La filtración de la conversación entre el Presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, quien además es exesposa del fundador de ProCultura, Alberto Larraín, generó un revuelo en el mundo político.

Este sábado, el jefe y la subjefa de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado y Carla Morales, solicitaron al Servicio Electoral (Servel) que se revisen los antecedentes que vinculen a Boric con la Fundación ProCultura.

Además, solicitaron que el organismo evalúe si debe ejercer la acción penal por presunto financiamiento ilegal de su campaña.

Es así que la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ofició al Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), encabezado por Pamela Figueroa, solicitando que se imponga de los antecedentes que podrían configurar un eventual delito de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Gabriel Boric, a raíz de los hallazgos del caso ProCultura.

El documento, firmado por Mellado y Morales, enfatiza en que el Ministerio Público ya habría elaborado un informe que da cuenta de la posible inyección de dineros provenientes de convenios con la Fundación ProCultura a la campaña presidencial del actual mandatario. Estos hechos, que fueron revelados a través de la interceptación de comunicaciones telefónicas autorizada judicialmente, están siendo investigados por la Fiscalía Regional de Coquimbo.

“El caso ProCultura ha dejado de ser solo un escándalo administrativo para convertirse en un asunto penal de la máxima gravedad. Las investigaciones apuntan a un eventual financiamiento irregular de la campaña presidencial del Presidente Boric, con dineros públicos triangulados desde una fundación estrechamente vinculada a su círculo personal” indicó el diputado Mellado.

Además señaló que “el Servel no puede seguir mirando al techo frente a indicios tan serios que comprometen la legitimidad misma del mandato presidencial".

Por su lado, la diputada Carla Morales agregó que “la ciudadanía merece saber si su Presidente llegó a La Moneda con recursos obtenidos de forma ilícita. Lo que está en juego no es solo la transparencia electoral, sino la confianza básica en nuestras instituciones".

En el oficio señalaron que “este hallazgo investigativo es de total relevancia para este Servicio Electoral, organismo autónomo a cargo de velar por la integridad electoral y el correcto funcionamiento de los partidos políticos en nuestro país, puesto que daría cuenta de ilícitos respecto de los cuales la legislación le ha encomendando la legitimación exclusiva para el ejercicio de la acción penal (...)“.

Se menciona también que “dada las altas investiduras envueltas en los hallazgos investigativos, es absolutamente necesario, para la objetividad de todo proceso electoral y para la plena confianza de la ciudadanía, posibilitar que se ahonde en la investigación penal de los hechos, más cuando existe un importante antecedente conclusivo desde el Ente Persecutor“.