El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó este domingo que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, debería renunciar a su cargo antes de ser formalizado por la Justicia, en torno a eventuales delitos en el contexto del estallido social.

El secretario de Estado emitió sus declaraciones luego de que se conociera la renuncia del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, a quien la Fiscalía le formulará cargos el próximo martes, por presuntos delitos de revelación de información reservada.

En conversación con el panel de Tolerancia Cero, de CNN Chile, el secretario de Estado señaló que “yo esperaría que el general director (Ricardo Yáñez) evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.

Cabe destacar que el jefe de la institución uniformada será formalizado a las 9.00 horas del próximo 7 de mayo, en el Centro de Justicia. En la instancia, se comunicarán los presuntos delitos por los cuales se está llevando adelante una investigación en su contra, que corresponden a su responsabilidad de mando por eventuales violaciones a los derechos humanos en el estallido social de 2019.

La autoridad también fue requerida por el hipotético caso de que Yáñez no presente su renuncia luego de su formalización, a lo que respondió que “a partir de ese momento el Ejecutivo ejercerá las atribuciones (que le correspondan)”.

“El Ejecutivo ha sido muy claro sobre el punto de inflexión”, reafirmó el ministro, respecto a la fecha límite para tomar acciones como gobierno en el caso de Yáñez.

Sobre la posibilidad de que se le solicite la renuncia prontamente al general director Yáñez, Cordero sostuvo que “es una atribución exclusiva del Presidente de la República, y el Ejecutivo está tratando de garantizar la continuidad institucional de la policía en un contexto de seguridad que me parece muy evidente y parte de ejercer correctamente las atribuciones, es cuidar a las instituciones”.

El ministro Cordero también abordó la reciente salida del ahora exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, quien será formalizado este martes por su responsabilidad en revelar información secreta al abogado Luis Hermosilla, acusado de presuntos delitos en el pago de coimas a funcionarios de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII), tras la filtración de audios que denunció Ciper Chile.

Muñoz dejó el cargo el pasado viernes luego de sostener diversas reuniones con autoridades del gobierno, como la ministra del Interior, Carolina Tohá y el mismo Presidente Gabriel Boric, confirmándose su salida al ir finalizando la jornada, a través de un comunicado de la Presidencia, respaldado por una vocería del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Respecto a la “tardanza” en su renuncia, Cordero señaló que “cuando uno está en el Estado las decisiones tienen que ser informadas con mucho cuidado por una razón extremadamente simple, porque tiene a cargo instituciones que responden a la investigación penal, pero, en segundo lugar, porque están a cargo de un tema tan sensible como la seguridad”.

“El Ejecutivo instó por la renuncia del director y el director presentó su renuncia. ¿Por qué el gobierno ha señalado que es un punto de inflexión (el momento de la formalización)? (…) El gobierno ha transmitido que una situación como esa no solo distrae, sino en el caso de las altas autoridades públicas, tiene que ver con la dignidad de la función pública que esta se desempaña, por eso el hito, que es un hito procesal, es un punto de inflexión”, manifestó.

Asimismo, vaticinó con el futuro de la investigación en contra de Muñoz, debido a los elementos incautados y que serán periciados, que incluye al menos tres celulares y un notebook personal. “En el caso de la incautación de los teléfonos del director, yo creo que esto recién comienza y por eso yo apelo a la fortaleza institucional”, dijo.

El secretario de Estado también abordó la solicitud levantada por el alcalde oficialista de Maipú, Tomás Vodanovic, quien llegó hasta La Moneda el martes pasado para solicitar el despliegue de las Fuerzas Armadas para el resguardo de lugares emblemáticos y concurridos de la comuna, a lo que también se sumaron otros jefes comunales afines al gobierno.

“Lo que pasa es que en esta discusión y yo creo que además, los alcaldes que están en una situación de interpelación permanente, no solo lo hacen ahora, los alcaldes gestionan un mini Estado, y por lo tanto, su aproximación inicial, da lo mismo como se llame el alcalde, es tratar de buscar una solución de gestión inmediata”, afirmó Cordero.

“Ahora, ¿cuál es el gran problema que tenemos ahora? Es creer que la discusión de las Fuerzas Armadas asociadas a temas de seguridad, es exactamente lo mismo que tiene que hacer un policía y eso no es así, por una serie de razones, por el entrenamiento distintos y los medios distintos”, señaló la autoridad.

“Pero ¿les corresponde un rol -no futuro, actual- en materia de orden público? La respuesta constitucionalmente sí. Eso dice la reforma constitucional de Infraestructura Crítica, entonces lo que yo creo que es importante, es decir cuál es el modelo que permite integrar razonablemente esto, en el entendido que los temas de seguridad pública son prioritariamente y esencialmente, un problema policial, pero no podemos desconocer los problemas que tienen crimen organizado, ciberseguridad, narcotráfico, trata de personas, en materia de seguridad nacional”, planteó.

Sin embargo, respecto a las aprehensiones de las fuerzas castrenses que fueron expresadas en el pasado Consejo de Seguridad Nacional, Cordero afirmó: “A mí me parece legítima la inquietud que tienen las Fuerzas Armadas”.