Por partida doble, el lunes autoridades de gobierno fueron convocadas a dar explicaciones al Congreso por los recortes presupuestarios que se estarían evaluando en programas de seguridad y a los gobiernos regionales. Citados por parlamentarios de oposición, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, debía comparer ante una comisión de la Cámara de Diputados, mientras que al Senado concurrieron representantes del Ministerio de Hacienda y de la Dipres.

Las citaciones fueron cursadas el jueves 11 de septiembre por la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (Partido Demócrata), y por los diputados de RN Diego Schalper y Arturo Longton, debido a las alertas que se encendieron en los partidos de oposición el martes 9, luego de que trascendiera una minuta preliminar del gobierno en la que se anticipaba una disminución de recursos en la Ley de Presupuesto para el año 2026 destinados a la lucha contra el crimen organizado y también a los fondos asignados a 12 de las 16 regiones. La mayoría de esas regiones eligieron gobernadores de oposición.

Los esfuerzos desplegados por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por desmentir que se trataba de un informe definitivo con cifras oficiales -incluso, aseguró que La Moneda pensaba incrementar el financiamiento para los programas de seguridad pública-, fueron en vano, al igual que las explicaciones que dieron el lunes las autoridades de Dipres en el Senado.

A dos semanas de que el Presidente Gabriel Boric envíe al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2026, la batalla por la asignación de recursos y por el manejo del erario nacional entre gobierno y oposición ya está desatada y todo augura que será un debate mucho más complejo que en años anteriores.

“Sin duda que será una discusión más compleja, porque se dará en plena campaña presidencial. Es muy probable que el eventual tercer trámite legislativo coincida en los plazos con los resultados de la primera vuelta, lo que añade un componente político adicional a la deliberación técnica”, señala Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, uno de los think tanks de la derecha que está asesorando a los parlamentarios de la UDI en esta materia.

La tensión es enorme. Si las encuestas no se equivocan, todo indica que el próximo gobierno estará en manos de uno de los candidatos de la derecha. Por lo mismo, el interés por incidir en la forma en que se repartan y gasten los recursos del Estado ha sido mucho más intenso que en años anteriores.

Comandos buscan influir

“La principal preocupación e importancia del debate de este año se debe al hoyo fiscal que va a heredar la próxima administración”, explica Bettina Horst, directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo, adelantando uno de los ejes principales de la pugna que se verá en los próximos meses.

Hasta ahora, el ministro de Hacienda sólo ha adelantado que el presupuesto del 2026 “va a crecer menos que el de años anteriores”. Aunque no anticipó cifras, el año pasado el Presupuesto de la Nación 2025 ceció en un 2% respecto del de 2024.

Tanto el comando de la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, como el del republicano José Antonio Kast, ya están involucrados directamente en la discusión, a través de sus equipos y asesores económicos, quienes están coordinando el trabajo con los centros de pensamiento de la derecha y las bancadas parlamentarias.

Lo que no se sabe aún es si, en paralelo a la disputa presidencial, las oposiciones y sus comandos lograrán actuar unidos en el debate en el Parlamento para tratar de controlar este año la Ley de Presupuesto.

El martes 9 de septiembre, al menos, hubo una primera aproximación. Citados por el exdirector de Presupuestos de Piñera II, Matías Acevedo, se reunió en la Universidad de los Andes un grupo de economistas para hablar sobre el debate del presupuesto y la necesidad de aplicar recortes. Al encuentro llegaron Ignacio Briones y Bernardo Fontaine, junto con algunos integrantes de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales del Gasto Público, entre ellos Paula Benavides, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga. También asistió el exsubsecretario de Economía de Bachelet II, Alejandro Micco; la economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo Macarena García y el director de estudios de Larraín Vial, Leonardo Suárez.

Tras escuchar los planteamientos de los integrantes de la comisión asesora creada por el extitular de Hacienda Mario Marcel para hacer frente al déficit fiscal, una de las primeras conclusiones fue que el gasto público estaba desatado. Hace pocos días dicho consejo asesor había recomendado al gobierno hacer recortes en cerca de 2.000 millones de dólares.

Pero también se habló sobre la necesidad de influir en la tramitación del proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación 2026 para asegurar que este incluya recortes significativos al gasto fiscal para el próximo año.

