Acusación constitucional contra Marcela Ríos: de qué se acusa a la exministra de Justicia y quién presentó el libelo

La exminista de Justicia, Marcela Ríos.

El libelo ya fue evacuado el martes por la comisión revisora, que recomendó a la Sala -aunque de manera no es vinculante- que rechace el escrito. De optar los diputados por esta opción, sería el tercer juicio político en contra de un ministro o exsecretario de Estado del Presidente Gabriel Boric que se cae en la Cámara Baja.


Tercera acusación constitucional en menos de un año. Ese es el número de veces en que oposición y gobierno han estado enfrentados en el Congreso Nacional en medio de estos juicios políticos, donde se ha buscado desbancar a tres ministros o exsecretarios de Estado del Presidente Gabriel Boric.

Al líbelo en contra de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, y al del actual jefe de la cartera de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (ambos rechazados en la Cámara), se suma el presentado por Chile Vamos en contra de la extitular de Justicia, Marcela Ríos, que será analizado este miércoles en el Hemiciclo.

El escrito tuvo la firma de diez diputados de la coalición opositora, incluyendo la rúbrica de los jefes de bancada de los tres partidos: Jorge Alessandri, de la Unión Demócrata Independiente (UDI); Andrés Longton, de Renovación Nacional (RN) y Francisco Undurraga, de Evolución Política (Evópoli).

A ellos se suman Diego Schalper y Sofía Cid por RN, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez y Cristián Labbé de la UDI.

La acusación se desglosa en dos capítulos. En el primero se le atribuye a Ríos una infracción al artículo 6 de la Ley N°18.050. Dicha figura penal fue invocada por el otorgamiento de indulto al exfrentista Jorge Mateluna “y a otros seis indultados que cumplían condena por hechos delictivos circunscritos al denominado estallido social”.

Incluso, la decisión del Presidente Gabriel Boric de otorgar los indultos motivó a que la oposición se bajara de la mesa de seguridad liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En el segundo capítulo se le imputa a la exministra -quien renunció el 7 de enero en medio de la polémica por los indultos- una “falta de control jerárquico en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la Macrozona Sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente”.

En este apartado, se cita una serie de beneficios carcelarios, de distinta naturaleza, a cuatro reclusos en la Macrozona Sur: José Tralcal, Luis Tralcal, Celestino Córdova y Víctor Llanquileo.

Los cuatro individuos, sostienen los acusadores, no cumplían los requisitos para tal beneficio y responsabilizan a la ahora exministra de Justicia en su calidad -en ese entonces- de jefa de la cartera a cargo de Gendarmería de Chile.

Señal del Partido Republicano

El martes, en la víspera de que hoy la Sala revise el líbelo, la comisión revisora había desestimado la procedencia de la acusación constitucional, proponiendo al resto de los diputados que la rechacen.

Dando una señal, el diputado Benjamín Moreno, representante del Partido Republicano en la instancia, votó en contra de la acusación.

La decisión que tomara el republicano en esa instancia era clave para vaticinar el futuro que podría tener en la Sala el líbelo acusatorio, pues con los votos de Chile Vamos no basta para aprobar la arremetida en contra de la militante de Convergencia Social. Es decir, se pone cuesta arriba que logre pasar al Senado.

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