El rasgo esencial de la sociedad moderna es el pluralismo, Occidente abandonó la idea de un orden fundado en ciertas verdades y lo reemplazó -para bien o para mal- por la coexistencia de distintas concepciones del ser humano, de sus relaciones e incluso de la realidad misma. Así surgió el desafío de lograr que los distintos puedan vivir en paz y armonía, como iguales. Ello supuso un nuevo acuerdo que reemplazara el precedente, que era de naturaleza sustantiva, por otro que es esencialmente procedimental.

Así, podríamos decir, que la nuestra es una sociedad de reglas y solo el respeto a esas reglas hace posible dirimir los desacuerdos de manera pacífica, permitiendo que exista unidad en la diversidad. La titularidad del poder y su ejercicio queda sometida a las reglas del sistema democrático; la verdad científica, a su determinación por el método respectivo; y la culpabilidad o inocencia frente a la imputación de haber incumplido la ley, mediante la resolución que el Tribunal competente determine, aplicando las reglas de un justo y racional procedimiento.

Cualquier estudiante de Derecho aprende en sus primeros años a distinguir entre la verdad material y la judicial. Respecto de la primera, cada uno tiene el legítimo derecho a tener una opinión; pero es la segunda la que se impone en las relaciones sociales, aquella cuyo respeto es obligatorio e incuestionable, porque de ello depende nuestra capacidad de vivir en paz y que el poder sea contenido en su tendencia natural al arbitrio.

Por todas estas consideraciones mínimas, básicas para cualquier persona o institución que ejerza roles de responsabilidad en el medio público, es que el primer deber de miembros de una sociedad democrática es aceptar de buena fe, en la forma y en el fondo, que todos los acusados en el llamado caso SQM son inocentes de todos los delitos que se les imputaron, porque así lo estableció el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Es verdad que aún no conocemos el fallo y que la resolución sigue siendo provisional, pero eso no merma el deber que el conjunto de la sociedad tiene de acatarla en todos sus efectos, especialmente en lo que se refiere al respeto al Tribunal y al trato que merecen los absueltos. Desgraciadamente, la primera reacción de algunos medios de comunicación ha sido dar espacio sin contrapeso a ex fiscales, políticos y opinólogos, que se han dedicado a descalificar a las juezas, a insistir en la culpabilidad de los acusados y a sembrar un manto de duda sobre la sentencia.

El ex fiscal Carlos Gajardo reaccionó de inmediato asegurando que este fallo es la expresión de un acuerdo político de impunidad, que la resolución es incomprensible y que da lo mismo lo que diga el fallo, los hechos están acreditados. Por cierto, el señor Gajardo tiene todo el derecho a tener su opinión y expresarla, pero un mínimo de lealtad al sistema democrático y al Estado de Derecho debiera llevarnos a comprender que para efectos civiles y políticos solo existe una verdad: la judicial.

Por Gonzalo Cordero, abogado