La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que las municipalidades pueden adquirir, “de forma excepcional y transitoria”, elementos de seguridad para alcaldes, concejales y funcionarios que hayan denunciado amenazas concretas a su seguridad personal y cuenten con medidas de protección ordenadas.

Esto, mediante el Dictamen N° D262/202, que se sustenta en las atribuciones municipales en el marco de seguridad pública comunal, así como en la obligación de los alcaldes y jefaturas de unidad de velar por condiciones de trabajo seguras que permitan una actuación eficiente de autoridades y funcionarios.

Asimismo, la medida también incluye a funcionarios municipales. “Así, cada entidad edilicia debe, adecuándose a su presupuesto, dotar de los medios necesarios para que estos lleven su función de forma oportuna, correcta y segura”, mencionaron en la Contraloría.

Junto con ello, el órgano fiscalizador recordó que las municipalidades cuentan con “facultades legales para adquirir elementos destinados a la protección personal cuando ello resulta necesario para el cumplimiento de sus funciones, particularmente en contextos de riesgo asociado al ejercicio de cargos públicos”.

Además, el dictamen considera el fortalecimiento de la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública, contemplado en la Ley N° 21.802, cuya entrada en vigor se producirá en agosto de 2026.

Según explicó la Contraloría, la entrega de protección debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos tener un carácter excepcional y temporal, limitado al período en que subsista el riesgo o la amenaza. Además, debe contar con un informe o evaluación técnica y fundada, emitida por los organismos policiales competentes y/o dispuesta por el Ministerio Público. Finalmente, tiene que estar supeditada a la disponibilidad presupuestaria de la respectiva municipalidad.

La CGR también aclara que, si bien los concejales no se rigen por el estatuto de los funcionarios municipales, ello no exime a los municipios de adoptar medidas que resguarden su integridad física cuando enfrentan riesgos derivados del ejercicio de su cargo.

Alcaldes amenazados

Fue en marzo que se dio cuenta de que el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), recibió amenazas de muerte a través de sus redes sociales tras la demolición de narco-casas en la comuna.

Un mes antes, en febrero, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), interpuso una denuncia por amenazas de muerte de un grupo de narcotraficantes que ofrecieron $100 millones por su cabeza.

También el jefe comunal de San Bernardo, Christopher White (PS), declaró públicamente tener cuatro amenazas de muerte vigentes.

El más reciente, es el caso de el de Karina Delfino, del Quinta Normal, a quien se le dejó el cadáver de una mujer dentro de una caja afuera de su vivienda.