En una votación preliminar -que terminó siendo un vaticinio de lo que ocurrió al final-, en primer término, la Cámara de Diputados desechó por 111 votos a favor la llamada cuestión previa invocada por el abogado defensor del suspendido juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

El resultado era un revés contundente para la defensa del magistrado, ya que implicaba que ningún legislador de los que estaba presente a esa hora en la sala, le dio validez a las quejas formales presentadas por el abogado Felipe Lizama para echar abajo al libelo impulsado por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

Ello solo alargó una agonía del juez de la Suprema, quien no concurrió a la sesión. Pues horas después, en una votación inédita, la Cámara aprobó por unanimidad de 132 votos a favor la acusación de fondo a Simpertigue, que se basa en tres capítulos relacionados con las faltas a la probidad en el ejercicio de la magistratura.

Ahora corresponde que la Cámara Alta se constituya en un jurado para resolver el próximo lunes 22 el desenlace de este juicio constitucional, que de ser aprobado por la mayoría en ejercicio de los senadores (26 votos), implicaría la destitución de Simpertigue y su inhabilidad para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.

Alegatos de forma

En la parte inicial de la sesión del lunes, el abogado Lizama alegó supuestos vicios de forma de la presentación en contra de Simpertigue que decían relación con una eventual falta de garantía en el proceso, dado el poco tiempo que, según afirmó, se tomó la comisión revisora para analizar el libelo.

Una de las quejas del defensor era que la Cámara pretendía votar esta acusación en la víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que finalmente no ocurrió, pues la votación se trasladó para este lunes.

El abogado, sin embargo, no se quedó únicamente en consideraciones formales, sino que lanzó dardos en contra de varios diputados en particular, entre ellos los diputados UDI, Marco Antonio Sulantay y Henry Leal, que a su juicio adelantaron su parecer respecto del libelo.

A juicio de algunos legisladores de derecha, esa crítica fue un error estratégico del defensor, pues al final esas frases molestaron a la oposición que se alineó en bloque en favor del escrito impulsado por diputados del oficialismo.

Lizama no se quedó ahí. En una jugada que causó extrañeza, comparó el caso de Simpertigue con la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, el que le costó el cargo a la senadora Isabel Allende (PS) y a la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), por haber suscrito un contrato -en su calidad de propietarias del inmueble-, siendo una, parlamentaria, y la otra, secretaria de Estado, respectivamente.

Aludiendo veladamente a que nadie persiguió la responsabilidad del Presidente Gabriel Boric en el episodio, Lizama afirmó: “Como estamos en Chile, el hilo se corta por lo más delgado... ¡Qué curiosa paradoja, presidente! Me recuerda otros casos en los que ha habido muchas firmas de actos administrativos, muchas moscas de actos administrativos, y sin embargo, quienes suscriben esos actos administrativos no quieren responder”.

Argumentos de fondo

Rechazada de forma unánime la cuestión previa, el abogado pasó al fondo de la acusación para desechar los tres capítulos en los que se sustenta la acusación.

El primero apunta a la presunta responsabilidad del acusado por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención, e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec.

“Lo cierto, y esto es importante, es que el ministro Simpertigue conoció de dos resoluciones que son muchísimo posteriores a la sentencia que da a lugar el reproche, dicho en otras palabras, la sentencia de la Corte Suprema que acogió el recurso de protección en contra de Codelco no tuvo la participación del ministro Simpertigue”, sostuvo.

Ante el segundo capítulo, que plantea la responsabilidad del ministro por haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales, Lizama señaló que “basta decir preliminarmente que don César Maturana fue nombrado notario interino en la primera notaría de San Miguel el 18 diciembre del año 2020. Y, por lo tanto, es cosa de recordar que el ministro Simpertigue asumió como ministro de la Corte Suprema el año 2022, y en esa calidad ya hay una cuestión ontológica en la que podemos decir: ¿cómo podría un ministro que ni siquiera está en la Suprema poder intervenir para un nombramiento de un notario interino”.

Por último, en el tercer capítulo, que responsabiliza al juez de haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta, el defensor también lo negó. “Resulta que en ese pleito, en ese litigio, no aparece en ninguna parte de las actuaciones procesales tendientes a ese recurso de casación de Fundamenta, los abogados señores Eduardo Lagos y Mario Vargas como patrocinantes, no están en el expediente, no son abogados de la causa, tanto así que después la empresa dijo que los contrató para otros fines, pero no para la defensa procesal del arbitrio en estudio”, manifestó.

Pese a los esfuerzos del abogado, la Cámara igualmente cursó la acusación, con lo cual, el proceso quedó en manos del Senado.

Posteriormente, la Cámara designó a los diputados Carolina Tello (FA), Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Rathgeb (RN) como los encargados de fundamentar la acusación ante la otra rama del Congreso.