Por José NavarreteLa fábrica de armas con impresoras 3D que utilizaba servicios de mensajería encriptada para sus ventas
"Esta investigación ha abordado un fenómeno delictivo que es novedoso, al que no estábamos acostumbrados y que fue apareciendo con el tiempo", destacó el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, el jefe nacional Contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, y el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, entregaron detalles de un operativo que culminó con 45 detenidos, entre ellos ocho menores, que se dedicaban a elaborar armas y dispositivos para modificarlas con impresoras 3D.
La indagación surgió en 2024 en el marco del Foco Penitenciario de la Fiscalía Occidente.
Los integrantes de la banda fueron detenidos en un megaoperativo que se desplegó el miércoles 15 de julio de manera simultánea en 12 regiones del país.

La estructura criminal se dedicaba también al tráfico de armas de fuego convencionales, artesanales y modificadas.
Para su comercialización utilizaban plataformas de mensajería instantánea como Telegram para concretar las ventas y servicios de empresas de courier para la distribución.
“Nos sentimos satisfechos porque esta investigación ha abordado un fenómeno delictivo que es novedoso, al que no estábamos acostumbrados y que fue apareciendo con el tiempo y que hacía muy difícil su investigación básicamente porque se desarrollaba a través de sistemas de mensajería encriptada a los que era muy difícil acceder", explicó el fiscal Pastén.
El persecutor precisó que siete de los imputados ya se encontraban privados de libertad por otros delitos, en los que incluso en algunos de ellos, se habían usado armas de fabricación 3D.
“Ahí va a haber una imputación por tráfico de armas de fuego, también por asociación criminal cuyo delito precedente más importante es efectivamente el tráfico de armas de fuego”, detalló.
Pastén explicó que “hay conexiones financieras entre los imputados a lo largo de todo el país” y “se utilizaron técnicas investigativas sofisticadas por parte de la Policía de Investigaciones con autorizaciones judiciales conseguidas por el Ministerio Público”.
“Enfrentarse a este fenómeno sin un trabajo coordinado a nivel de la Fiscalía, la Policía e Investigaciones resulta imposible. Desde el punto de vista logístico ha sido un procedimiento impecable y como he dicho se ha desarrollado en 12 regiones del país. Vamos a hacer una formalización para todos los imputados, uno de ellos va a ser imputado desde Coyhaique”, relató.
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