Comisión de Ética presidida por Campillai da golpe de timón y pide a senadores explicar citas en casa de Zalaquett

Un plazo de 20 días hábiles tendrán los 10 senadores en ejercicio que concurrieron a “diálogos” con empresarios en la casa del exalcalde y lobbista, Pablo Zalaquett (UDI), para que aclaren ante la Comisión de Ética de la Cámara Alta sus razones para no transparentar estos encuentro en los registros obligatorios dispuestos por la Ley de Lobby.

Tras la fuerte presión política y social, la instancia disciplinaria que preside la senadora independiente Fabiola Campillai acordó este martes iniciar un procedimiento de verificación de antecedentes, a partir de las revelaciones de Ciper Chile y de otros medios de comunicación.

Hasta el momento, solo se sabe que los senadores Juan Antonio Coloma (UDI, actual presidente de la corporación), Rodrigo Galilea (RN), Jaime Quintana (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD), José Miguel Insulza (PS), Paulina Vodanovic (PS), Matías Walker (Demócratas), Ximena Rincón (Demócratas), Ximena Órdenes (PPD) y Sergio Gahona (UDI), asistieron al menos a una de las reuniones organizadas por el lobbista en su residencia privada.

Al término de la reunión de la Comisión de Ética del Senado, sus integrantes se excusaron de dar detalles de los acuerdos adoptados este martes. Sin embargo, la presidenta de la instancia, la senadora Campillai dio una señal pública y reiteró su compromiso con la transparencia de la institución.

“Como senadora independiente y presidenta de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, asumo el compromiso de trabajar en los esfuerzos destinados a garantizar el cumplimiento riguroso de la Ley del Lobby y el reglamento de la corporación. Para lograrlo, nos enfocaremos en la recopilación exhaustiva de antecedentes y el estricto cumplimiento de los plazos establecidos. Nuestra meta es actuar de la mejor manera posible, asegurando nuestra independencia y respeto de la normativa vigente para fortalecer la ética y la transparencia en la gestión legislativa”, dijo la parlamentaria, quien tras ser elegida asumió un compromiso para terminar con las malas prácticas que se le achacaban al Senado de la República.

Precisamente el rol de la senadora metropolitana, quien es víctima de violencia policial, se ha convertido en un factor que genera expectación por la determinación que adoptará la instancia disciplinaria del Senado, que históricamente ha sido reticente a aplicar sanciones a los legisladores.

Además de Campillai, esta comisión es integrada por el DC, Iván Flores, quien ha cuestionado estas reuniones y pidió públicamente revisar las eventuales faltas de sus pares. “Lo que estamos haciendo en la comisión es revisar la ley y el reglamento del Senado… Estamos partiendo en un proceso que nos va a permitir mejorar. Todo este lío que ha habido va a traer una correcta aplicación de la norma. Estamos trabajando en eso”, dijo sugerentemente Flores.

En este grupo de supervigilancia ética también participa el PS Juan Luis Castro, la UDI Luz Ebensperger y la independiente republicana Carmen Gloria Aravena (quien es parte de un colectivo que ha sido particularmente severo en contra de estas citas en la casa de Zalaquett).

Por lo tanto, en vista de la composición de la instancia disciplinaria existe una alta probabilidad de que, en esta ocasión, se apliquen medidas estrictas a los senadores que no reportaron debidamente las citas con empresarios.

De acuerdo a la legislación y al reglamento de la Cámara Alta, los legisladores que hayan incurrido en una falta por no transparentar reuniones con lobistas y grupos de interés se arriesgan a “una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de sus remuneraciones o dieta, cuando corresponda”, dice la Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios. Es decir, la sanción puede fluctuar entre $646 mil pesos a $1,9 millones, lo que va aparejado, además, de un reproche público.

Según la normativa, además del plazo de veinte días hábiles para que el afectado conteste el requerimiento de la comisión, puede darse un período probatorio de ocho días hábiles.

Luego de ello, la comisión deberá dictar la resolución final dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se evacuó la última diligencia.

Las sanciones aplicadas por la Comisión pueden ser reclamables ante la mesa de Senado, que hoy preside Coloma hasta marzo.

A raíz de la polémica, la semana pasada, la Cámara de Diputados ya tomó cartas en el asunto y, a través de su respectiva Comisión de Ética, abrió un expediente, con el acuerdo unánime de sus nueve miembros (desde el PC a los republicanos).

Por su parte, la Contraloría, tras una fuerte presión política, también reveló que el viernes 5 de enero ofició a los ministros que han reconocido haber asistido a la casa de Zalaquett, en vista de que el órgano administrativo es el que recomienda las multas en el caso de las autoridades de gobierno.