Lo había avisado y lo concretó. Este lunes el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) presentó ante la Fiscalía Nacional la denuncia administrativa en contra de los fiscales del caso SQM, luego de que el miércoles de la semana fuera absuelto del caso que se inició en 2015 por financiamiento ilegal de la política. Se trata de la primera acción emprendida por el candidato, quien se espera que active otras arremetidas en diferentes instancias.

La denuncia de ME-O, que fue presentada ante el fiscal Nacional, Ángel Valencia, había sido anunciada por el propio candidato la semana pasada tras ser absuelto junto a los otros siete acusados del caso que investigó la Fiscalía Regional de Valparaíso. “La Fiscalía tiene que hacerse responsable. Quiero saber quiénes inventaron el caso. También quiero los e-mails, que entreguen sus comunicaciones, porque sé que a otros presidentes de la República, líderes, senadores, los sacaron de las causas y hubo un sesgo. Dijeron solo Marco”, afirmó al término de la semana pasada.

El escrito presentado por la defensa de ME-O, encabezada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, consta de 47 páginas, en las cuales los defensores detallan ocho hechos que a su juicio demuestran que el Ministerio Público tuvo una “persecución penal selectiva” en contra del candidato durante los casi 11 años que se extendió la causa penal.

La denuncia señala que existió “una persecución penal selectiva con criterios políticos, dejando fuera de la investigación a dirigentes políticos que estaban en la misma situación que el Sr. Enríquez-Ominami, amenazas de someterlo a un juicio oral infernal y a destruir su carrera política a menos que aceptase un juicio abreviado reconociendo haber cometido delitos que no cometió, y falta de control jerárquico; así como una dilación deliberada del juicio oral, sustentada en un engaño al tribunal y a los demás intervinientes respecto de su duración efectiva, lo que derivó incluso en que se pidieran penas y multas manifiestamente inferiores al costo y extensión del propio juicio".

La denuncia de ME-O, según lo expone en el mismo documento, busca que Valencia determine las responsabilidades administrativas en contra de las fiscales Claudia Perivancich y la persecutora con dedicación exclusiva del caso Paola Castiglione, así como también en contra de expersecutores que ya no forman parte del Ministerio Público.

Lo anterior, porque las actuaciones de los fiscales “revelan un patrón de actuaciones contrarias a los principios de legalidad, igualdad ante la ley y objetividad, afectando no solo los derechos y garantías procesales del Sr. Marco Enríquez-Ominami, sino también la confianza pública en la función persecutora del Estado”.

Los ocho hechos

El primer punto que la defensa de ME-O denuncia ante el fiscal Valencia son las “filtraciones de información reservada” de parte de los persecutores del caso que se inició en 2015. En ese apartado, apunta a los entonces fiscales Emiliano Arias, Pablo Gómez, Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione.

ME-O afirma que desde las primeras diligencias del caso la prensa tuvo conocimiento de la indagatoria, por lo que a su juicio “corresponde determinar si existió participación directa, tolerancia o falta de diligencia” de parte de los otrora fiscales del caso.

El segundo hecho de la denuncia es por las “decisiones arbitrarias y discriminatorias para investigar y perseguir a Marco Enríquez-Ominami y no investigar a otros que estaban en la misma situación”. En este apartado, la defensa de ME-O plantea que una vez que la Corte Suprema rechazó los desafueros de los entonces parlamentarios Jorge Pizarro y Fulvio Rossi, “el Ministerio Público no debió haber perseverado en seguir adelante con ese caso”.

En esa línea, plantea que según unos correos del Ministerio Público solicitados por Rossi, dan cuenta de la coordinación que existía entre los fiscales -a su juicio- para excluir a algunas figuras políticas de la investigación, así como también de la mediatización en la prensa. Más adelante en la denuncia también apunta a que fue formalizado por delitos tributarios “sin querella del Servicio de Impuestos Internos (SII)”.

