Han pasado ya varias décadas desde el nacimiento del primer niño chileno concebido mediante técnicas de reproducción asistida. El desarrollo de estas técnicas no ha mejorado la natalidad en Chile que cae a un ritmo casi único en el mundo. Las proyecciones anuncian nuevas bajas, y el cierre de maternidades, la disminución en matrículas parvularias y cambios en el mercado de la vivienda evidencian sus efectos sociales y económicos.

En este contexto, han surgido propuestas para ampliar las alternativas reproductivas, incluyendo la maternidad subrogada. Sus defensores apelan al legítimo deseo de tener un hijo; sin embargo, por valioso que sea este anhelo, no puede cumplirse a expensas de la dignidad y los derechos de otras personas. La comparación con la adopción es reveladora: allí se prohíben contratos privados, se asegura la gratuidad y se evalúa la idoneidad de los adoptantes para proteger el interés superior del niño. En la subrogación, en cambio, se celebran contratos comerciales que obligan a la madre a entregar al niño, sin evaluar la idoneidad de quienes quieren ser padres. Basta con leer la prensa internacional para constatar cómo personas condenadas por abuso de menores han podido sin problemas procurarse niños a través de esta lucrativa industria.

La Relatora Especial de la ONU sobre venta y explotación de niños ha señalado que la subrogación comercial constituye venta de niños y que la llamada “altruista” entraña un grave riesgo de serlo. Además, investigaciones médicas alertan sobre mayores riesgos obstétricos y psicológicos para las gestantes —incluyendo depresión posparto y estrés postraumático— y complicaciones para los niños, como bajo peso al nacer, problemas de apego y mayor vulnerabilidad a enfermedades crónicas por alteraciones en el ambiente intrauterino.

El Parlamento Europeo ha condenado en numerosas ocasiones la práctica de la maternidad subrogada, y en 2023 la Declaración de Casablanca, suscrita por expertos de 75 países, llamó a su abolición universal. Tribunales como el Supremo español han afirmado recientemente que esta práctica cosifica a mujeres y niños, vulnerando su dignidad y libre desarrollo.

Frente a la crisis demográfica, es comprensible buscar soluciones técnicas; pero no toda innovación es ética. La maternidad subrogada —en cualquiera de sus formas— implica riesgos serios para la dignidad y los derechos de los más vulnerables. Si queremos que Chile sea un país que valora la vida y protege a sus hijos, debemos prohibir la maternidad subrogada y fortalecer las condiciones sociales, económicas y culturales que hagan posible y deseable la maternidad y la paternidad, sin abrir la puerta a mercados de niños bajo apariencia de progreso.

Por Javiera Bellolio A. y Enrique Oyarzún E., Centro de Bioética y Humanidades Médicas, Universidad de los Andes