Dos décadas duró la litigación entre el Estado de Chile y familias de víctimas de violación a los derechos humanos durante la dictadura ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Los familiares demandaron al país en el caso denominado “Vega González y Otros versus Chile”, luego de que el Poder Judicial aplicara beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad.

En particular, según denunciaron las familias, la Corte Suprema aplicó la reducción a las penas de los condenados en 14 casos, lo que está prohibido por el derecho internacional en este tipo de casos. Por lo mismo, el año pasado la Corte IDH condenó al Estado de Chile a cumplir la sentencia de revisar y corregir las condenas, lo que finalmente concretó el máximo tribunal el 2 de enero pasado.

El fallo se transformó en un caso inédito para la justicia chilena, toda vez que nunca antes se había aumentado las penas en casos que ya fueron juzgados. Incluso ordenó que algunos condenados por lesa humanidad, que ya estaban en libertad, volvieran a la cárcel.

Pero no sólo el Poder Judicial fue condenado en este caso. Según el fallo, el Ejecutivo debía encabezar una ceremonia en la que reconociera lo ocurrido y actuara en favor de los familiares de víctimas de derechos humanos. Algo que, hasta la fecha aún no se concreta, pese a que el fallo establecía como plazo máximo septiembre de 2025.

El punto resolutivo Nº13

Este jueves, la abogada especialista en derechos humanos, Karinna Fernández, y quien llevó este caso a la Corte IDH en representación de las familias de las víctimas, ingresó un nuevo requerimiento ante el órgano internacional.

Esta vez para dar cuenta de un incumplimiento en la parte del Ejecutivo. Tras el fallo, las partes pueden informar a dicho tribunal sobre el seguimiento del caso, notificando sobre posibles incumplimientos.

Según denuncia Fernández en su escrito, el Presidente Gabriel Boric se restó de participar en la ceremonia en la que se da cuenta del cumplimiento de la sentencia internacional, a pesar de que el fallo contempla que en esta etapa deben participar los representantes de diferentes poderes del Estado, según lo establecía el punto resolutivo Nº13. Dicho acto, según informó el gobierno, será realizado por Cancillería y en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El mismo Ejecutivo había informado previamente a la corte sobre la presencia del Presiente, quien reconocería en nombre del Estado de Chile la falta. “Solicitamos formalmente a esta honorable corte que, al tomar conocimiento de estos antecedentes, declare el incumplimiento del punto resolutivo 13, toda vez que la propuesta estatal no satisface los criterios de solemnidad, jerarquía y oportunidad exigidos por la sentencia”, se lee en la denuncia.

Según los denunciantes, la notificación de que el Presidente no participará en la ceremonia, “comunicada a escasos días del término de su mandato, constituye un incumplimiento flagrante de la modalidad y solemnidad requeridas para un caso de esta magnitud”.

“Este acto no solo es un componente del cumplimiento de obligaciones internacionales, sino que también representa el reconocimiento oficial de décadas de litigio destinadas a alcanzar justicia, operando como un mecanismo de protección indispensable para las víctimas, los defensores de derechos humanos y los magistrados frente a posibles ataques o retrocesos institucionales. Al omitir la solemnidad requerida, se desvirtúa el potencial preventivo de la sentencia y se debilita el mensaje de condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad”, agrega.

En esa misma línea, las víctimas afirmaron ante la Corte IDH que “resulta incomprensible que, mientras la Corte Suprema dio cumplimiento histórico con una audiencia pública inédita, y organismos como Cancillería, el Programa de DD.HH., el Registro Civil y Tesorería han demostrado un compromiso técnico y humano con la ejecución del fallo, la máxima autoridad del país desatienda lo ordenado por esta honorable corte, así como lo informado oficialmente a la corte por el Estado chileno el 30 de octubre de 2025″.

Consultados al respecto, desde Cancillería afirmaron que “el fallo establece que el Estado tiene que realizar un acto público reconocimiento de responsabilidad internacional, pero no señala como obligación que deba estar el Presidente de la República, quien en este caso no podrá por temas de agenda. Se le ofreció a la contraparte realizar el acto en presencia de algún ministro en representación del Ejecutivo, tal como ha sucedido en otros actos, sin embargo, no aceptaron esta opción”.

“Un acto de discriminación y revictimización”

Más adelante en la denuncia ante la Corte IDH, Fernández plantea que la negativa del Mandatario de participar en la ceremonia constituye “un acto de discriminación y revictimización”.

La abogada expone que el Mandatario ha encabezado otras ceremonias similares por fallos internacionales, algo que no ocurre con este caso. Así ocurrió cuando reconoció en nombre del Estado el fallo del caso Sandra Pavez, la profesora de religión a quien se le impidió realizar clases por su orientación sexual. Además, Boric también realizó en La Moneda el evento en el que se cumplió la sentencia por la deuda histórica de los profesores.

Pero en su denuncia las víctimas van más allá, ya que plantean que resulta una agravante que en los últimos días de su gobierno, el Mandatario ha encabezado ceremonias de reconocimiento a funcionarios de las Fuerzas Armadas.

“Al tiempo que se informa a esta representación la negativa a participar en el acto público por parte del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, e incluso informando que el mismo no se puede realizar en el Palacio de la Moneda, la actual Presidencia de Chile prioriza actos de condecoración y reconocimiento hacia y desde las Fuerzas Armadas y de Orden — instituciones a las que pertenecían los autores de los delitos de este caso—, mientras se declina participar en la reparación de las víctimas de los peores crímenes de nuestra historia reciente", agregan.

Consultada al respecto, la abogada Karinna Fernández afirma que “llama la atención que la mayor autoridad justamente sea quien incumpla estas obligaciones y genera obstáculos que nos parecen difíciles de explicar“. Por lo mismo, señala que han solicitado a la Corte IDH ”declare efectivamente el incumplimiento por parte de este gobierno y de esta presidencia (...) solicitamos coherencia con lo que en otros casos había desarrollado este mismo gobierno: que estuviera el Presidente y que fuera en La Moneda el acto de disculpas públicas como parte también de la responsabilidad internacional del Estado”.