La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una demanda civil por responsabilidad extracontractual presentada por el Estado, y le ordenó al civil Aldo José Cereceda Salinas pagar una indemnización de perjuicios ascendente a $61.641.500.

Cereceda había sido condenado en calidad de autor y coautor de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, en el marco del caso del llamado “megafraude” en Carabineros.

El caso se relaciona a una organización criminal que operó durante más de una década al interior la policía uniformada, desviando más de 28 mil millones de pesos desde cuentas institucionales, de acuerdo a la indagatoria del Ministerio Público.

En un fallo unánime conocido este miércoles, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera Muñoz y Patricio Álvarez Maldini y la abogada Paola Herrera Fuenzalida– revocó una sentencia dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que dio lugar a la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado.

“Se encuentra establecido con eficacia de cosa juzgada, que el demandado tuvo participación en un hecho ilícito que provocó un perjuicio directo al Fisco de Chile por la suma de $61.641.500 reuniéndose así todos los requisitos señalados en el artículo 2314 del Código Civil para que surja su obligación de resarcir los daños causados”, sostiene el fallo.

El sujeto, según la sentencia que lo condenó previamente, tuvo directa intervención en una defraudación por el monto que deberá restituir, correspondiente a fondos que fueron sustraídos de una cuenta corriente institucional de Carabineros, denominada ‘valores en tránsito’ y transferidos, luego, a la cuenta que Cereceda poseía en el Banco del Estado.

De acuerdo a la investigación del “megafraude”, durante el período analizado, se sustrajeron de manera sistemática fondos desde cuentas institucionales por más de $28.000 millones.

En la causa principal, 31 personas han enfrentado juicio oral desde el 14 de marzo de 2022.

A la fecha, existen además 116 personas condenadas en procedimientos abreviados en aristas derivadas del mismo caso, con más de 100 inmuebles y 140 vehículos cautelados, y más de $1.800 millones incautados para restitución al Estado.