Un amenazante comunicado comenzó a circular entre locatarios y administradores de locales nocturnos del barrio Bellavista en 2023. Ofreciendo rumba hasta altas horas de la noche y público seguro, la propuesta ocultaba una sed de monopolizar ilegalmente el mercado nocturno del popular barrio capitalino.

Con esa intención, y habiendo creado un grupo de WhatsApp para coordinar a los interesados, quienes llamaban a esta suerte de comunión nocturna citaron a una reunión formal que se celebró en un inmueble de Santa Isabel.

La mayoría de quienes acogieron el llamado fueron administradores extranjeros, dicen fuentes policiales. Los chilenos hicieron caso omiso. Las mismas fuentes añaden que quienes llevaron la voz cantante fueron sujetos venezolanos y que se realizó una videollamada desde el extranjero.

Entre quienes lideraban estaba Joel David Díaz, jefe de plaza del Tren de Aragua y uno de los 19 detenidos en la Operación Tokyo. Allí es cuando comienza a aparecer el nombre del “Yefri”, uno de los nuevos líderes del grupo criminal y quien se encontraría en Venezuela. “En esa reunión se dieron directrices claras”, dicen fuentes de la causa. “A partir de ahora”, dijeron quienes encabezaron la cita, “ustedes tienen que pagar si quieren estar bien’”.

Pero el ofrecimiento lucía prometedor: doblar las ganancias, más asistentes y producciones internacionales de música electrónica. A cambio, cobrar tributos. Los eventos internacionales quedaban a cargo de los venezolanos, lo mismo que la organización de los after parties. Las cuotas podían ser de $ 500 mil semanales, de $ 2 millones por ingresar al grupo o de 16 mil dólares por eventos externos.

La escena, que bien podría ser sacada del cine que retrata a la mafia, es uno de los antecedentes que maneja el Ministerio Público en lo que es una de las últimas aristas contra el Tren de Aragua y que da cuenta de la expansión que la organización criminal venezolana está teniendo en Chile. Si en los últimos meses de 2025 parecía que la banda había bajado su actividad, en el primer semestre de este año ha vuelto a ser la principal preocupación de las autoridades que siguen al crimen organizado.

Es el caso de la Operación Tokyo, donde el martes la PDI desbarató una célula que se dedicaba a extorsionar a locatarios de Bellavista en lo que se ha considerado como el golpe más grande al crimen organizado. Fue en esa indagatoria donde cayó José Carlos Pérez Asencio (33), ejecutivo de cuentas del Banco Santander y quien se dedicaba a movilizar dineros provenientes de extorsiones hacia el extranjero.

Este último antecedente, dicen quienes conocen de las causas contra el crimen organizado, da cuenta de cómo la banda venezolana ha ido extendiendo sus tentáculos, ahora hacia instituciones formales.

Pero dicha expansión no es improvisada, dice el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. De hecho, Pérez Asencio comenzó a involucrarse con el Tren de Aragua en 2022, un par de años después de que se registrara uno de los primeros casos de esta banda en Chile y tres años después desde que Carlos “Bobby” Gómez, uno de los líderes máximos del grupo, llegara a Chile.

En ocho cuentas de distintos bancos, Pérez Asencio movió más de $ 400 millones que cambió a criptomonedas y sacó de Chile. Sin embargo, en total se habrían movilizado unos $ 78 mil millones que terminaron siendo lavados y sacados del país. El ejecutivo, quien vivía cerca del sector denominado como “Pequeña Caracas”, en Estación Central, estaba de manera regular en Chile.

El sujeto y otras 18 personas serán formalizadas este domingo por delitos de lavado de activos y asociación criminal, entre otros.

“El Tren de Aragua está en un período de expansión, lo que es propio de estas organizaciones”, dice Barros en conversación con La Tercera. El persecutor instala una línea temporal entre la etapa inicial de adoctrinamiento y la actual de crecimiento económico: “De lo que nos hemos dado cuenta con el pasar del tiempo, sobre todo con los secuestros con homicidios que tuvimos de sus mismos integrantes, es que hemos estado persiguiendo a los brazos operativos que están en los niveles más bajos”.

Ese tipo de secuestros Barros los describe como la etapa de “disciplina interna”, una suerte de primer tiempo, donde se fortalecieron los cimientos de la organización para que cada integrante supiera de lo que eran capaces si alguno se salía de la línea del grupo.

Entre fines de 2023 e inicios de 2024 fue el período más candente en este tipo de hechos, con cuatro secuestros y ejecuciones en pocas semanas: dos cuerpos que se encontraron en Rinconada de Maipú y otros dos en Acceso Sur, de San Bernardo.

Pero los secuestros, dice Barros, son solo manifestaciones externas que no van al fondo del asunto. “Hay muchas otras actividades que no están siendo visualizadas”, explica. Para ilustrarlo pone como ejemplo la explotación sexual de la cual el Tren de Aragua hoy está teniendo una participación importante.

La expansión

Para Barros, la expansión de este grupo no es nueva. Siempre estuvo pensado así. “Este momento de expansión se produjo hace rato, lo que pasa es que nosotros recién estamos logrando ingresar a conocer la estructura por dentro. Lo que hemos visto siempre durante todo este tiempo era cómo operaba por fuera. O sea, la consecuencia, que eran los secuestros, homicidios y extorsión”, dice el persecutor, quien se ha especializado en crimen organizado.

