Hasta la Contraloría recurrirán -este jueves- los consejeros regionales metropolitanos (Cores) y un diputado del Partido Republicano en contra del gobernador Claudio Orrego. La nueva arremetida de los opositores a la autoridad regional, esta vez, se basa en una acusación por eventuales irregularidades en la ejecución del presupuesto destinado al transporte rural en la región.

El requerimiento administrativo fue presentado por el diputado Juan Irarrázaval (republicano), junto a los consejeros Víctor Valdés, Jaime González, Carlos Tellería, Edith Aedo, Nicole Aguilera (UDI), Pedro Pablo Herreros (UDI) y Javier Ramírez (UDI). Según los requirentes, la administración de Orrego habría incumplido la normativa al no ejecutar $45.193 millones del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional (Fatcon), el que está establecido por ley y cuyo financiamiento también es entregado a través de la Ley de Presupuestos.

Esta nueva arremetida de los republicanos y tres consejeros UDI se suma a las otras del mismo tipo que emprendieron en contra de Orrego, así como también a la solicitud de destitución del gobernador regional ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). De hecho, esos siete cores firmaron, junto a la UDI, el libelo para destituir al gobernador.

En esta ocasión, según especifican en su escrito, buscan que el ente fiscalizador analice la denuncia y dicte sanciones en contra de la autoridad regional, así como también se decreten medidas para que se aplique la ley.

El fondo de la denuncia

El Fatcon, según la establece la legislación, está destinado y puede ser utilizado únicamente para procesos de renovación de autobuses, taxis, colectivos o minibuses de zonas rurales, así como también de la infraestructura destinada al transporte público y a proyectos de inversión en la materia.

Según la denuncia de los republicanos y los tres consejeros UDI, Orrego no solo no lo habría ejecutado, sino también buscaría cambiar los tipos de proyectos a los que se puede destinar. En el escrito, los cores y el diputado Irarrazával apuntan a que la autoridad regional “está impulsando la referida modificación” para lograr aquello, aunque -dicen- “lo más grave aun es que los dineros asignados presupuestariamente son gastados para otros fines que los establecidos”.

En los argumentos para fundar la denuncia, los consejeros afirman que la ejecución de estos recursos “no se encuentra sujeta a la discrecionalidad de la autoridad de turno, según le parezca o no que ella impacta en el financiamiento de iniciativas o proyectos en ejecución o por ejecutarse, ya que dicha conducta se constituye en una flagrante infracción al principio de juridicidad”.

Además concluyen que “habiéndose destinado los recursos para una finalidad especifica, dichos montos de dinero deben ejecutarse para lo que fueron dispuestos y no para otros proyectos”.

Consultado al respecto, el diputado Juan Irarrázaval afirmó a La Tercera que “todos los días vemos cómo familias y trabajadores de las zonas rurales de la región sufren por la falta de transporte digno. Durante años luchamos por una ley que nos incluyera, y finalmente fue aprobada el año pasado. Por eso resulta frustrante que el gobernador Orrego ignore la ley y se niegue a usar estos fondos para transporte, destinándolos a otros fines”.

¿Omisión a los deberes?

La denuncia ante la Contraloría plantea que la falta de ejecución presupuestaria "configura una omisión a los deberes legales impuestos a la autoridad, en este caso al gobernador regional metropolitano de Santiago”.

Lo anterior, concluyen, porque el exmilitante de la Democracia Cristiana debe “sujetarse a la ley, y cumplir de acuerdo a las obligaciones y finalidades que ella establece, más allá de si le parece o no, de si está conforme con su contenido o no, pues una vez que entra al ordenamiento jurídico debe cumplirse y de la manera que dispone la normativa, sin estar facultado para destinarla a otros fines/otros proyectos o para dejarla de cumplir”.

“La ley es la ley, y él tiene la obligación de cumplirla. Estamos terminando el año, y se trata de más de $45 mil millones, al menos $2.500 millones por comuna rural anualmente, que podrían ayudar a solucionar gran parte de los problemas que enfrentan estas zonas olvidadas de la región”, añade el diputado Irarrázaval.

La defensa de la gobernación

Consultados por este tema, desde el gobierno regional respondieron afirmando que los recursos no se han podido ejecutar debido a los cambios a la Ley 21.692, la que restringió el uso de esos dineros a iniciativas muy específicas de transporte, lo que impide entregar ese presupuesto a comunas rurales dado a que no califican en la normativa.

En esa misma línea señalaron que “hasta ahora no se han ejecutado los recursos del Fondo de Apoyo al Transporte Público y Conectividad Regional debido a cambios legales que restringen su uso solo a proyectos de transporte en comunas rurales, dejando fuera muchas de sus necesidades históricas”.

“Como gobierno regional, hemos planteado esta situación al gobierno central, ministerios, Asociación de Municipios Rurales y la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, solicitando revisar la normativa. Aunque el tema aún no se resuelve, reafirmamos nuestro compromiso: ejecutamos el 100% de sus recursos todos los años y lo haremos también en 2025, con transparencia y responsabilidad”, concluyeron.