“Hablamos prácticamente todos los días”, dicen desde las municipalidades de Santiago, Providencia y Ñuñoa para referirse a cómo ha sido la coordinación durante el último tiempo para combatir la violencia escolar. En ese afán han tenido un rol protagónico los alcaldes Mario Desbordes (Santiago), Jaime Bellolio (Providencia) y Sebastián Sichel (Ñuñoa).

Y es que durante el último tiempo los episodios han recrudecido. En los municipios tienen el diagnóstico de que las protestas estudiantiles renacerán durante este tiempo luego de haber asumido un gobierno de derecha, en este caso liderado por José Antonio Kast.

La violencia se acrecentó durante el último tiempo, pero también la idea de los alcaldes de que hay otras cosas detrás. En Ñuñoa, por ejemplo, hasta la semana hubo problemas en el Liceo Augusto D’Halmar, en medio de las cuales un estudiante denunció haber sido amenazado tras rechazar el “paro de lápices”. Ello llevó a suspender las clases y a que el alcalde Sichel interviniera y reforzara su llamado a no ceder sus colegios al SLEP.

Según conocedores de esa interna, quienes amenazaron militan en huestes juveniles de partidos políticos. La supuesta politización de estas acciones ya ha sido puesta sobre la mesa por los alcaldes Desbordes, Sichel y Bellolio. “De extrema izquierda” y “coordinadas”, era la teoría de los jefes comunales en 2025 ante este tipo de movilizaciones simultáneas en liceos.

Pero más allá de eso, el año ha estado marcado por episodios complejos. El primero y más grave fue en Calama el 27 de marzo cuando un alumno asesinó a una inspectora. Luego ha habido otros casos complejos, como el 30 de julio, cuando un estudiante fue asesinado por otro en San Bernardo.

En Santiago preocupa la situación y un posible retorno de los “overoles blancos” que organizan manifestaciones y violencia al interior de los establecimientos educacionales, lanzando molotov o destruyendo la vía pública.

Los colegios de Santiago ya fueron traspasados al SLEP, desde donde han presentado al menos seis querellas y se han registrado incidentes en el Confederación Suiza, INBA, Instituto Nacional, el de Aplicación y el Barros Borgoño. Durante el primer semestre del 2026, se abrieron 109 procesos por faltas graves y se han expulsado 41 estudiantes.

Y aunque ya no son resorte del municipio, los hechos que siguen ocurriendo en recintos santiaguinos mantienen ocupado al alcalde Mario Desbordes, parte de la serie de coordinaciones de los jefes comunales por este tema.

Una de ellas es un grupo de WhatsApp en el que participan Desbordes, Bellolio y Sichel, además de otras comunas. En abril Sichel comentaba en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera que se pasaban información entre sí respecto de videos incitando a la violencia que subían los adolescentes a través de Tik Tok.

La coordinación también se ha dado a nivel de equipos municipales, donde los funcionariosintercambian algunas iniciativas legales, entre ellas la Ley de Escuelas Protegidas. También se han dado mesas transversales integradas por los ministros de Seguridad Ciudadana y Educación, el delegado presidencial de la Región Metropolitana y los alcaldes. Una de ellas, por ejemplo, se dio a unos días de iniciado este gobierno. En medio de eso desde Estación Central lanzaron a finales de julio el plan comunal de prevención de violencia escolar.

El alcalde Sichel dice a La Tercera que “siempre mantenemos la coordinación para saber cómo actuamos y hay algunos fenómenos que se están repitiendo hace algún tiempo, movimientos politizados en parte de estos colegios. Hay una estrategia en conjunto para ver cómo a veces esta idea de los multiapoderados, cómo las sillas musicales de gente que ha sido expulsado de estos colegios son los mismos activistas”.

En esa línea agrega que “nos vamos avisando los intentos de toma en algunos colegios porque eso nos alerta que en otros colegios, que son de la misma red, van a tener. Y reaccionamos antes y cerramos los colegios o ingresamos con Carabineros. Esta triple coordinación con la delegación, con los nombres de los apoderados y estudiantes que han sido sacados de otros colegios y con la reacción temprana frente a a las tomas nos ha permitido tener un poquito más de control”.

Otras fuentes dicen que la coordinación implica que los alcaldes se traspasan información entre sí, conversaciones en las que han visto que los grupos violentistas de los establecimientos educacionales también presentan un grado de coordinación, por lo que amerita que los municipios se junten entre sí. En eso han conversado mucho Ñuñoa y Providencia, especialmente por el caso del Liceo Augusto D’Halmar.

Desde Santiago, Pilar Sazo, directora de Transición Educacional de la municipalidad, dice que “este año el municipio convocó a directores y representantes de más de 35 establecimientos -públicos, particulares subvencionados y particulares pagados de la comuna- para instalar una agenda común de seguridad escolar, liderada por el alcalde Desbordes y ejecutada por las direcciones de Seguridad y de Transición Educacional”.

Entre las medidas concretas están un canal de WhatsApp entre colegios y el municipio, el número de emergencia 1406, la app municipal VECI para denuncias georreferenciadas, capacitaciones en responsabilidad penal adolescente y violencia intrafamiliar, y proyectos de infraestructura como iluminación y cámaras de vigilancia. “Se planificó que estas reuniones sean bimensuales, con la intención de sumar a la Superintendencia de Educación y consolidar una red comunal de seguridad escolar”, agrega Sazo.

De todas maneras, algunos conocedores de la dinámica al interior de los municipios dicen que todavía hace falta mayor coordinación, especialmente considerando que hay diferencias entre algunas comunas -como Santiago- que ya entregaron sus colegios a los SLEP, mientras que otros aún no lo han hecho.