“Vamos a fiscalizar al gobierno con la misma fuerza que fiscalizamos al anterior y lo haremos con el que siga”. Dos veces, la contralora general de la República, la abogada Dorothy Pérez, lanzó esa frase la mañana del 25 de febrero, cuando el entonces presidente electo José Antonio Kast llegó al edificio de Teatinos 56 junto a 14 de los personeros que asumirían en su gabinete para asistir a los talleres de capacitación sobre administración del Estado, probidad y transparencia que el ente contralor organizó para las autoridades entrantes. Sus palabras fueron celebradas con fuertes aplausos.

A menos de cinco meses de ese episodio, la relación entre el oficialismo y la contralora Pérez ya no es la misma. En las últimas semanas, los cuestionamientos a su gestión se han ido multiplicando. Un coro de voces, en las que figuran nada menos que el presidente del Partido Republicano -la colectividad del jefe de Estado-, el senador Arturo Squella, y el titular de otro poder del Estado, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), han dicho que se “excedió en sus atribuciones” debido a resoluciones o dictámenes de la Contraloría.

Que se critique la gestión de un contralor no llama la atención. Desde 1943, cuando a la Contraloría se le concedió autonomía constitucional, “no ha habido ningún contralor que no haya tenido problemas con los ejecutivos de turno”, señala el abogado y profesor de derecho administrativo Luis Cordero.

Y la razón es simple, explica el también exministro de Justicia y de Seguridad durante el gobierno de Gabriel Boric, administración que también tuvo varias controversias y conflictos tanto con Jorge Bermúdez como con la propia Pérez.

“El modelo de contraloría chileno concentra cuatro grandes poderes que no tiene ninguna otra contraloría en el mundo. Por un lado tiene la competencia para fiscalizar y controlar los gastos del Estado. En segundo lugar, tiene la potestad para auditar el funcionamiento de la administración. En tercer lugar, tiene facultades para determinar la responsabilidad y el cumplimiento de deberes funcionarios, y la última atribución es la facultad para interpretar con efectos generales y obligatorios la ley que aplica la administración”, explica Cordero.

Todo ese poder concentrado en un órgano unipersonal hace del contralor una figura incómoda para cualquier Ejecutivo.

Lo que sí llama la atención es la velocidad con que estas críticas comenzaron a ventilarse, cuando el gobierno ni siquiera ha cumplido medio año de gestión, por lo que aún no comienzan a conocerse las auditorías a la actual administración. También la diversidad de flancos por los que está siendo criticada.

Cercanos a esta abogada de 50 años, con estudios en la Universidad de Chile y magísteres en gestión y control y gestión pública en las universidades Católica de Valparaíso y Adolfo Ibáñez -y que asumió como titular de la Contraloría en noviembre de 2024, tras casi un año subrogando el cargo-, aseguran que para ella no fue tan sorprendente.

El 14 de octubre pasado, Pérez recibió una ovación en Icare por parte de empresarios y políticos de derecha y centroderecha. “Me alegré (de los aplausos), porque quiere decir que hay unanimidad respecto de lo que la nueva autoridad contralora plantea, que es, básicamente, que todos hagan su trabajo”, dijo Kast entonces.

Los cercanos a Dorothy Pérez recuerdan que les dijo a sus equipos de trabajo: “Esto va a durar un año o hasta que saquemos algún pronunciamiento sobre una denuncia específica. Así ha sido con todos los gobiernos”.

Y esa denuncia específica llegó más rápido de lo esperado.

El 1 de julio, la contralora emitió el dictamen N° 344/2026, en el que reprocha el actuar de la exministra de Seguridad María Trinidad Steinert por haber solicitado a la PDI información detallada respecto del personal de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, que estuvo vinculada a una investigación aún abierta en el Ministerio Público y en el que ella estuvo involucrada cuando ejercía como fiscal de Tarapacá.

“Se debe tener presente que los requerimientos de información se refirieron a personal perteneciente a una dependencia policial que apoya la labor investigativa que encabezaba la propia exsecretaria de Estado en su anterior desempeño, lo que se debe considerar al tenor del deber de abstención que, respecto de su cargo público previo, aquella debía observar”, señala el dictamen de la contralora.

Y añadió: “Se concluye que la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que trata y no se aviene con su deber de abstención”. La ley es explícita en ese sentido. Las autoridades están obligadas de abstenerse por dos años de solicitar información relacionada con cargos anteriores.

El golpe a Steinert, a quien el gobierno buscaba colocar en una agregaduría en Perú tras su abrupta salida del gabinete, junto a la exministra de la Segegob Mara Sedini, desató la molestia que ya venía incubándose en el oficialismo de antes, pero que hasta entonces había estado contenida.

Seis días después, el 7 de julio, el timonel de los republicanos, senador Arturo Squella, en Radio Agricultura, embistió contra el dictamen de Pérez sobre Steinert. “Yo lo que veo ahí es una respuesta de la Contraloría que deja mucho que desear desde el punto de vista, digamos, de la profundidad”, dijo Squella.