Lo anterior es clave tanto para el comando de Matthei como el de Kast.

En el caso de la exministra, en su programa propuso recortes del gasto público también del orden de los 2.000 millones de dólares por cada año de gobierno. Pero lo es aún más para el proyecto de Kast, quien ha prometido reducir el gasto fiscal en cerca de 6.000 millones de dólares en 18 meses, una cifra muy alta y sobre la cual ni el candidato ni su comando han sabido explicar cómo pretenden lograrla.

Será en el debate legislativo por la Ley de Presupuesto cuando los republicanos darán algunas luces respecto de qué programas podrían sufrir recortes en su financiamiento o cuáles podrían ser suprimidos. Hasta ahora, desde la colectividad que lidera Kast han insistido en que no piensan tocar los recursos destinados a seguridad, de ahí su molestia con el gobierno la semana pasada tras la filtración de que podrían venir recortes desde La Moneda a los programas contra la lucha del crimen organizado. Tampoco tienen previsto disminuir los fondos destinados en Salud para reducir las listas de espera. Sin embargo, afirman fuentes ligadas al comando republicano, no se ha descartado reasignar recursos de otros programas de la cartera de Salud.

El año pasado, para la discusión del Presupuesto 2025, la bancada de diputados republicana presentó una propuesta para reducir el gasto fiscal en 5.000 millones de pesos, la que no fue respaldada por Chile Vamos y mucho menos por el oficialismo.

Ahora, todas las oposiciones van a insistir en la idea de recortar gasto fiscal.

“Vamos a impulsar que los recortes comiencen a materializarse ya en la discusión de este proyecto de Ley de Presupuesto. No podemos seguir perdiendo tiempo ni destinando recursos a programas que carecen de eficacia, especialmente cuando el país enfrenta un escenario de estrechez fiscal”, dice Bayolo, jefa del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.

El trío Briones-Coloma-Sanhueza

Desde el comando de Matthei, tres son los pesos pesados que están encima de este tema. El exministro de Hacienda Ignacio Briones, asesor y coordinador económico de la candidata de Chile Vamos; el senador Juan Antonio Coloma, jefe político del comando con larga experiencia como negociador de la UDI en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, y el economista y exgerente del Banco Central Gonzalo Sanhueza, vocero económico de la campaña.

“Vamos a estar encima y vamos a actuar coordinadamente el equipo económico (del comando) con los parlamentarios de Chile Vamos”, admite Briones. El extitular de Hacienda del gobierno de Piñera II es, además, presidente del centro de estudios Horizontal, el think tank de ideas liberales vinculado a Evópoli que asesora a las bancadas parlamentarias de esa colectividad en la tramitación legislativa de los proyectos de ley, entre ellos el de Presupuesto.

Y los objetivos que se han fijado están claros.

“Este presupuesto no puede ser sólo austero, debe caer en términos reales en a lo menos un punto. Es fundamental que así sea. Tiene que ser consistente con la trayectoria de convergencia que se fijó el gobierno para lograr la meta en 2029″, recalca Briones.

El déficit fiscal es, por lejos, uno de los temas que más preocupan a la derecha, más aún considerando la presión que tendrá el gobierno de Boric desde su ala izquierda por aumentar el gasto público en medio de la campaña electoral. El Partido Comunista ya dejó en claro a La Moneda que no respaldará recortes presupuestarios que pongan en riesgo beneficios sociales o el avance de políticas públicas en aras de la responsabilidad fiscal.

“Es obvio que habrá presiones para que el presupuesto crezca lo más posible. Pero aquí hay que tener algo muy claro: cada punto de crecimiento del presupuesto, son 0,2 puntos del PIB de desviación del déficit estructural. Si el gobierno se puso la meta de -1,1 puntos del PIB para 2026, una meta que han ido corriendo en el tiempo, lo que cabe preguntarse es si el Ejecutivo está dispuesto a cumplirla o la va a seguir corriendo”, señala Briones.

