A primera hora de este lunes empezó el proceso de desalojo de los terrenos no expropiados de la megatoma de San Antonio, en un operativo marcado por la violencia y la dilación.

Barricadas, miguelitos, alambres de púas y objetos incendiarios son solo algunos de los obstáculos que recibieron el ingreso de las fuerzas especiales, en un proceso que comenzó cerca de las 7 de la mañana y que recién al mediodía logró el despeje de la primera parcela.

El desalojo se encuadra en un extenso historial de polémicas y negociaciones entre el Ejecutivo y la inmobiliaria dueña de los terrenos. Esto, dado que hace casi tres años la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió una orden de desalojo, ratificada por la Corte Suprema en 2024. Tras las negociaciones fallidas entre las partes, el gobierno, representado por el Ministerio de Vivienda de Carlos Montes y objeto de críticas por el fallido proceso, determinó expropiar 110 de las 215 hectáreas, lo que derivó en el desalojo de este 12 de enero.

El procedimiento se inició por el sur del Cerro Centinela, en el sector 11. Mientras se lanzaban bombas molotov y se quemaban colchones, las fuerzas especiales encontraron resistencia y conflictos. Se registraron tres detenciones: un hombre por la ley antibarricadas y dos mujeres que llevaban una gran cantidad de neumáticos en su camioneta, vehículo que también tenía una irregularidad en sus papeles.

El ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, afirmó que tenían antecedentes de personas ajenas a los ocupantes de la toma que llegaron con el fin de alterar el orden público. “Nosotros tenemos información previa que está vinculada a sujetos que probablemente podían obstaculizar o manifestar resistencia al desalojo”, según sostuvo en un punto de prensa. Igualmente, dijo que la oposición “no ha sido mayor a aquél que nosotros teníamos evaluado”.

Por su parte, Yanino Riquelme, delegado presidencial de la región, quien calificó los hechos como “incidentes aislados en distintos lugares en el entorno de la zona de trabajo”, también abordó las imprecisiones que se vivieron durante las primeras horas del operativo, el que parecía no avanzar con claridad. La autoridad culpó directamente a los propietarios del terreno: “Hasta el momento no están las maquinarias que comprometió el propietario; nos ha señalado que vienen en camino, pero mientras no las veamos acá, no tenemos certeza de aquello”, afirmó durante la mañana, graficando nuevamente la tensión que ha existido entre los dueños y el Ejecutivo desde las fracasadas negociaciones.

Desde el lado de la inmobiliaria, en tanto, su abogado, Diego Pereira, expuso que “la empresa comprometió voluntariamente el cierre del terreno desalojado y la demolición de las estructuras existentes en él, labor que se ha visto complicada por los disturbios que se han desarrollado en el lugar”.

La referencia del profesional era debido a, entre otras cosas, la quema de una excavadora que ya estaba en terreno. Por lo mismo, como los trabajadores que iban a operar las máquinas eran vecinos del sector, se negaron a hacerlo por temor a su integridad física. Finalmente, cerca de las 14:00 horas llegaron las otras máquinas para demoler y evitar retomas.

Y así, dicho está, durante el mediodía el delegado anunció que la parcela 11, de casi 2,5 hectáreas de extensión, ya estaba despejada y bajo control de Carabineros, aunque con familias aún desarmando sus propiedades. De acuerdo a Esteban Hinojosa, jefe de gabinete de San Antonio, cerca de 47 familias de esa parcela se retiraron voluntariamente y acorde al balance entregado al final de la jornada por las autoridades, se demolieron cerca del 80% de las viviendas de dicho sector.

Los siguientes avances están previstos para la parcela 13, luego la 15 y posteriormente en Bosques del Mar.

Una vez finalice todo el operativo, se proyecta que alrededor de 2.000 familias serán desalojadas. El albergue en el Colegio España está preparado para recibir a 148 personas simultáneamente, hasta por cinco días cada una, pero hasta el cierre de esta edición nadie lo había solicitado. “A las 17:00 ya lo cerramos y dejamos al encargado del albergue hasta las 21:00 en caso de que suceda alguna emergencia y alguien quiera ir”, comenta Hinojosa.

Por lo pronto, perros y gatos no pueden ser acogidos en el establecimiento ni tampoco hay caniles municipales. “Ahí vamos a tener que buscar alguna fórmula de reubicación de esas mascotas”, manifestó el pasado jueves Omar Vera, alcalde de San Antonio.