Por Paz RubioGobernador Saffirio entrega al Ministerio Público auditoría de la gestión de Rivas: informe arrojó $79 mil millones sin rendir
“Lo que ha ocurrido no es casual. Aquí ha habido una estructura pública utilizada para defraudar (...) Aquí hay crimen organizado, esto no ocurre por casualidad, aquí hay muchas personas involucradas”, acusó la autoridad regional.

El gobernador de la Región de La Araucanía, René Saffirio (ind.), entregó esta jornada a la Fiscalía local el informe de una auditoría externa encargada para evaluar la ejecución presupuestaria de esa institución durante el periodo 2022-2024.
Según informó la autoridad regional, la auditoría -encargada a la consultora Fortunato y Asociados- da cuenta de $79 mil millones sin rendir, así como de $756 mil millones en propiedades y bienes sin transferir a sus destinatarios durante el periodo en que la máxima autoridad de la institución pública era el exgobernador Luciano Rivas. El informe, además, fue publicado en la sección de Transparencia del Gobierno Regional.
El exgobernador Rivas -independiente y candidato en 2021 en un cupo de Evópoli- figura como imputado en una arista del caso Convenios. El Ministerio Público investiga convenios suscritos por el Gore con la Fundación Capacitación y Formación Laboral (Folab) y la Fundación Educacional y Capacitación (Educc) por $730.240.000. El caso, según consigna Ex-Ante, derivó en el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (independiente electo en cupo de republicanos), quien hoy permanece en prisión preventiva por fraude al Fisco, y también salpicó al jefe de gabinete de Rivas, Juan Pablo Leonelli, también bajo la citada medida cautelar.
En un punto de prensa ofrecido luego de la entrega de la auditoría, el gobernador Saffirio sostuvo: “Lo que ha ocurrido no es casual. Aquí ha habido una estructura pública utilizada para defraudar (...) Aquí hay crimen organizado, esto no ocurre por casualidad, aquí hay muchas personas involucradas”.
Respecto de Rivas, el exdecé acusó que este delegó la firma de documentos en otros funcionarios, lo que a su juicio responde a una estrategia que “provee de cierta impunidad respecto de los actos administrativos que se desarrollan gradualmente para defraudar al Gobierno Regional”.
“Hay un notable abandono de deberes y una intención deliberada de ocupar el Gobierno Regional de La Araucanía hasta 2024 con la lógica de defraudar, afectándose el patrimonio que pertenece a todos los habitantes de la región”, aseveró.
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