Hace algunos días, mientras se encontraba de vacaciones, José Antonio Kast activó una gestión que en el Senado fue leída con recelo.

El presidente electo pidió a su jefa de gabinete, Catalina Ugarte, contactar a los jefes de comité de la Cámara Alta para una reunión telemática: María José Gatica (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Gustavo Sanhueza (UDI). El objetivo era conversar sobre la conformación del primer año de la mesa del Senado 2026.

Las respuestas no fueron las esperadas. Según distintas fuentes, Gatica transmitió que no estaba disponible hasta inicios de marzo. Cruz-Coke también se habría “excusado”: en su entorno señalan que en los últimos días estuvo de vacaciones y sin señal. Con ese resultado, el contacto con Sanhueza no se habría concretado.

En el entorno del futuro mandatario aseguran que la negativa generó molestia: fue interpretada como un desaire. La actitud irritó al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. Sin embargo, en el Senado la lectura fue distinta. Parlamentarios de distintas bancadas recuerdan que la definición de la mesa es una atribución que históricamente se ha resguardado como decisión autónoma de la corporación. “El Ejecutivo debe confiar en los senadores”, es una frase que se repite en privado.

Algunos van más allá y sostienen que la gestión expuso innecesariamente a Kast. A su juicio, intentar abrir esa discusión fuera de los canales habituales denotó una falta de manejo político, donde las negociaciones tienen sus tiempos y códigos propios.

La decisión de Kast de involucrarse en la elección de la mesa del Senado recordó, entre algunos parlamentarios de derecha, el fallido intento que tuvo el exministro Giorgio Jackson (FA). A inicios de este gobierno el exministro Segpres de Boric quiso involucrarse en esas tratativas y, en vez de resolver la negociación, solo la complicó y sumó a su historial un error político cuando recién estaba comenzando su gestión.

El episodio ocurre en medio de una batalla soterrada por la distribución de las presidencias durante los cuatro años legislativos.

Aunque Claudio Alvarado ha asumido un rol de supervigilancia política, son las bancadas las que deben alcanzar un acuerdo que amarre cupos por partido y deje a cada colectividad la definición de sus nombres. El cuadro es complejo: por ahora, son más de cuatro partidos en el futuro oficialismo y aún no está claro cómo se integrará la oposición, ya sea con presidencias o vicepresidencias.

Para el primer año, las opciones que circulan son tres: Paulina Núñez (RN), Javier Macaya (UDI) o una continuidad de Manuel José Ossandón (RN). Esta última alternativa no sería mal vista en la Oficina del Presidente Electo (OPE) e implicaría que republicanos ceda su cupo de la presidencia a RN.

Núñez, con todo, aparece con ventaja. Pero el “desaire” tensionó el tablero. Senadores republicanos podrían restarle apoyo y la representante libertaria, Vanessa Kaiser -según distintas fuentes- no estaría plenamente convencida de respaldar su nombre.

En ese escenario, Macaya asoma como carta alternativa. Pero el problema es de base: aún no está definido a qué partido le corresponde el 2026 y ese vacío explica parte de la incomodidad que generó la intervención del futuro jefe de Estado.

Ossandón, quien este martes se reunió en la OPE con Alvarado, tiene otra postura. En conversación con La Tercera, sostiene que Kast debe ser parte de la definición.

“Yo fui el que presentó al comité RN el nombre de Paulina Núñez. Por tanto, no estoy compitiendo con ella. (Será) cuando le toque el cupo, si hubiera acuerdo. Pero lo que a mí me parece impresentable es que RN se niegue a dos años de presidencia cuando el presidente electo con republicanos están haciendo un acto generoso. Esto debería pasar por una reunión con los jefes de comité, presidentes de partidos y el futuro Presidente de la República. Yo estoy dispuesto a lo que el presidente electo diga”, aseguró.