El primer gran error comunicacional del gobierno se terminó de configurar en cosa de horas. Si durante la tarde del martes el relato de un “Estado en quiebra” ya había encendido críticas en la oposición -que lo llevó rápidamente al debate en el Congreso-, el golpe decisivo vino desde las propias filas del Ejecutivo. Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien desarmó públicamente la tesis.

Desde Valparaíso, tras la aprobación del paquete para contener el alza de los combustibles -el primer triunfo legislativo del gobierno-, el jefe de la billetera fiscal marcó distancia con el tono que había instalado La Moneda. “Jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, sostuvo.

La incomodidad, en todo caso, ya se venía incubando en Palacio. En privado, varios reconocían que el mensaje había cruzado una línea, sobre todo porque en términos económicos “quiebra” se utiliza asociado a escenarios de default, que en términos internacionales sugieren incumplimientos de obligaciones monetarias del país.

“La lógica republicana volvió a salir en ese post”, se comentaba en el sector, en alusión al tono más confrontacional propio de campaña. Otros, en la misma línea, advertían que no es lo mismo comunicar desde la oposición que desde el gobierno. “Esto es comunicación de gobierno, no comunicación política”, repetían algunas voces, apuntando a la necesidad de moderar el estilo ante la responsabilidad de conducir el Ejecutivo.

El origen del mensaje no estuvo solo en redes sociales. La idea de un país en bancarrota venía contenida en una minuta de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), liderada por Felipe “Yeti” Costabal, donde se afirmaba: “Encontramos un Estado en la quiebra. En 4 años, nos endeudamos por más de 40 mil millones de dólares. Y la caja del Estado la dejaron completamente vacía”.

En ese escenario, en el Ejecutivo transmiten que el director de comunicaciones del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, asumió la responsabilidad por las publicaciones oficiales que replicaron ese diagnóstico. Si bien los textos y mensajes los trabaja un grupo de personas, es él quien visa el contenido que se hace público.

Por lo mismo, en más de una instancia interna, según comentan en el Ejecutivo, Valenzuela asumió como propio el error.

Así, con el correr de las horas, el gobierno optó por retroceder. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, a primera hora tomó distancia y se alineó con Quiroz.

Además, se eliminaron tanto las gráficas como el video difundido en las cuentas institucionales del Gobierno de Chile. Sin embargo, no todo el contenido fue bajado: aún permanece, por ejemplo, un registro del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, en el que señala que la administración anterior los dejó “sin plata”.

Más allá del ajuste, en el oficialismo reconocen que el problema no era el diagnóstico de fondo -la estrechez fiscal es compartida y el propio Quiroz ha exhibido cifras sobre el aumento de la deuda y la caja fiscal heredada-, sino la forma en que se comunicó.

Puertas adentro admiten que hablar de “quiebra” no resiste un chequeo riguroso y abre flancos innecesarios, tanto en el plano político como económico.

El punto no es menor. El relato sobre el déficit fiscal se venía trabajando desde la campaña y tenía un objetivo claro: preparar el terreno para ajustes y moderar expectativas de gasto. Pero siempre fue visto como un arma de doble filo. Un tono excesivamente sombrío, advertían personeros del propio oficialismo, podía terminar afectando la percepción de estabilidad y, con ello, el clima de inversión.

En el gobierno sostienen que parte de la polémica se sobredimensionó por una lectura “literal” de la oposición sobre el significado económico del concepto “quiebra”, que a lo que apuntaban es que “no hay plata”. Con todo, el borrado de los contenidos y la corrección pública de Quiroz operaron como un llamado de atención interno sobre los límites del relato y el peso de ciertas definiciones en áreas tan sensibles como la economía.

El episodio, además, abrió un flanco institucional. Al cierre de esta edición, la Contraloría General de la República ofició a la Segegob para requerir antecedentes sobre las publicaciones en redes sociales.

Entre otros puntos, solicitó información sobre el uso de recursos públicos, el personal involucrado y el sustento normativo y fáctico de los mensajes, con un plazo de cinco días hábiles para responder.

Así, el hecho se transformó en el primer enfrentamiento entre el organismo fiscalizador y el Ejecutivo.

Pero no solo hubo reparos desde ese organismo. La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, también reprochó el concepto. “No es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal”, manifestó.

Otros reparos

El episodio del Estado en “quiebra”, en todo caso, no es el único frente que ha tenido que sortear el equipo de comunicaciones de Kast.

Como es habitual en cada administración, también recibieron críticas hace unos días debido a la estrategia de “copamiento” de medidas. Esto, debido a que han anunciado, en muy breve tiempo, varias iniciativas a la vez. Un diseño que, de todas formas, en Palacio defienden.

Además, el estilo de trabajo también ha generado inquietud entre las distintos equipos comunicacionales del gobierno, ya que Valenzuela y la Secom -acusan inquilinos del Ejecutivo- controlan en “exceso” a las distintas carteras.

Un estilo que, en todo caso, vienen implementando desde la formación del Partido Republicano.