Durante la tarde de este viernes, y tras siete días de silencio, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, interrumpió sus vacaciones y se refirió a la controversia generada por la operación a su madre, justo cuando la presión política amenaza con una acusación constitucional y los dardos provienen incluso de las propias huestes oficialistas. La intervención quirúrgica se realizó el pasado 23 de diciembre, pero el caso se hizo público el 26 a través de La Tercera, generando polémica debido a la rapidez del procedimiento: la paciente fue operada por una fractura de cadera 10 horas después de su ingreso a urgencia.

“Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada y que tuvo una fractura de cadera producto de una caída”, comenzó diciendo Aguilera desde el Ministerio Salud, escudada por los subsecretarios Bernardo Martorell, de Redes Asistenciales, y Andrea Albagli, de Salud Pública. Sólo el primero de ellos tomó la palabra.

La controversia es particularmente sensible para el gobierno, dado que pone un manto de duda sobre los privilegios de las autoridades, lo que golpea directamente la línea de flotación del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En su conferencia, la ministra relató su versión de la cronología de aquel día, expresando que cuando sucedió el accidente ella se encontraba en San Antonio inaugurando el Hospital Claudio Vicuña junto a los subsecretarios. Es en esa actividad que, dijo, se enteró de la situación de su madre, que había llegado cerca de las 11 de la mañana al Hospital del Salvador. Al término de la actividad en la Región de Valparaíso, Aguilera se trasladó hasta Santiago, arribando al recinto ubicado en Providencia cerca de las 15 horas.

Además, detalló que “en ningún momento en mis conversaciones con la directora o el traumatólogo solicité una atención especial. Lo único que pedí fue una silla, porque mi hermana llevaba muchas horas acompañando a mi mamá de pie”.

Durante los últimos días la ministra había estado de vacaciones y, de hecho, se reintegrará oficialmente a sus funciones el próximo lunes 5 de enero. Esto se traduce en que durante esta crisis solo estuvo un día operativa -viernes 26 de diciembre- desde que este medio, ese mismo día, diera a conocer la operación de su madre.

En su ausencia y hasta la tarde de este viernes el Ejecutivo tuvo que enfrentar la polémica apegado a la versión entregada por el Hospital del Salvador, que negó inicialmente irregularidades. Con todo, durante el transcurso de los días, la presión de conocer la versión de la secretaria de Estado no hacía más que crecer. Incluso, varios parlamentarios solicitaron su renuncia y hasta ahora siguen evaluando una acusación constitucional en su contra. En ese contexto, Aguilera apuntó que “yo no he planteado que vaya a presentar la renuncia”.

Desde el gobierno fue el jefe del gabinete, Álvaro Elizalde, el primero en contactar a la ministra de Salud. Aguilera, según dicen en el Ejecutivo, planteó lo mismo que repitió en el punto de prensa: que no estuvo asociada a la decisión de intervenir quirúrgicamente a su progenitora ni interfirió en los protocolos del hospital ante la operación de su madre.

De hecho, recalcó durante la conferencia que la decisión de la operación no la conoció hasta que llegó al hospital.

Asimismo, la secretaria de Estado recalcó que “el Presidente me respalda y, de hecho, me respalda porque todavía estoy en mi puesto. Efectivamente, he sentido su respaldo cuando conversamos respecto de esta situación”.

Durante el punto de prensa también intervino el subsecretario de Redes Asistenciales, quien defendió los criterios aplicados por el hospital, aunque señaló que de todos modos los hechos serían revisados. Esto, luego de que en los últimos días se conociera que el paciente cuya cirugía fue postergada para destinar el pabellón a la operación de la madre de la ministra falleció posteriormente, aunque el hospital negó que la espera fuese la causante de su defunción.

“Con respecto a los procesos de priorización de los pacientes en los servicios de urgencia, esta es una competencia exclusivamente del equipo clínico de turno. Es una facultad que ellos tienen y que realizan día a día en los 200 hospitales de nuestro país y que, por supuesto, en este caso también se aplicaron los criterios, según lo que nos ha informado el hospital a través de dos comunicados”, dijo, advirtiendo que “estamos solicitando al hospital un informe, una auditoría ampliada a todas las situaciones que se han dado a conocer públicamente, justamente para contrastar la información pública y esclarecer cualquier duda que pueda haber respecto de los procesos clínicos”.

Presión política

En la oposición, particularmente en Chile Vamos, la mesa estaba analizando la opción de presentar una acusación constitucional contra la titular de Salud.

El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que “de comprobarse que la ministra ocupó su posición para favorecer a su madre y saltarse la fila, definitivamente estamos en presencia de una falta grave a la probidad y con ello se infringiendo el artículo 8 de la Constitución y 62 de la ley de bases de la Administración del Estado”.

En esa línea, el diputado complementó que se debe despejar “si hay un delito de tráfico de influencias”.

La norma constitucional a la que hace referencia el líder de los diputados de RN es la que dicta que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

En cuanto a la norma legal, el eventual incumplimiento de esta recalaría específicamente en la contravención del numeral 5 del artículo 62, que es el de “solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza”.