Por otro lado, la defensa de ME-O también denuncia la “deficiente formalización y redacción de las acusaciones: causa raíz del fracaso procesal”. Según especifica en la denuncia, esta etapa “fue el reflejo de una dirección desordenada y carente de control jerárquico, donde los fiscales denunciados actuaron con negligencia y sin coordinación, extendiendo innecesariamente las audiencias y generando contradicciones internas entre los equipos persecutores”.

“La mala redacción y formulación de la acusación produjo un efecto cascada: se afectó el derecho de defensa, se vulneró la celeridad procesal y se comprometió la eficacia del sistema penal”, agrega en dicho apartado, citando, además, el veredicto en el que el tribunal cuestionó dicho libelo del ente persecutor.

Cuestionamiento a los fiscales

Pero gran parte de la denuncia del candidato presidencial apunta a los fiscales del caso, a quienes dedica un hecho completo para cada uno.

A la primera que cuestiona es a Castiglione, a quien acusa de que “tuvo una década completa para llevar a cabo la investigación y tramitación judicial del caso como correspondía y preparar su estrategia de litigación. Sin embargo, pese a su dedicación exclusiva a la causa, su desempeño fue negligente tanto en la investigación como en la litigación del juicio oral, incurriendo en errores inaceptables y llevando a cabo una gestión procesal carente de rigor técnico, que expuso al Sr. Marco Enríquez-Ominami a vulneraciones de sus garantías procesales”.

El segundo persecutor que denuncia la defensa de ME-O es al exfiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez, quien a su juicio “tuvo participación directa y responsabilidad jerárquica en el sesgo y la falta de objetividad que afectaron la investigación, significando una clara persecución política direccionada en contra de determinadas figuras”.

A Perivancich, por su parte, la acusa de no haber ejercido “un control jerárquico efectivo sobre las fiscales a su cargo, limitándose a sostener la continuidad de una investigación que ya presentaba severas deficiencias estructurales y un notorio desgaste institucional. Esta omisión resultó particularmente relevante considerando que, a partir de su nombramiento, recayó en ella la responsabilidad de revisar la legalidad, eficiencia y proporcionalidad de la persecución penal”.

Dilación y engaño

Más adelante ME-O apunta en su denuncia que en el caso hubo “dilación deliberada y engaño al tribunal”, ya que el Ministerio Público “sostuvo una persecución penal sin control ni racionalidad, extendiendo innecesariamente cada etapa del procedimiento”.

“Todo ello configuró una estrategia que no buscó eficiencia ni esclarecimiento, sino prolongar artificialmente el juicio, convirtiéndolo para los imputados en una especie de condena previa al veredicto“, agrega la denuncia.

Junto con eso el candidato denuncia “desproporción entre el esfuerzo fiscal y los resultados del juicio”. En este apartado se refiere a que los hechos por los que fue imputado, en ese entonces, no eran delito. “Pese a conocerlo, los fiscales acusados persistieron en aplicar de manera forzada figuras penales ajenas al contexto temporal y fáctico de los hechos, vulnerando los principios de legalidad y tipicidad penal”, exponen sus defensores.

Sobre lo mismo, agrega que “los fiscales acusados sabían, desde la etapa investigativa, que los antecedentes disponibles descartaban la existencia de delito, pero aun así prolongaron la causa por más de una década, exponiendo a los acusados a un proceso de naturaleza política y mediática sin sustento legal. Este proceder vulneró los principios de objetividad, legalidad y eficiencia consagrados en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, afectando gravemente la confianza ciudadana en la justicia penal y la legitimidad institucional del órgano persecutor”.

Por último, y al igual que al comienzo, el escrito profundiza que en este caso hubo “persecución penal selectiva y ‘visión de túnel’ en la actuación del Ministerio Público”, lo que a su juicio demuestra que en “la investigación del caso SQM exhibe una persecución penal dirigida con sesgo y desproporción, motivada más por convicciones personales o razones políticas que por criterios objetivos de legalidad. Este patrón vulnera los derechos de los imputados, afecta la credibilidad del órgano persecutor y compromete la confianza pública en la imparcialidad del sistema de justicia penal chileno”.