Vicepresidencias de la Mujer y Frentes Feministas del progresismo y el centro democrático manifestaron en conjunto su oposición al proyecto de ley “Escucha su corazón”. “Ni un paso atrás en derechos. El acuerdo de las tres causales se respeta”, declararon.

Sostienen que la iniciativa, impulsada por diputados oficialistas y del Partido Nacional Libertario, en lugar de informar, coaccionaría.

“Al disponer que, si la mujer declina escuchar los latidos, el médico deberá negarse a practicar la interrupción, convierte un supuesto ofrecimiento en un requisito para acceder a una prestación legal, y transforma el consentimiento informado en un mecanismo de coerción, tal como advierten el Colegio Médico y la Organización Mundial de la Salud”, emplazaron.

Es así que, con un documento titulado “Escuchen a las mujeres”, vicepresidencias de la Mujer y los Frentes Feministas del Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical y el Partido Comunista de Chile llaman al poder Legislativo a rechazar la idea de legislar este proyecto.

Las políticas apuntan a la defensa de la Ley 21.030, de las tres causales. “No es patrimonio de una coalición: es un acuerdo social e institucional aprobado por el Congreso, validado por el Tribunal Constitucional y reglamentado bajo control de la Contraloría. Cerca del 83% de la ciudadanía apoya la legalidad del aborto al menos en estas causales. Legislar contra ese consenso es desoír a la mayoría del país”.

Así, advierten que 6.249 niñas y mujeres se acogieron a la ley entre 2018 y 2025, y que “cerca del 85% mantuvo su decisión: no hay dudas que un dispositivo adicional deba resolver“.

En esta línea, precisaron que un 51% de los casos correspondería a inviabilidad fetal letal, y que de acuerdo con el Diagnóstico 2025 de la Defensoría de la Niñez, 88% de las 89 interrupciones practicadas a niñas y adolescentes en 2024 fue por causal de violación, y que un 58% correspondió a menores de 14 años.

“Sobre ellas caería primero esta exigencia: víctimas de violencia sexual obligadas a vincularse con el resultado del delito cometido en su contra. Eso no protege a nadie: revictimiza, en contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 21.430. Que el derecho a decidir en condiciones adversas, no sea motivo de criminalización. El acceso ya enfrenta graves barreras”, emplazaron desde las colectividades.

Sobre ese punto, en el documento mencionan que, a octubre de 2025, un 40,4% de los médicos obstetras de la red pública se declaraba objetor de conciencia en la causal de violación, que supera los dos tercios en hospitales de Talca, Rancagua o Temuco.

“Al implementarse la ley se proyectaban 3.000 casos anuales; entre 2018 y 2022 se realizaron apenas 3.300 en total, lo que sugiere que miles de mujeres pueden seguir sin acceder al derecho. Por eso exigimos lo contrario a nuevas barreras: la implementación plena y efectiva de la Ley 21.030″, señalaron.

Por lo mismo, solicitaron al Estado a garantizar la implementación completa de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y pidieron acceso oportuno en todo el territorio. Además, manifestaron la necesidad de un pleno funcionamiento del acompañamiento biopsicosocial y de equipos no objetores en toda la red pública.

“Chile no necesita más barreras, culpa ni dolor: necesita cumplir, con respeto y humanidad, la ley que se dio a sí mismo y escuchar a las mujeres”, recalcaron.