Abren otra causa penal contra ministra Siches por “omisión de denuncia” a camioneros que cortaron rutas

La ministra del Interior Izkia Siches ya es investigada luego que se presentaran otras denuncias en su contra por su rol en el Gobierno.

El juez Mario Cayul declaró admisible una querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, lo que determinó que se enviaran los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para que realice las diligencias de rigor. El activista ecológico -que en el pasado ha liderado acciones judiciales en contra del expresidente Sebastián Piñera y sus excolaboradores- pide que se cite a declarar a la jefa de gabinete para explicar por qué al conocer del corte de carreteras no invocó de inmediato la ley para resguardar el orden público. Esta causa se suma a la que se tramita por sus dichos de los "vuelos fantasma" de expulsados a Venezuela.




Ya se ha convertido en un querellante muy conocido en la arena judicial. Y es que el abogado Luis Mariano Rendón desde hace dos años viene presentando una serie de querellas que apuntan a distintas autoridades de gobierno. En el pasado lo hizo pidiendo a la justicia que se investigue al expresidente Sebastián Piñera y sus colaboradores por delitos de lesa humanidad tras el estallido social y que determinaron aperturas de causas criminales. Ahora, su blanco cambió y es la actual administración de Gabriel Boric, en particular su jefa de gabinete, la ministra del Interior, Izkia Siches, contra quien presentó una acción judicial por el delito de omisión de denuncia.

El libelo fue declarado admisible por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Mario Cayul y se remitieron los antecedentes para la apertura de una investigación penal en la Fiscalía Centro Norte. En el texto, Rendón acusa que “la querellada ha omitido presentar denuncia penal” en contra de los camioneros que cortaron rutas los últimos días del mes de abril. A su juicio, concurría en el caso de la secretaria de Estado la obligación de -en un plazo de 24 horas- denunciar los hechos constitutivos de delito ante la justicia, lo que no habría ocurrido.

“Como es de público conocimiento, a partir de las 0 horas del día lunes 25 de abril de 2022, organizaciones de camioneros convocaron a un paro de sus actividades, paro que ha incluido corte de diversas carreteras del país. Estos cortes han implicado la interrupción total de las vías en diversos puntos, mediante la interposición de vehículos de carga en ellas, como puede apreciarse en esta imagen de TVN, correspondiente a la Ruta 5, la principal carretera del país, en el sector El Panul, en la Región de Coquimbo”, se lee en la querella en la que se adjuntan pantallazos del noticiario.

Dichas conductas, a juicio de Rendón, configuran un delito tipificado en el Código Penal que sanciona a quien “sin estar autorizado interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”.

El problema, plantea el abogado en su acción judicial, es que la ministra Siches, “pese a estar en conocimiento desde la primera hora de los hechos ilícitos cometidos por los camioneros en paro y pese a ser su obligación fundamental la mantención del orden público, la querellada ha omitido presentar denuncia penal contra los responsables dentro del plazo de 24 horas que establece el Artículo 176 del Código Procesal Penal, configurándose así la conducta tipificada objeto de esta querella”.

Autoridades al banquillo

Entre las diligencias que solicita Rendón al Ministerio Público está que se cite a declarar a la jefa de gabinete en calidad de imputada, y además “se ordene a Carabineros de Chile remitir copia de los informes enviados al Ministerio del Interior acerca de la movilización de camioneros desde su inicio”. Asimismo, que el fiscal que tome el caso le pida “al Ministerio del Interior entregar copia de todos los informes recibidos de las policías o de otros organismos públicos durante los días 25 y 26 de abril en relación a la paralización de camioneros”.

Pero esta no es la primera vez que Siches enfrenta una acusación de este tipo ante la justicia. Conocido es el episodio que protagonizó el 6 de abril, cuando en medio de una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara dijo que había identificado que uno de los aviones de expulsión de migrantes venezolanos en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera había retornado a Chile con todos sus integrantes a bordo. ““¡Es algo gravísimo! La cantidad de recursos que implica trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero. ¿Dónde están esas personas que tienen indicación judicial de expulsión?”, acusó. Sin embargo, horas más tarde tuvo que salir a ofrecer disculpas al darse cuenta de que tal situación nunca había ocurrido. Ese acontecimiento sería considerado como un gran traspié de la titular de Interior, lo que generó críticas de sus adversarios políticos, pero también de su propia coalición.

Un abogado viñamarino se dio cuenta de un dato que le permitió interponer una acción ante la fiscalía que determinó la apertura de la primera causa penal por “omisión de denuncia” en contra de la jefa de gabinete. Y es que en medio de su intervención en la sesión en el Congreso, y debido a que ya decía que eran hechos “gravísimos”, no realizó denuncia alguna cuando se enteró de estos antecedentes que había recibido -según explicó el propio gobierno- el 25 de marzo en medio de una reunión con el Servicio Nacional de Migraciones, responsabilizando de ello a una de sus funcionarias.

El reconocimiento de esto último visó entonces la denuncia y la apertura de una indagatoria que es llevada adelante por el fiscal de Alta Complejidad de Valparaíso, Claudio Rebeco.

Cercanos a la ministra Siches sostienen en privado que todas estas causas que se comenzaron a abrir es una situación que le preocupa y ha estado buscando una defensa que no tenga que ver con sus labores en Interior. Ahí suena fuerte el nombre del penalista Juan Pablo Donoso, hijo de Alejandra Krauss, la exministra del Trabajo de Michelle Bachelet.

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