Parte de los motivos de por qué este grupo parece no extinguirse, explica el fiscal, se debe al fácil reemplazo de sus soldados y sus múltiples cabecillas. Si un capitán cae preso se pone a otro o este sigue dirigiendo desde la cárcel, como es el caso de Carlos “Bobby” Gómez, quien está en un recinto penitenciario de Colombia esperando ser extraditado para enfrentar la justicia en Chile.

Las extorsiones al comercio ligado a las fiestas no solo se han quedado en el barrio Bellavista. De acuerdo a fuentes policiales, en 2024 integrantes del Tren de Aragua atacaron el frontis de la casa de una productora de música electrónica de San Ramón con al menos ocho balazos. La productora era una mujer chilena que se había negado a pagar tributos a los venezolanos.

“Al Tren de Aragua hay que mirarlo como una empresa criminal, no como una simple organización que se dedica a secuestrar, extorsionar y matar. Es una estructura que también es comercial”, explica Barros, quien además es el coordinador nacional del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH).

En esos nuevos giros, el grupo criminal cobra tributos -o vacunas- de robos, prostitución e incluso de “permisos de trabajo” para motochorros venezolanos que se movilizan por la capital, sean o no del Tren de Aragua. Esta evolución criminal que está teniendo el grupo ha llevado a que busquen nuevos objetivos de secuestros, como fue el caso del empresario ferretero Jorge Vera. En ese plagio, que fue dirigido desde Colombia, llegaron a pedir hasta $ 1.000.000.000 para su liberación.

Para el fiscal Barros, la Operación Tokyo marca un antes y un después en el combate del crimen organizado. Por primera vez, comenta, se ataca de manera directa el corazón del Tren de Aragua. “Esta investigación hace un quiebre súper importante en la forma en que se estaba haciendo la persecución y hasta dónde habíamos logrado ingresar dentro de la estructura. Nos permitió ingresar al objeto que tienen las asociaciones criminales, que es lograr el lucro. Esa es su razón de ser”, afirma.

Justamente, el persecutor pone el acento en que la única forma de terminar con esta agrupación es atacando su patrimonio, su mercado y trabajando en conjunto entre todas las instituciones. “Yo siempre he sido optimista. Creo que, efectivamente, se puede golpear. Lo que pasa es que una de las cosas en las que hay que seguir trabajando fuerte es en que el Estado tiene que alinearse y ser una pared sólida. Las instituciones del Estado no pueden seguir operando de manera aislada, cada uno por su lado, cada uno escondiendo información, no queriendo mostrarle al otro lo que tiene”, plantea Barros.

Por ejemplo, dice el fiscal, el Estado debe hacerse cargo de qué pasará con los niños que son hijos de miembros del Tren de Aragua y que hoy están cursando educación escolar: “La pregunta es qué les vamos a ofrecer a nuestros niños para que no ingresen a estos mercados. Y ahora también hay hijos de estas personas que son pertenecientes al Tren del Aragua, que ya son de nacionalidad chilena, y hay que hacerse cargo de ver qué se va a hacer con ellos para que no ingresen a esta misma organización”.

La expansión de este grupo también incluye las franquicias que abren en agrupaciones como “los Mapaches”, los “Piratas” o incluso “El Enjambre”, grupo de asaltantes en motos que se movilizaba en Providencia y cuyo líder tuvo que huir a Estados Unidos tras ser perseguido para que pagara cifras superiores a $ 120 millones.

“Por ejemplo, en países como Estados Unidos, el consumo de prostitución es un delito. Acá ni siquiera hay control sanitario. Ese mundo está desregulado. Tampoco sabemos cuántos delitos quedan en cifra negra de las extorsiones”, explica el fiscal respecto a achicar algunos de los mercados que hoy están siendo explotados por este grupo.

El guardia enamorado

El adoctrinamiento del que habla Barros no solo se producía en los primeros años. Jhon Sterling Andrade Mina, guardia colombiano de una discoteca del barrio Bellavista, fue una de las últimas víctimas de estos procesos: fue ejecutado por integrantes del Tren de Aragua en la Cuesta Barriga, en Curacaví.

Quienes conocen de la causa comentan que el motivo del secuestro y posterior asesinato responde a un particular motivo. Andrade se enamoró de una mujer chilena que ejercía la prostitución en ese local, que hoy estaría tomado por el crimen organizado.

El colombiano acusó con sus cercanos que la chilena, con quien se involucró sentimentalmente, estaba siendo sobreexplotada para el ejercicio de la prostitución.

Su acusación, que también registraba en sus estados de WhatsApp, apuntaba directo contra Jesús Alejandro Astudillo, uno de los capitanes del Tren de Aragua y quien ejercía las extorsiones en ese local. El guardia, quien, por cierto, también tenía participaciones delictuales, decía que Astudillo estaba haciendo trata de blancas en el local donde trabajaba.

Astudillo, cansado de la actitud de Andrade, ordenó ejecutar al guardia colombiano con la colaboración de tres de sus secuaces. Fue secuestrado el 23 de marzo de este año y su cuerpo fue encontrado el 7 de abril en estado de putrefacción. Lo amarraron, golpearon y compartieron videos de su tortura.

Este crimen, que será uno de los hechos que relatará el fiscal Luis Barraza este domingo, dio origen a la investigación por extorsiones de locales nocturnos de Bellavista. El paradero de la trabajadora sexual es desconocido.