La bancada de la UDI, por su parte, transparentó que el próximo lunes “iniciarán las conversaciones -tanto con la oposición como con algunos sectores del oficialismo- para presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de la cartera”.

En el bloque gremialista molesta especialmente que el Presidente Boric no haya removido de su cargo a Aguilera, además del antecedente del paciente perjudicado por la operación de la madre de la ministra y que haya fallecido.

En ese contexto, señalan desde la UDI, si la ministra no es removida de su cargo “en las próximas horas” continuará la evaluación del libelo acusatorio.

Pero las críticas también habían llegado horas antes de la conferencia de Aguilera desde el propio oficialismo. En conversación con Desde la Redacción, la senadora Claudia Pascual (PC) aseveró que “si esto es parte de los procedimientos y cualquier otra persona hubiera podido acceder a aquello, está ok, pero si eso no es así, obviamente tiene que haber una muy buena explicación y, además, correspondería ejercer otras atribuciones, incluso las que puede tener el presidente. Uno esperaría indudablemente que hubiera tratos igualitarios en ese ámbito”. Al ser consultada sobre si correspondería que el Presidente Boric le pidiera la renuncia a la ministra, Pascual contestó que “si hay antecedentes que lo ameritan, sí, pero, por eso digo, todavía no he escuchado toda la explicación”.

Mientras, el diputado Juan Santana (PS) calificó de “grave” lo relativo a la cirugía y que era necesario revisar la bitácora, y el diputado Patricio Rosas, del Frente Amplio, sostuvo que “es una situación políticamente compleja, con información poco clara que hemos tenido respecto de la atención que recibió la madre de la ministra de Salud. Lo que esperamos es que se investigue cómo se dieron las condiciones clínicas de la paciente, que expliquen la forma en que se actúa, si hubo intervención administrativa para su priorización, si se apegó el tratamiento al protocolo habitual de un paciente beneficiario del sistema, entendiendo que las autoridades tenemos el deber de abstención de cualquier actuación en favor de familiares relacionados”.

En la DC, en tanto, Eric Aedo fue un paso más allá. “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible. Uno puede entender desde lo humano la situación que se ha producido, pero desde el punto de vista político y ético es impresentable. (...) En ese sentido, debiese tomar una decisión drástica que ayude a paliar el dolor y la indignación que esto ha provocado. Es momento de que la ministra dé un paso al costado. Si no lo quiere dar, el presidente debe exigir la renuncia”, dijo a este medio el vicepresidente de la Cámara.

Con todo, Jeannette Vega, exministra de Desarrollo Social, de las pocas que levantaron la voz en defensa de Aguilera, señala que ella “merece ser juzgada por sus resultados, no por un linchamiento político”. Y cierra: “Aguilera es una profesional universalmente respetada, reconocida por su honestidad y rigor ético. La acusan de intervenir en una decisión médica que tomaron profesionales de salud, no ella. La condenan sin una sola prueba de que haya presionado, llamado o influido. Exigen su renuncia por un protocolo clínico que ella misma no controla.

“Esta es la misma ministra que trabajó para Piñera en pandemia, que dirigió Epidemiología por una década, que fue jefa de enfermedades transmisibles en la OPS. Nadie cuestionó entonces su ética. La pregunta es ¿por qué ahora sí? Es tiempo de volver a la razón y no seguir con este circo".

Hospital del Salvador se defiende de los cuestionamientos y Colmed pide investigación

La primera respuesta del Hospital del Salvador tras la polémica fue la tarde del viernes 26 de diciembre, tres días después de realizada la operación. A través de un comunicado, el recinto defendió tanto la cirugía como el proceso de atención, asegurando que “la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución”.

Pero ello no fue suficiente para despejar las dudas y durante la mañana de este viernes, dado que el caso continuaba escalando, el recinto asistencial había anunciado un punto de prensa para el mediodía, el que finalmente fue cancelado a la hora exacta en que estaba previsto, sin que mediara una explicación clara sobre los motivos de la decisión.

Pese a la suspensión de la vocería, minutos más tarde el hospital envió un comunicado en el que se refirió al hombre que falleció durante la semana y que su cirugía fue aplazada para operar a la madre de la ministra.

“El paciente se encontraba hospitalizado desde cinco días previos a su fallecimiento, en estado grave, y permanecía internado en una unidad de cuidados intensivos. Durante ese período recibió tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición clínica”, rezaba el documento.

Exactamente una semana después de que se conociera el caso, el Colegio Médico también emitió su opinión y solicitó mediante un comunicado realizar una investigación “imparcial” para esclarecer cómo se tomó la decisión de priorizar la operación de la madre de la jefa de la cartera sanitaria.

“Como Colegio Médico creemos necesario señalar que el sistema público de salud se sustenta en el principio de una atención equitativa para todas las personas, basada en criterios clínicos y sanitarios”, explicaron. En esa línea, recalcaron que es fundamental “resguardar la confianza de la ciudadanía”, sumando que “en ese marco, y mientras no se cuente con la totalidad de los antecedentes técnicos y administrativos que expliquen de manera clara y transparente cómo se tomó la decisión de priorización desde el inicio del proceso, estimamos que no es posible emitir juicios concluyentes sobre lo ocurrido”.