar la institución a cargo de una persona en quien no confía. En esta breve reunión le instruyó que sus ausencias serían coordinadas a las de ella, para así poder optar en otra persona como subrogante.

Este escenario será muy distinto al que Bermúdez había optado en el caso de María Soledad Frindt, quien asumió como subcontralora en septiembre pasado en reemplazo de Pérez. Ante el nuevo escenario, hoy, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el contralor retiró una serie de atribuciones extraordinarias asignadas a Frindt. Sin embargo, desde la institución descartan de plano que éstas sean entregadas a la retornada subcontralora.

Las "limitadas" funciones de Pérez se plasmarán también en el acceso al sistema interno de CGR. Este funciona con credenciales según el cargo, y la subcontralora solo podrá ingresar a información relacionada a los tribunales de cuentas. Lo mismo ocurre en su interacción con autoridades. Por orden de Bermúdez, sus reuniones serán acotadas a sus funciones, así como también su relación con los medios de comunicación. En el pasado, Pérez recibía a periodistas para explicar algunos asuntos de contingencia. Ello ahora está descartado.

Las prohibiciones de Bermúdez, quien por lo demás será su jefe directo, llegan a situaciones tan simples como la eliminación de su celular de apoyo o el cambio de chofer. Solo conservará a su secretaria.

De acuerdo a fuentes de Contraloría, además de encontrarse en pisos distintos, la interacción de Bermúdez con Pérez se limitará a lo estrictamente necesario.

El abogado de Pérez, Ciro Colombara, quien representó a la subcontralora, defendió su regreso, pese al nuevo escenario que le espera. "Ella no estaba obligada a aceptar la petición de renuncia, porque de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico el procedimiento es un juicio de amovilidad, en el cual debe indicársele cuál es el fundamento, y la persona tiene derecho a defenderse o exponer, dado que la subcontralora no ha incurrido en ninguna infracción legal ni ética", dijo el abogado.

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