Los diputados de la UDI lograron sumar fuerzas con miras a intentar remover al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia.

En el marco del encuentro que sostuvo la bancada la noche de ayer martes 2 de junio con el Presidente José Antonio Kast, en Cerro Castillo, los parlamentarios le entregaron una nueva carta al Mandatario insistiendo en la necesidad de invocar la facultad constitucional que tiene para requerir la apertura de un cuaderno de remoción en contra del magistrado.

Los congresistas, como publicó La Tercera, ya habían hecho la solicitud al Jefe de Estado hacia fines de mayo, pero ahora la reingresaron con el apoyo de representantes de otros partidos de derecha. Sólo quedó fuera el Partido Republicano, cuyos representantes transmitieron a sus pares que eran de la idea de “no pautear” al Mandatario.

Los diputados entregaron un documento que en esta oportunidad estaba firmado por Flor Weisse, jefa bancada UDI, por el diputado Jaime Coloma (UDI), por el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario Hans Marowski, por el diputado Francisco Orrego (RN) y por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli).

Así, en bloque insistieron en que se debe sancionar de manera severa al juez por haber viajado al extranjero estando con licencia médica, a Costa Rica en 2020 y a Ecuador em 2022, pese a que la Corte de Apelaciones de Santiago lo absolvió en medio del sumario que se realizó a su respecto.

De esta forma, los congresistas reiteraron que “si respecto de funcionarios públicos que cometieron la misma infracción, se ha instruido el inicio de sumarios y una investigación penal, no es posible que un juez de la República en circunstancias similares quede en una situación de impunidad por motivos de forma, sobre todo considerando que la judicatura debe obrar en todo momento con rectitud, resguardando la integridad e imagen del Poder Judicial, lo que además se encuentra consagrado en la norma de mayor jerarquía“.

Asimismo, volvieron a expresar que “la normativa vigente prohíbe viajar con licencia médica al extranjero, por lo que, según nuestro parecer, el juez Urrutia infringió una prohibición legal en contravención al principio de probidad y al deber de buen comportamiento, incurriendo en la causal de remoción señalada en el artículo 80 del texto constitucional, lo que a su vez amerita aplicar la sanción de mayor severidad prevista en nuestro ordenamiento jurídico".

Tal como en la ocasión anterior en que se le expuso el asunto a Kast, los diputados también plantearon que no es la primera vez que el juez es cuestionado por sus actos. Recordaron, en ese sentido, que anteriormente resolvió la liberación de imputados vinculados a la denominada “Primera Línea” del estallido social, y que luego también actuó fuera del margen de sus atribuciones al otorgar beneficios carcelarios a reos de alta peligrosidad.

Medir con la misma vara

Consultada respecto de la insistencia en la petición al jefe de Estado, la diputada Weisse enfatizó que “el juez Urrutia debería ser sancionado por la Corte Suprema, ya que infringió gravemente los principios de probidad y transparencia”.

“Él no puede ni debe ampararse en resquicios legales para justificar una conducta que resulta socialmente reprochable. No es creíble que haya salido de vacaciones mientras estaba con licencia médica, argumentando que viajó al extranjero para someterse a una ‘terapia alternativa’. ¿Qué se entiende por eso? ¿Estamos hablando de una médium, de un chamán? Si esa es la explicación y no existe una sanción, se abre un precedente grave, cualquier funcionario público podría intentar justificar viajes personales mientras está con licencia médica, sin enfrentar consecuencias“, reprochó la congresista.

Por su parte, el diputado Marowski recalcó que “la justicia no puede exigir probidad a los ciudadanos mientras relativiza esas mismas exigencias dentro de sus propias filas”.

El parlamentario agregó que “la prescripción podrá cerrar una investigación administrativa, pero no borra los hechos ni el daño causado a la confianza pública. Los jueces están llamados a cumplir estándares más altos que el resto de los funcionarios del Estado. Cuando un magistrado reconoce conductas incompatibles con esos estándares y acumula además un historial de actuaciones controvertidas, resulta legítimo preguntarse si mantiene las condiciones de buen comportamiento que exige nuestra Constitución para ejercer el cargo".

En mayo la Organización de Trabajadores y Trabajadores Judiciales (OTJ), de la que Urrutia es presidente regional en Santiago, rechazó la arremetida catalogándola como una “persecución política”. A su vez, en un comunicado público, dijeron que vulnera la separación de poderes y el principio “non bis in idem”, el que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos.

Al margen de las acciones seguidas por los parlamentarios de derecha en contra del magistrado, cabe hacer presente que en las próximas semanas el pleno de la Corte Suprema revisará el caso, al igual que el de todos aquellos funcionarios del Poder Judicial que fueron objeto de sumario por viajar al extranjero con licencias médicas.

Como explicó la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, a este medio el domingo pasado, la revisión que realizarán dice relación con las labores de supervisión que tiene el máximo tribunal. “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país y, por lo tanto, quiere saber cómo abordaron esos sumarios, quiere ver qué se decidió para tener una visión global”, comentó.

En algunos casos se revisarán apelaciones presentadas por los judiciales, y en otros simplemente se analizarán los antecedentes para saber si el proceso se ajustó a la norma. No se descarta, por tanto, que los supremos puedan disponer nuevas medidas.

“El pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones”, manifestó en esa línea la presidenta.