Desde el pasado 22 de enero, Contraloría enfrenta una disputa judicial en la Corte de Apelaciones de Antofagasta -y varios otros recursos similares en otras jurisdicciones- por el oficio para acceder a datos sensibles de pacientes trans -adultos y menores de edad- que se atienden en el sistema público de salud.

En este recurso -ingresado por Bernabé Álvarez (38), un beneficiario de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y el Programa de Salud Trans (PST)- se solicitó una orden de no innovar para congelar la petición de Contraloría, la cual fue acogida por la corte.

Es en esa causa que el organismo que lidera la contralora Dorothy Pérez presentó un segundo informe entregando razones adicionales de por qué está solicitando acceso a los datos individualizados con nombre y rut de los beneficiarios de los programas trans.

El documento evacuado el pasado 19 de febrero al tribunal de alzada de Antofagasta revela que una de las razones por las cuales la Contraloría quiere auditar los dos programas de salud trans apunta a una solicitud realizada por la Cámara.

Esto se da en el marco de la comisión investigadora convocada en 2024 que tuvo como misión “reunir antecedentes sobre los actos del gobierno relacionados con los planes y programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincida con su nombre y sexo registral”.

La entidad explicó que los diputados de oposición que estuvieron en el voto de mayoría de esa comisión en una “audiencia formal solicitaron expresamente” que el PAIG y el PST fueran auditados. Esto en línea con una de las conclusiones de dicha comisión que señaló que era necesario “enviar los antecedentes a la Contraloría para que realice auditorías a todo el sistema público de salud, en especial a los hospitales y Servicios de Salud”.

Lo solicitado por la comisión investigadora a la Contraloría se fundamentó en las conclusiones aprobadas por siete de los trece diputados que en 2024 conformaron la instancia. Votaron a favor los parlamentarios Gustavo Benavente (UDI), Mauro González (RN), Johannes Kaiser (PNL), Francesca Muñoz (PSC), Diego Schalper (RN), Stephan Schubert (Ind-republicano) y Flor Weisse (UDI).

Por otro lado, las conclusiones fueron rechazadas por las diputadas Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Emilia Nuyado (PS), Catalina Pérez (FA), Emilia Schneider (FA), Viviana Delgada (Ind) y Héctor Ulloa (Indep-PPD).

A pesar de las críticas que enfrentó este informe desde organizaciones como Fundación Iguales o la Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD), el documento finalmente fue aprobado en mayo del año pasado por 56 votos a favor, 31 en contra y seis abstenciones.

Dada esa situación, el organismo que lidera la contralora Pérez explicitó en el informe que “esta entidad de control se encuentra ‘obligada a ejercer en forma preferente’ sus atribuciones en caso de denuncias o requerimientos de investigaciones solicitadas por la Cámara”.

Asimismo, agregó que la Contraloría ”ha intentado desde el mes de noviembre del año 2025 que se le entregue la información necesaria para efectuar la auditoría requerida por la Comisión Investigadora de la Cámara en relación a los programas indicados y, de esta forma, poder dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de fiscalizar y controlar tanto el cabal cumplimiento normativo como el uso de los recursos públicos por parte de las entidades de la Administración del Estado ejecutoras de estos programas”.

El hecho de iniciar esta fiscalización, por petición de una instancia investigadora, a juicio de la Contraloría “deja de manifiesto que la auditoría de que se trata está debidamente fundada en sólidas razones legales y técnicas y, por ende, en caso alguno puede calificarse de ilegal, arbitraria, o caprichosa, ni menos aún implicar una discriminación respecto de las personas incorporadas a los programas en análisis”.

Contraloría garantiza reserva

En el informe de la Contraloría, firmado por el contralor (s) Víctor Hugo Merino, se dan más razones para fundar el porqué la entidad quiere acceder, con ese nivel de detalle, a la información de los pacientes que se han atendido en los programas de salud.

Entre otras cosas, se detalla que “el requerimiento de información efectuado en el marco de dicha auditoría no difiere de solicitudes de la misma naturaleza, realizadas en numerosas fiscalizaciones previas, que incluyeron tanto datos personales, reservados o sensibles, como datos secretos, en todas las cuales se dio estricto cumplimiento al deber de resguardar la reserva o secreto de los datos requeridos y tratados por parte de este Organismo de Control”.

En este sentido, se agrega que el ente fiscalizador “ha realizado 362 auditorías e investigaciones especiales, en materias que dicen relación con niños, niñas o adolescentes o con prestaciones de salud, en todas las cuales la Contraloría ha requerido y la administración del Estado ha entregado datos de menores o de salud, que tienen mayores grados de protección normativa”. Además menciona que ambos programas, que manejan más de $13 mil millones, nunca han sido auditados y han tenido siete mil beneficiarios.

De esas casi 400 auditorías, la entidad consigna que “cabe señalar que en las citadas fiscalizaciones fueron utilizados datos sensibles, respecto de los cuales este órgano de control cumplió plenamente sus deberes, respetando, entre otros, los principios de probidad y de juridicidad. Así, los datos fueron manejados resguardando estrictamente su carácter de secretos -o reservados, en su caso-, con la máxima discreción y cuidado, tal como nuestro ordenamiento jurídico y la normativa nacional e internacional imponen”.

La Contraloría le explicitó a la corte que los datos sensibles que deben ser reservados son manejados de forma especial: “Esta entidad controla que el acceso del auditor sea excepcional, trazable en un sistema informático con accesos restringidos, orientado exclusivamente a verificar la legalidad de las actuaciones públicas, la cobertura y el uso de recursos públicos, sin implicar la publicidad o difusión de ningún tipo de antecedente que posea reserva o secreto”.

Y para ser aún más claro señaló que de todas esas auditorías “en ninguna de las fiscalizaciones previamente señaladas ha existido filtración o entrega o difusión indebida de datos sensibles, reservados o secretos”.