La comisión de Seguridad Pública del Senado se reunió este lunes en el salón consistorial de la Municipalidad San Bernardo para analizar “los riesgos a que se ven expuestas las autoridades de elección popular en el ejercicio de su cargo dentro del actual contexto del fenómeno delictual y presencia del crimen organizado”.

La instancia presidida por el senador Karim Bianchi realizó esta sesión en San Bernardo como una señal en favor del alcalde Christopher White, tras conocerse que existía un plan criminal para darle muerte.

Para tratar el tema fueron invitados el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; el delegado presidencial regional, Germán Codina; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, y el propio alcalde dueño de casa.

Además de Bianchi, asistió la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y los senadores Juan Luis Castro, Loreto Carvajal, Manuel José Ossandón, Cristián Vial y Paulina Vodanovic.

El reclamo del fiscal nacional

Al cierre de la sesión, de cara al debate sobre el Presupuesto 2027 que debe realizarse en semanas venideras, el fiscal nacional, Ángel Valencia, indicó su disconformidad con la propuesta que el Ministerio de Hacienda les entregó este lunes.

“La persecución del crimen organizado es cara”, enfatizó, manifestando que “es esperable” una mayor presión presupuestaria como consecuencia del trabajo que realizan a partir de nuevas estructuras como la Fiscalía Suprateritorial.

Valencia puntualizó que el presupuesto del Ministerio Público necesariamente va a aumentar para dar cumplimiento a la mayor dotación de fiscales que se aprueba en la ley de fortalecimiento de la institución y por la Fiscalía Supraterritorial.

“Sin embargo, se nos ha comunicado por parte del Ministerio de Hacienda en la propuesta de presupuesto que se nos entregó el día de hoy, que si bien se mantiene el presupuesto histórico del Ministerio Público en la generalidad de los ítems y el Ministerio Público va a tener el próximo año un aumento de su presupuesto, como es esperable, como consecuencia de la ley de fortalecimiento y de la Fiscalía Superterritorial, pero, sin embargo, las fechas de entrada en funciones de los fiscales y del resto del personal de apoyo que se encuentra previsto en la ley, está dilatada en el tiempo de una manera que no compartimos y no se condice ni con el informe financiero que iba acompañado en esos proyectos de ley, ni con la propuesta que habíamos hecho”, afirmó.

En esa línea, recalcó que el combate al crimen organizado no solo necesita una legislación apropiada, sino que, además, todas las instituciones involucradas cuenten los medios necesarios.

“Recuperar el control de los barrios”

En su exposición ante los legisladores, el ministro Arrau puntualizó que no es su cartera la institución que califica los riesgos individuales o asigna custodia de autoridades.

“Eso es el Ministerio Público y son las policías en esta función auxiliar quienes van haciendo evaluaciones de riesgo, actualizando fichas de riesgo de las diferentes personas que entran en esta dinámica”, precisó.

La autoridad indicó que “el Ministerio de Seguridad es quien coordina la labor, quien se asegura que las policías para sus diferentes funciones cuenten con los medios apropiados para ejecutar esa labor”.

“La cantidad de personas que están con algún grado de resguardo van desde personas en un número muy significativo en la Macrozona Sur, víctimas, autoridades, en fin, es una larga lista y que tienen diferentes estándares y medidas de protección, incluyendo autoridades, exautoridades, porque han sufrido algún grado de amenazas”, informó.

Arrau destacó que “es importante acá que no solamente el Estado persiga, proteja primero a la autoridad y persiga al autor material de la amenaza, sino que también se persiga el fenómeno y la organización, que es la que da origen a esta amenaza, a estas coerciones o coacciones”.

“Ayudar a recuperar el control de los barrios es lo que nos quita el sueño”, aseguró el ministro, indicando que frente a la “desesperanza” están impulsando una iniciativa “para demostrar que se puede hacer un cambio”.

Homicidios en la región

El gobernador Claudio Orrego, en tanto, abordó las cifras de homicidios comentando que 6,2 crímenes de este tipo por cada 100.000 habitantes “en el contexto regional no parece ser de lo peor”.

“El problema es que antes estábamos en 4,6. Entonces, efectivamente, hemos subido muchísimo en un lapso de cuatro años. Pero además, si uno le hace un doble clic a ese promedio, lo que termina ocurriendo es que uno se encuentra con comunas que tienen 0,3, 0,6, 0,8, se podrán imaginar cuáles son esas comunas, y hay otras comunas con 10, 12, 15, hasta el caso de La Pintana, tomo datos del año pasado, 20 homicidios cada 100.000 habitantes”, indicó.

Orrego planteó que la realidad territorial es muy distinta y “la inseguridad y el crimen organizado es un nuevo rostro de la desigualdad”.

Respecto a la reducción en los números, preguntó si la baja responde realmente a una derrota del crimen organizado.

“Creo que es una pregunta válida ¿O estamos en una fase donde ya hay consolidación territorial de parte del crimen organizado en algunas comunas, y eso significa menos muertos y menos cuerpos? Todos sabemos que lo primero es la lucha por el territorio, después es la consolidación y después es la corrupción y la infiltración. Entonces, ¿en cuál estamos? No me queda claro, ahora, en este momento", planteó.

Por su parte, el fiscal Valencia hizo ver que se están aplicando medidas que han dado “resultados muy positivos”.

“Y probablemente como consecuencia de esos resultados positivos, de ese esfuerzo, es que la delincuencia organizada intenta resistirse”, manifestó el fiscal nacional.