En el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el ambiente se ha vuelto inusualmente tenso. Desde el 26 de septiembre los funcionarios agrupados en la Asociación de Funcionarios del Ministerio (Asofumi) se mantienen movilizados por los cambios introducidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en la propuesta de Ley de Presupuestos 2026 relacionados con la cartera liderada por Javiera Toro. Según denuncian, esas modificaciones alteraron la estructura de varios programas sociales clave, sin consulta previa y con un impacto directo en su ejecución.

El presidente nacional de Asofumi, Lester Campos, explica que el conflicto se originó al revisar el proyecto ingresado al Congreso. “La Dipres decidió traspasar la totalidad de los programas de habitabilidad, seguridad alimentaria y vínculos a los servicios relacionados, cuando la propuesta original del ministerio solo consideraba trasladar la asistencia técnica”, señala. Ese cambio, advierte, “no solo afecta a los funcionarios, sino también a la forma en que se implementan políticas que llegan directamente a la ciudadanía”.

Detrás de la molestia, los funcionarios apuntan a una serie de medidas concretas que, a su juicio, desmantelan parte del modelo de gestión del Sistema Intersectorial de Protección Social, establecido por ley. Entre ellas, la eliminación de partidas completas y el traspaso de programas a Fosis y Senama, lo que, según Asofumi, genera “un déficit de recursos” y pone en riesgo la continuidad de equipos y beneficiarios.

El listado de efectos advertidos por los trabajadores es así: la reducción de $2.000 millones en distintas líneas programáticas, la disminución del 15% en los cupos del Plan Protege Calle, brechas de financiamiento en los Centros Temporales de Superación, y la falta de recursos para los Microbancos de Alimentos. También acusan la eliminación de la línea presupuestaria del Plan Integral de Bienestar -por más de $6.800 millones- y el rechazo a la apertura de glosas para contratar profesionales en las Oficinas Locales de la Niñez y en el Programa de Apoyo a la Identidad de Género.

Movilización a nivel nacional

Desde Asofumi advierten que el nuevo esquema no garantiza la atención de niños, niñas y adolescentes ni de cuidadores, y genera fragilidad en la continuidad de tratamientos del Programa de Superación de la Pobreza, al mantener glosas anuales sin certeza de renovación.

El gremio, que agrupa a unos 900 funcionarios en todo el país, ha desarrollado distintas etapas de movilización. Comenzaron con jornadas informativas y actos públicos, y en las últimas semanas han optado por una paralización parcial de funciones no críticas. “No hablamos de paro total”, aclara Campos. “Mantenemos las labores esenciales, pero suspendimos aquellas que pueden esperar”. Las atenciones a la ciudadanía, hasta este lunes, no se han visto afectadas, pero ciertas acciones particulares que arrancaron este lunes amenazan con comenzaron a interferir.

Este lunes 10 de noviembre los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) iniciaron una toma indefinida de sus oficinas en todo el país, denunciando abandono institucional y recortes presupuestarios de $1.300 millones. La adhesión del instituto, reconocen en Asofumi, “es reflejo de un malestar transversal en el sector Desarrollo Social”

Además, desde finales de septiembre distintas unidades regionales de la cartera han reportado movilizaciones, por ejemplo, en Coquimbo, Valparaíso y Punta Arenas.

Desde el interior del ministerio confirman que los servicios continúan operando con normalidad y no se ha interrumpido la entrega de beneficios o atenciones. Y que la cartera sigue funcionando con turnos éticos y funcionarios desplegados en regiones.

Las tratativas entre los dirigentes y la autoridad comenzaron desde el primer día. La ministra Toro, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, y asesores del gabinete han sostenido reuniones con Asofumi tanto en Santiago como en regiones. Incluso, el 15 de octubre la asociación participó en la Subcomisión Mixta de Presupuestos para exponer sus reparos sobre la Partida 21 del ministerio, y luego se reunió con Toro y Gallegos para evaluar la posibilidad de ajustes.

Pero las conversaciones no han prosperado. Desde el entorno de la ministra aseguran que la propuesta presentada por el ministerio “se hacía cargo de la mayoría de las demandas”, pero fue rechazada por las bases de los trabajadores. “Esa oferta no podía seguir modificándose, y al ser rechazada, se volvió al punto cero”, explican voces del ministerio.

Desde el ministerio responden a La Tercera que la prioridad ha sido mantener el diálogo y garantizar el funcionamiento del servicio público.

En esa línea, agregaron que “durante este periodo hemos sostenido un diálogo permanente con las asociaciones de funcionarias y funcionarios en busca de una solución que permita finalizar con la paralización”.

La propuesta presentada, afirman, fue “responsable y significativa”, e incluía “presentar una indicación al proyecto de Ley de Presupuestos para mantener durante el año 2026 la administración y coordinación de los programas Vínculos y Apoyo a la Seguridad Alimentaria en la Subsecretaría de Servicios Sociales, traspasando solo la asistencia técnica a Senama y Fosis”. Además, se garantizó “la continuidad laboral de todos los funcionarios de dichos programas” y la revisión de los compromisos de gestión individual “para reorganizar mejor las cargas laborales”.

Lejos de bajar la movilización, Asofumi ha intensificado su despliegue, incluso a nivel político. El 30 de octubre el dirigente nacional Jorge Canales sostuvo reuniones en el Congreso con los parlamentarios Ricardo Cifuentes (PDC), Alexis Sepúlveda (PR) y el senador Rodrigo Galilea (RN), con el objetivo de explicar las implicancias del presupuesto 2026 y sus efectos sobre la política social y la función pública.

En el ministerio, en tanto, insisten en que los ajustes responden a una reorganización interna orientada a evitar duplicidades. No hay recortes, sino una redistribución de recursos para optimizar la gestión, según comenta una fuente de la cartera.

Según esa versión, algunos programas fueron fusionados por tener objetivos similares y otros, especialmente de Niñez, eran transitorios y debían concluir este año.

Así y todo, mientras el proyecto de Presupuesto se discute en el Congreso, los funcionarios mantienen sus banderas desplegadas en los edificios del ministerio.