Hace unas semanas, un grupo de ejecutivos de OpenAI visitó Chile para llevar a cabo su primera “hackaton” en la región. Con ocasión de la visita, un grupo de profesores de diversas disciplinas de la U. de Chile que estudian la intersección con la tecnología fuimos invitados a una reunión previa en la Facultad de Ingeniería, instancia donde pudimos conversar sobre diversos aspectos de interés con el grupo de profesionales que, para nuestra alegría y orgullo, contaba con varios chilenos en sus filas.
En la jornada de conversación, la abogada Anna Makanju, vicepresidenta de la famosa startup, fue interrogada por varios profesores de la universidad sobre muchos aspectos que nos preocupan de la inteligencia artificial (IA) generativa. Una de las preguntas fue acerca de la regulación. La ejecutiva señaló que le preocupaba que los gobiernos buscaran una respuesta a los problemas de la tecnología en la ley, porque muchas veces la solución al problema se encuentra en la misma tecnología, atendiendo a su uso específico. En este sentido, la pregunta que ella se haría antes de intervenir por la vía legislativa sería: Where is the gap? (¿Dónde está la brecha?).
La conversación resulta de lo más pertinente, considerando que el Ejecutivo chileno envió al Congreso un proyecto de ley que regula la IA. Esta alternativa parece problemática, en primer lugar, porque la tecnología cambia rápido, y tramitar leyes que tengan en vista una tecnología específica podría dejarnos “institucionalmente” atados a un escenario que puede superarse y mejorarse rápidamente por la misma técnica.
En segundo lugar, buena parte de los expertos en la materia alrededor del mundo sugieren evaluar la dirección en que se despliega la tecnología, la forma y velocidad en que la usa la ciudadanía y cómo esta se incorpora a las dinámicas económicas y sociales; y con eso en vista, ensayar una combinación de soluciones que permitan una adaptación periódica, a través de un monitoreo permanente de las autoridades sectoriales que acusan recibo de los usos más riesgosos y a través de la dictación de normas de menor jerarquía que la ley.
En tercer lugar, un aspecto donde hay amplísimos grados de coincidencia en el foro global es en la necesidad de una gobernanza (advisory body), que puede ser de consulta, de asistencia o de decisión para las autoridades al más alto nivel, que pueda sugerir en qué sentido debe orientar el despliegue de poder. No es efectivo que regular, como lo ha hecho la UE, es la dirección en que se están moviendo los países.
Teniendo presente esta situación y juzgando la estrategia del gobierno en la materia, pareciera que el país ha decidido inclinarse por una opción en las antípodas del consejo de los expertos, promoviendo leyes para regular la IA y entregándole la supervisión del tema a la Agencia de Protección de Datos Personales, cuyo proyecto de ley se acaba de aprobar, pero que tendrá una vacancia de dos años una vez que la ley sea promulgada.
Esto se traduce en que dilataremos la gobernanza de una materia urgente a una fecha incierta, en un órgano que no ha sido creado de manera primordial para estos temas y que además deberá superar los difíciles desafíos de instalación e implementación, propios de una nueva institucionalidad.
Ejecutivo y Legislativo tienen incentivos para legislar, es la vara con la que se mide la eficacia de esos poderes. Sin embargo, no da lo mismo crear leyes que aparentan resolver problemas y que, en la práctica, no resuelven ninguno y, peor, solo profundizan los existentes.
Por Danielle Zaror, profesora Derecho U. Chile.
