La peor crisis del Poder Judicial desde la dictadura tiene sus causas en un mismo problema: el tráfico de influencias que se ejerce entre jueces y parlamentarios para incidir en los nombramientos judiciales. Luego de que los chats de Luis Hermosilla destaparan el escándalo de corrupción más grande del último tiempo, los integrantes de la magistratura no dudaron en señalar al sistema de nombramientos judiciales como uno de los culpables de las malas prácticas que se cultivaron en el corazón de la judicatura chilena.

Por eso rápidamente el gobierno reaccionó y su respuesta ante la crisis fue enviar al Congreso un proyecto de ley que modificara la manera en que se designa a los jueces. El objetivo era eliminar los incentivos del sistema que pervirtieron los cimientos del Poder Judicial.

La decisión del Ejecutivo fue audaz. Esto, debido a que en el historial legislativo se registran una serie de iniciativas de similares características, pero ninguna ha tenido éxito.

La primera vez que el Ejecutivo quiso reformar el sistema de nombramientos judiciales fue en 1991, con un proyecto de ley que diseñó el exministro de Justicia Francisco Cumplido. Desde ahí en adelante han pasado 34 años desde ese intento, y entre medio han ingresado un total de 27 iniciativas legales para cambiar el sistema.

Pese a los antecedentes negativos, este gobierno ha conseguido dar un paso importante. En julio logró cerrar el primer trámite constitucional en la Cámara y despachó el mensaje al Senado. Sin embargo, desde esa fecha en adelante el proyecto no ha tenido mayores avances.

La Comisión de Constitución ya lo votó y aprobó en general y también han escuchado a invitados para que expongan sobre el contenido del proyecto. Por ejemplo en la sesión de este martes fue el exministro Hernán Larraín (UDI) quien expuso su visión sobre el asunto.

Debido a la complejidad del proyecto, la tramitación en el Senado ha sido lenta. Pero por lo mismo, al ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), se le está acabando el tiempo ya que le quedan menos de dos meses legislativos antes de que termine el gobierno y se instale una nueva administración.

Llegó marzo

De hecho en la sesión de este martes, la presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Paulina Núñez (RN), transparentó un secreto a voces: que todo indica que este proyecto no alcanzará a ser despachado en este gobierno.

“No creo que este proyecto sea de los que se termine transformando en ley antes de marzo”, dijo la senadora Núñez. Una idea que es compartida por otros parlamentarios de esa instancia legislativa. Algunos, los más optimistas, en privado se atreven a decir que “es difícil, pero no imposible”.

“Este proyecto es de gran importancia y debiera avanzar, ya está aprobado en general en la comisión. Esperemos se vote pronto en sala y se abra plazo de indicaciones que debieran ser al menos unos 20 días”, explicó la senadora Luz Ebensperger (UDI).

Por eso, afirma la parlamentaria, recién en enero debiera comenzar a votarse en la comisión en particular: “Efectivamente es difícil que esté despachado antes de marzo, pues la Comisión de Constitución a pesar de funcionar tres veces por semana, tiene varios proyectos que se ven en forma paralela. Lo más delicado de este proyecto es que es solo una reforma constitucional y no legal, por lo cual hay que poner especial cuidado en la redacción de las normas transitorias para que pueda empezar a funcionar una vez publicada”.

El senador Pedro Araya (PPD) también es cauto en analizar la opción de que la reforma se despache a ley antes del 11 de marzo. “Es necesario avanzar a un nuevo sistema de nombramiento de jueces que no solo asegure independencia, sino que también responda a las demandas democráticas de transparencia y responsabilidad institucional. No existe un modelo perfecto, y pretender por ejemplo, que la Alta Dirección Pública, por sí sola, resolverá las falencias acumuladas del sistema judicial es, simplemente, desconocer la profundidad del problema”, dijo Araya.

Según el senador, “Chile necesita una discusión política de verdad, de fondo, sobre el diseño del Poder Judicial, sus mecanismos de control democrático, los contrapesos internos y la manera en que se distribuye el poder jurisdiccional”.

Por eso dice que “resulta imprescindible, por ejemplo, revisar la actual composición y el número de integrantes, así como las funciones de la Corte Suprema, para asegurar que su estructura responda a la complejidad del país y no siga operando con un modelo pensado para realidades muy distintas a las actuales”.

A inicios de noviembre el exministro Larraín también se mostró partidario de que el asunto no se resuelva a la rápida. “Me produce bastante decepción la forma que tenemos de resolver los problemas, porque ya pasó en el caso de los notarios. Nosotros propiciamos un cambio del régimen de notarios completo, pero no se hizo, se hizo a medias. Entonces, ¿el proyecto establece mejoras? Claro, pero no podemos seguir legislando a medias. Si uno quiere vivir en la mediocridad, sigamos con esto, pero yo para eso no estoy", comentó Larraín en entrevista con La Tercera al ser preguntado por la reforma judicial.