Este domingo, los parlamentarios Karen Medina (Ind-PDG) y Roberto Arroyo (PSC) solicitaron más antecedentes al Ministerio de Seguridad Pública y a la Policía de Investigaciones (PDI) tras la detención de un exfuncionario imputado por tráfico de ketamina.

En concreto, solicitaron información sobre los protocolos, las medidas preventivas y la supervisión interna en pasos fronterizos.

Cabe recordar que Andrés Eduardo Quezada Hidalgo, exfuncionario del Departamento de Migraciones de la PDI, fue detenido con 1,2 kilos de ketamina en el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota.

En ese sentido, la diputada Karen Medina enfatizó que “como representantes de la ciudadanía, es nuestra obligación asegurarnos de que los protocolos de control y supervisión de funcionarios sean rigurosos y efectivos".

Explicó que “solicitamos información completa sobre medidas preventivas, auditorías de conducta y mecanismos de detección de irregularidades en pasos fronterizos, para garantizar que hechos como los registrados no se repitan”.

La diputada por el Biobío agregó que “es fundamental que el Ministerio y la PDI nos detallen los controles internos aplicados desde 2024, así como las acciones adoptadas frente a posibles alertas previas sobre la conducta de funcionarios. No podemos permitir que la vulnerabilidad de estos sistemas comprometa la integridad institucional ni la seguridad de los ciudadanos”.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, destacó que “el caso de Quezada Hidalgo expone falencias estructurales graves en la supervisión del personal en zonas críticas del país. Este tipo de situaciones erosiona la confianza en las instituciones y demuestra la urgencia de fortalecer los controles internos, la capacitación y la transparencia en todos los recintos fronterizos”.

Arroyo añadió que “es imprescindible que los procedimientos disciplinarios sean claros, eficientes y aplicados con celeridad, y que se implementen medidas adicionales de prevención y monitoreo”.

“No basta con reaccionar ante delitos consumados; necesitamos un sistema que impida que se generen oportunidades para que se repitan”, concluyó.

Según los diputados, la investigación reveló que el imputado habría repetido el mismo modus operandi en cuatro episodios previos entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Tras la formalización, Quezada quedó en prisión preventiva, mientras que su cómplice, Úrsula Durán Cepeda, quedó con arresto domiciliario nocturno y prohibición de salida del país.