En los últimos tres años, añade Briones, el gobierno ha incumplido las metas que se había propuesto para reducir el déficit estructural. “El 2023 habían puesto una meta de 2,1 en el presupuesto y terminó siendo de seis puntos del PIB. Para 2024 fijaron un meta de 1,9, pero terminó siendo del 3,3, y este año va a estar en torno al dos y probablemente más. Por lo tanto, ha sido una desviación de la regla fiscal muy grande. Es indispensable recuperar la credibilidad de la regla del superávit, porque de otro modo se va perdiendo el anclaje fiscal”.

Para Briones resultan evidentes algunos recortes que el gobierno debería incluir desde ya en el proyecto de Ley de Presupuesto que enviará el 30 de septiembre al Parlamento. Uno de ellos es el gasto en licencias médicas. “Chile estaba gastando del orden de los 600 millones de dólares al año en licencias médicas. Tras el escándalo que provocó la denuncia de la Contraloría por uso fraudulento de licencias médicas, esa cifra bajó significativamente. Esa caída debería estar reflejada en el presupuesto del 2026. Porque los gobiernos tienen dos alternativas. Una es presentar el presupuesto con las mismas cifras del año anterior, como si nunca hubiera ocurrido esa caída, o puede reflejar de inmediato ese recorte”, plantea.

Soza y Quiroz, los brazos de Kast

En el comando de Kast, en tanto, quienes están a cargo del seguimiento de la tramitación de la Ley de Presupuesto de la Nación son Jorge Quiroz, el coordinador económico de la campaña, y Carmen Soza, directora ejecutiva de Ideas Republicanas, el centro de estudios de esa colectividad.

En los próximos días, una vez que regrese Quiroz a Santiago de un viaje al extranjero, el comando republicano tiene previsto reunirse con el diputado Agustín Romero, el único militante de la colectividad que integra la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para coordinar el trabajo con miras a la Ley de Presupuesto. “En esa reunión vamos a decidir dónde estarán los énfasis para tener en la discusión presupuestaria las ideas bastante claras de lo que nos importa”, dice Romero.

“Esta discusión del presupuesto tiene la particularidad de que el exceso de gasto público es parte de la discusión presidencial y se dará en plena campaña”, señalan desde el equipo de Kast. “Estábamos acostumbrados a que el centro de la discusión del presupuesto presentado por un gobierno saliente radicara en las holguras para el próximo gobierno, es decir, con cuánto dispondría el futuro gobierno para financiar su programa. En cambio, en esta oportunidad la discusión radicará en la falta de financiamiento global”, recalcan desde el comando republicano para explicar por qué el debate sobre el presupuesto se presidencializará.

En el equipo de Kast reconocen que las preocupaciones giran principalmente en “los amarres de plata” que pueda intentar dejar el actual gobierno para financiar a “activistas de la política” y que “se profundice la falta de control en el uso de transferencias corrientes a entidades del sector privado de dudoso impacto social y que facilitan el clientelismo o, derechamente, la corrupción”. También el que esas transferencias se realicen justo antes de la salida del gobierno.

En la misma línea, desde el comando del líder republicano han manifestado su inquietud por la tramitación de nuevos proyectos de ley que impliquen un mayor gasto social, “porque no hay plata ni siquiera para financiar el gasto actual”.

No es una tarea simple. Republicanos tiene un serio déficit de elenco en el Congreso para el debate de la Ley de Presupuesto. El partido no cuenta con senadores y en la Cámara sólo Romero está a cargo del tema.

A la espera de que el gobierno envíe el proyecto de ley, explica la senadora y líder del Partido Demócrata, Ximena Rincón, los parlamentarios se han concentrado en este periodo en el seguimiento de la ejecución presupuestaria de cada uno de los programas y carteras. En su calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Rincón ya ha asistido al trabajo de las subcomisiones de presupuesto en los temas de Tesoro, Hacienda, Economía, Mujer y Desarrollo Social.

“La revisión de la ejecución de los presupuestos es un insumo muy importante para la mirada política posterior, cuando ya tengamos a la vista cómo viene el Presupuesto 2026″, añade.

Hasta ahora, señala la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst, ha sido muy difícil para el gobierno sincerar el debate. El año pasado, incluso, cometieron errores importantes en la estimación de los ingresos fiscales, y en los centros de estudio ligados a las oposiciones hay un serio temor de que esto se repita este año.