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Informe del Servicio Jesuita reporta una “desaceleración sostenida” de la migración en Chile y centra los desafíos en la inclusión

La séptima edición del estudio revela -entre otras cosas- que las mujeres migrantes enfrentan grandes desigualdades en el mercado laboral. Además, evidencia un “aumento sostenido de la irregularidad documental”.

Imagen referencial. Patricio_Banda

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presentó este jueves la séptima edición de su Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile, documento que aborda la migración en el país, buscando aportar información para fortalecer el desarrollo de políticas públicas sobre el tema.

En esta oportunidad, el informe reveló que “los flujos migratorios muestran una desaceleración sostenida” en el país.

En detalle, señala que entre 2017 y 2024 la población extranjera residente en Chile pasó de 746.465 a 1.608.650 personas, “impulsada principalmente por la migración venezolana”. Sin embargo, ahora “el crecimiento ha comenzado a moderarse”.

Tras los mayores incrementos registrados entre 2017 y 2022, las proyecciones muestran una disminución gradual del saldo migratorio, que pasaría de 114.671 personas en 2024 a 75.663 en 2030.

El Anuario también evidencia que la migración continúa concentrándose en la Región Metropolitana, donde reside cerca del 60% de la población extranjera, seguida por Antofagasta y Valparaíso.

No obstante, el crecimiento “más acelerado” se observa en regiones del centro-sur, como Maule, Biobío y O’Higgins, donde la población migrante aumentó más de un 240% entre 2017 y 2024.

En virtud de estos resultados, el estudio sostiene que los desafíos ya no consisten únicamente en responder al aumento de los flujos migratorios, sino que están en desarrollar políticas públicas que permitan gestionar la diversidad de la sociedad y “fortalecer la inclusión y la cohesión social”.

En ese sentido, se plantea que la expansión territorial también presenta nuevos desafíos a los gobiernos regionales y locales en materia de inclusión y acceso a servicios.

La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, señaló que “cuando existen barreras para acceder a vivienda, empleo formal, educación o regularización, aumentan los riesgos de exclusión y se debilita la cohesión social”.

“En cambio, cuando las personas pueden participar plenamente en la vida del país, la diversidad se convierte en una oportunidad para el desarrollo compartido”, sostuvo.

Brechas sociales en la población migrante

El estudio revela que, pese a los avances, persisten brechas que dificultan la inclusión de la población migrante en Chile.

En ese sentido, se señala que las mujeres migrantes enfrentan grandes desigualdades en el mercado laboral: cotizan menos que los hombres (47,2% frente a 61,5%), presentan mayores niveles de subempleo por competencias (24% versus 18,2%) y representan el 70% de la población migrante fuera de la fuerza laboral.

Las brechas también se hacen presente en el acceso a la vivienda. El informe indica que una gran cantidad de migrantes reside en campamentos. Según datos citados de TECHO-Chile, serían 47.391 familias las que viven esta situación.

A eso se suma “un número significativo” de personas extranjeras en situación de calle.

Además, se detectó un “aumento sostenido de la irregularidad documental”, que pasó de 10.375 personas en 2018 a 336.984 en 2023. Además de la “persistencia de la informalidad laboral”, que alcanza a 306.366 personas, y las brechas en el acceso efectivo a servicios públicos.

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