Hasta el final, la Cámara de Diputados mantuvo la decisión de votar esta semana contra viento, lluvia y marea los últimos ajustes a la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica.

A pesar del temporal que ha afectado a la zona central y al Norte Chico, lo que podría incidir incluso en problemas de traslados de parlamentarios, la voluntad de La Moneda es que la iniciativa gubernamental se vote sí o sí este martes 21 de julio.

Ante la presión del Ejecutivo y las solicitudes de diputados que buscaban adelantar la semana de receso legislativo (distrital), el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), dijo que había propuesto algunos ajustes, como suspender la sesión del lunes para moverla para el jueves por la contingencia climática. “No hubo acuerdo en ese momento y hoy día, aeropuertos, buses y vuelos están funcionando con normalidad. La Ruta 68 está funcionando normalidad”, indicó a La Tercera Alessandri, quien agregó que también hay una emergencia que atender en materia crecimiento económico, reconstrucción y empleo.

Para despejar cualquier duda, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), sostuvo que, si bien “nuestra prioridad es la emergencia”, “tenemos que seguir en los otros ámbitos de acción del gobierno”. “Senadores y diputados están preocupados, pero también hay obligaciones que cumplir. Mañana hay un proyecto importante. Es importante cerrar esa tramitación”, remató Alvarado.

Sin embargo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en una entrevista en Radio Cooperativa, abrió la puerta a que la votación pueda postergarse. “La reforma es muy importante y yo creo que hay que tomar una definición que el Ejecutivo está estudiando (...) Está en estudio porque el Congreso tiene una dinámica propia y, desde luego, lo importante es atender la emergencia, pero también cumplir con los compromisos que tiene el gobierno con el país en materia legislativa”, agregó Pavez.

Pese ello, desde La Moneda remarcaron, horas después, que la fecha no se movería y atribuyeron laz palabras de Pavez a una confusión.

Una instancia complicada

Con el calendario legislativo firme, que también se mantendrá en el Senado, en la reunión de comité político ampliado, el Presidente José Antonio Kast reforzó el llamado a aprobar y pidió máxima disciplina para que ningún diputado oficialista o aliado se ausente o se desmarque.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comenzó el trabajo para tratar de amarrar los votos para la etapa final de tramitación del megaproyecto.

En la sede del ministerio, recibió al jefe de bancada de los diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, con el fin de asegurar un piso de apoyos de ese grupo parlamentario y cerrar al menos esta etapa legislativa.

Si bien en el Senado hubo cuatro puntos que se aprobaron y disgustaron al Ejecutivo, la decisión táctica es tratar de que la Cámara vise todos los cambios para evitar a toda costa que la iniciativa sea derivada a una comisión mixta.

Esta es una instancia, contemplada en la Constitución y la Ley del Congreso, que se conforma por cinco diputados y cinco senadores, precisamente para resolver nudos finales de un proyecto.

Si bien en gestiones reglamentarias de las últimas semanas, el oficialismo logró quedar en una hipotética mayoría (6 versus 4 de oposición) en esta comisión, el perfil de quienes serán los integrantes augura un debate difícil.

De partida, estaría conformada por la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (Frente Amplio), quienes han sido los más férreos adversarios de la megarreforma.

Particularmente la dupla Cicardini - Manouchehri se ha caracterizado por lograr sacar de sus casillas a Quiroz, quien tuvo un par de encontrones con ambos durante la tramitación. La diferencia es que siempre fueron duelos por separado. Ahora, en una eventual mixta, ambos legisladores socialistas estarían juntos, frente a frente al ministro.

También serían parte de la misma comisión el diputado Diego Schalper (RN) y los senadores Rodolfo Carter (Ind. republicano) y María José Gatica (RN), quienes -aun cuando son parlamentarios oficialistas- han expresado disidencias y han puesto en apuros al gobierno en esta tramitación.

Los otros miembros de la comisión mixta serían los diputados Agustín Romero (republicano) y Flor Weisse (UDI) y los senadores Paulina Vodanovic (PS) y Javier Macaya (UDI), quien presidiría la instancia.

Para La Moneda, además, tampoco parece rentable alargar la tramitación de la iniciativa gubernamental, ya que todos modos tendrán que vetar un par de puntos más, una vez terminada la comisión mixta.

“Una comisión mixta alarga los plazos y va en contra de lo que quiere el ministro Quiroz, pero nosotros tenemos que tener nuestra propia deliberación”, dijo, por ejemplo, el diputado Valenzuela (PDG), tras la reunión con el titular de Hacienda.

Veto inminente

Por lo tanto, desde una perspectiva de un “ahorro económico”, para los planes del ministro Quiroz -quien ha tratado de sacar la megarreforma en el menor tiempo posible- lo mejor es saltarse una comisión mixta complicada y pasar directo a la fase de un veto presidencial. Esta idea es la que más apoyos tiene en el oficialismo y en el gobierno.

De acuerdo a la Constitución, el Presidente de la República puede hacer “observaciones” a un texto despachado por el Congreso con el fin de hacerle correcciones, ya sea para reemplazar, añadir o suprimir parte del articulado.

En el caso del megaproyecto, como se trata de cuatro puntos controversiales, basta que se presenten cuatro observaciones supresivas (o vetos), que deben ser votados por la Cámara y el Senado. Sin embargo, aunque las observaciones ingresen esta semana, los comités de la Cámara ya tienen tomada la decisión de votarlas al regreso de la semana distrital, es decir, a inicios de agosto.

En estas circunstancias, la Carta Fundamental le otorga tal predominancia a la visión del Ejecutivo, que en caso de que esos vetos supresivos sean rechazados, igualmente se borra el artículo objetado al no haber acuerdo. La única forma que tienen los diputados y los senadores para doblegar la voluntad del Presidente es reunir dos tercios de los votos de ambas cámaras para imponer el texto despachado por el Congreso.

En otras palabras, al gobierno le bastaría tener el apoyo de 52 diputados y 17 senadores para ganar y eliminar los puntos cuestionados: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) las garantías para el pago a 30 días paras las pymes; 3) la prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío; 4) y el impedimento de cobros de intereses sobre intereses (anatocismo).

Dado que las normas de servicios básicos y del anatocismo ya fueron aprobadas por la Cámara y el Senado, solo podrían ser eliminadas por un veto o con una impugnación ante el Tribunal Constitucional.