El persecutor Cristián Aguilar defendió este martes ante la Corte de Apelaciones de Santiago la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta para desaforar al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por el caso ProCultura.

Aguilar descartó que el rechazo a la prisión preventiva de Alberto Larraín, la semana pasada, pudiera tener algún tipo de incidencia respecto a la solicitud de desaforar al gobernador con la finalidad de poder formalizarlo y requerir medidas cautelares personales.

“¿Hay antecedentes suficientes? Nos parece que sí. Tanto de la existencia del delito como de su participación. Entendemos que sí, hay concierto. Entendemos que sí, hay dolo. Entendemos que hubo perjuicio al Estado“, afirmó el fiscal.

“Estamos hablando de un proyecto social”

El persecutor insistió en que la relación entre Larraín y Claudio Orrego fue determinante para el convenio por $1.686 millones que pagó el Gobierno Regional (GORE) de Santiago a ProCultura por el programa de prevención del suicidio Quédate.

“Acá no son tan solo los 1.686 millones o los 1.000 millones que no fueron restituidos. Estamos hablando de un proyecto social que impactaba en esa época post-pandemia, el año 2022, respecto de aquellas personas jóvenes, adultos, que tenían tendencia a suicidas o para aportar a quienes habían ya tomado esa decisión y sus familias necesitaban asistencia”, argumentó.

En esa línea, sostuvo que esos dineros “no llegaron” a su destino.

“¿Y por qué no llegaron? Porque la fundación ProCultura no respondió ¿Podría haber respondido? Tampoco. No tenía la experticia particular. El problema es que acá se afectó a la comunidad toda de la Región Metropolitana a un sector de los más vulnerables. Y también eso debe ser considerado. No es tan solo la probidad administrativa o el patrimonio fiscal. Sino que también es la comunidad toda que se ve afectada de recibir un servicio", argumentó el fiscal.