El proyecto de ley sala cuna para Chile tuvo una semana decisiva tras la aprobación del Fondo Mixto de financiamiento en la Comisión de Trabajo del Senado, y el ingreso de nuevas indicaciones del gobierno, que amplían el derecho a hombres y mujeres y elevan la cotización obligatoria del empleador al 0,3%. Aunque la iniciativa busca universalizar el acceso y crear un fondo con aportes públicos y privados, ha generado reparos en gremios que advierten mayores costos para las pymes.

En conversación con La Tercera, los ministros Giorgio Boccardo (Trabajo) y Antonia Orellana (Mujer), que han llevado la discusión, defienden su alcance: “Es un proyecto esencial no solo para este gobierno, sino para el país. Lo vemos como una necesidad y también como una inversión”, dice Boccardo (GB).

¿Alcanzará a ver la luz antes del término del gobierno?

Antonia Orellana (AO): El trabajo de construir ese consenso ha sido bien importante y, aunque apretado, se logra. No podría decir lo contrario, además, porque nos mandataron públicamente.

¿Aspiran a ver avances antes de que se vayan?

AO: Nuestro objetivo es dejarlo aprobado, pero evidentemente esto tiene plazos. Es algo que se va a implementar en el siguiente gobierno.

GB: Estamos apostando por una política de Estado que busca resolver un problema que lleva más de veinte años discutiéndose. Nuestra preocupación es poder dejar aprobado este proyecto de Sala Cuna, entendiendo que su implementación, como en todas las políticas públicas de esta dimensión, requiere de gradualidad, y por lo tanto, la urgencia de lograr un acuerdo durante este gobierno va a permitir que en un ciclo de dos años, efectivamente, el nuevo sistema de sala cuna para Chile esté en pleno desarrollo. Posponer estas discusiones más tiempo tienen efectos también en el largo plazo, de ahí la importancia de de llegar a un acuerdo durante esta este mandato.

Parlamentarios han criticado que se está acelerando recién ahora un proyecto que tuvo una discusión bastante larga.

AO: La decisión táctica que tomamos como gobierno de separar los debates educativos del laboral no fue casual: es lo que hoy nos permite discutir con seriedad el artículo 203 del Código del Trabajo. Los intentos por avanzar se vieron obstaculizados precisamente por la falta de comprensión política del impacto que una medida de este tipo tiene en el sistema educativo. Separar ambos debates tomó tiempo, pero fue una decisión necesaria para asegurar un avance real.

Se les enrostra apurar una iniciativa que tendrá impacto en el mercado laboral.

AO: También hay que discutir respecto de la productividad en torno a la fuerza laboral. Hoy el espacio de crecimiento que tiene el trabajo formal es la fuerza laboral femenina. Si no afrontamos eso hoy, también estaremos condicionando la productividad de los próximos años.

¿Cuáles son los beneficios más inmediatos y de qué manera se garantiza que todas las mujeres puedan acceder efectivamente?

GB: De aprobarse la ley después del primer año van a ingresar todas las mujeres que habían estado excluidas, lo cual va a permitir que no solo tengan menos restricción de contratación, también una disminución de brechas salariales. Y ya en el segundo año viene el ingreso de los hombres, y con ello avanzar en políticas de corresponsabilidad. Además, estamos incorporando un estándar educativo general a todas las salas cunas.

AO: Tiene como beneficio también mayor cobertura para niños, porque hoy la tasa de contratación masculina es más alta.

¿Cómo aseguran que este proyecto no afecte a las pymes, que deberán aportar al Fondo Sala Cuna?

GB: Es un proyecto que hay que pensarlo como una inversión país. La principal preocupación está dada porque el fondo se va a sustentar principalmente de cotizaciones de los empleadores y de un aporte estatal. Estamos trabajando para que este fondo permita sostener esa obligación laboral.

¿Pero se ha conversado con las pymes para llegar a un acuerdo?

AO: Así es. Presentamos el proyecto ante el consejo consultivo de empresas de menor tamaño, Párvulo Red, y Conapyme, que si bien ha manifestado la preocupación del costo de contratación, también ha reconocido que los beneficios del proyecto exceden por lejos ese costo.

¿Qué garantías existen de que el proyecto no termine afectando la inclusión laboral femenina?

AO: Es al revés. Las mujeres no van a ser un costo mayor. Actualmente una pequeña o mediana empresa define si contrata a la trabajadora número 20 porque es a partir de esa trabajadora que tiene que cumplir con sala cuna para todas. Entonces, o no se contrata a la 20 o se la subcontrata. Acá estamos desanclando al crear una cotización; todos los que somos trabajadores formales cotizamos ese 0,3, tengamos hijos o no.

¿Por qué optaron por modificar el financiamiento y no recurrir al seguro de cesantía?

GB: La indicación implica mantener la cotización adicional del empleador de 0,2 para todos los trabajadores y una cotización de 0,1 del empleador, que se obtiene del seguro de cesantía. Se está haciendo un esfuerzo entendiendo que hay que asegurar que los beneficios del seguro de cesantía no sean modificados, y tampoco que se ponga en riesgo la sustentabilidad. Cualquier otro diseño debiera hacerse cargo de esto.

El proyecto establece que los jardines infantiles tengan un reconocimiento del Mineduc en lugar de la autorización vigente. Algunos critican que esta modificación favorecería a la Junji.

AO: Hay un artículo transitorio específicamente diseñado para los privados que iniciaron el camino del reconocimiento oficial, pero no lo finalizaron. A esos les hemos dispuesto un transitorio.