Y agregó: “Cuando se habla del deber de abstención no tiene nada que ver con la situación en el fondo que se está planteando y, aunque tuviera que ver, ni siquiera se plantea dónde estaría el eventual conflicto de interés”.

Squella, uno de los principales promotores de que la exfiscal llegara al gabinete de Kast, pasaba por alto que el conflicto de interés que se le imputaba a Steinert estaba en el hecho de haber solicitado información a la PDI que la ley le vedaba por dos años.

Squella no se quedó ahí. Acusó a la contralora de “exceder sus funciones” y de no actuar en base a la legalidad. Exactamente lo mismo que Dorothy Pérez le reprochaba a Steinert. “Yo creo que hace tiempo veo, digamos, algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría”, remarcó el senador republicano por Valparaíso.

Hasta ahora, ni el Presidente Kast ni otra autoridad de La Moneda han contactado a Squella para pedirle que morigere el tono en sus cuestionamientos a la contralora. Y la semana pasada insistió en sus críticas.

El mismo lunes 7, en Radio Duna, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), se plegó a los cuestionamientos. “Ojo con la Contraloría”, dijo el parlamentario. “Habría que mirar con detención lo que Contraloría está haciendo en ese dictamen. Está dando una opinión sobre una persona de confianza política”, añadió, afirmando que algunos sostienen que Pérez se estaba excediendo en sus funciones.

Los dichos de Alessandri molestaron a la contralora. No se trataba solo de la opinión de un parlamentario que busca, además, convertirse en presidente de la UDI. Alessandri también representa a un poder del Estado. Pese a ello, Pérez optó por no escalar la controversia. Quienes la conocen, sin embargo, advierten que la próxima vez que sea citada a la Cámara de Diputados o que tenga una conversación con la mesa directiva de la corporación, ella planteará el tema.

En el entorno de la contralora van más allá. Afirman que ella estaba obligada a sacar el dictamen sobre Steinert, pues respondía a un oficio enviado por un grupo de parlamentarios. No haberlo hecho colocaba a la contralora en una ilegalidad.

Además, recalcan que en ese caso la Contraloría actuó con prudencia. “Si se reprocha a la exministra Steinert de incumplir el deber de abstención, la contrapartida de eso es una eventual falta a la probidad administrativa”, señala un abogado experto en derecho administrativo que pidió reserva de su nombre.

Un cargo que hasta ahora no le ha formulado la contralora, pero que podría perfectamente sumar al responder el recurso de reconsideración que el 7 de julio presentó la exministra de Seguridad.

La partida

La tensión con La Moneda y el oficialismo, en todo caso, venía de antes.

Durante el primer mes de instalación, diversas acciones de las nuevas autoridades llegaron a la Contraloría por requerimiento de parlamentarios que fueron desgastando la simpatía inicial de la nueva administración con la contralora. Entre ellos, la cena del Presidente Kast en La Moneda con sus compañeros de universidad o la primera dama sirviendo el almuerzo en el casino de La Moneda. La Contraloría es consciente del abuso que muchos políticos hacen de esos requerimientos y que distraen tiempo y recursos, algo que ha pasado en todas las administraciones. De hecho, están evaluando subir el estándar a esas peticiones de investigar.

Pero sería la difusión por redes sociales, que incluía videos y gráficas que formaban parte de una campaña publicitaria del gobierno llamada Chile Sale Adelante, en las que se hablaba del “Estado en quiebra”, uno de los detonantes del cortocircuito. Requerida por diputados FA, PS y PPD, Contraloría pidió a la Segegob tomar medidas para evitar publicaciones “imprecisas” y ordenó un proceso disciplinario, junto con sostener que la cartera reconoció que utilizó expresiones que no se ajustan “cabalmente al estándar de moderación y mesura que el ordenamiento jurídico exige de las autoridades en el ejercicio de la función pública”.

Desde el oficialismo se cuestionó a Pérez de exceder sus atribuciones al inmiscuirse en un debate sobre una opinión política. Pero desde su equipo enfatizan que desde 2003 hay una norma legal que sólo permite gastar recursos públicos en campañas publicitarias que estén orientadas a informar sobre aspectos concretos de las políticas públicas.

Once días después de la pelea por el Estado en quiebra, el 10 de junio, Pérez tuvo un nuevo encontrón con el gobierno cuando rechazó las modificaciones propuestas por el Ministerio de Transportes para el reglamento de la Ley Uber. La propuesta “elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi (...), sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas“, señaló Contraloría. Y añadió que las modificaciones “rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe”.

Para el gobierno, lo que estaba en juego era la posibilidad de flexibilizar la recién promulgada Ley Uber, en un momento en que el desempleo se ha transformado en una crisis nacional. Cuando el ministro de Transportes fue a conversar con la contralora, Pérez le pidió que fundamentara técnicamente por qué se debía bajar los estándares para los taxis. Hasta ahora, la cartera no ha entregado esa fundamentación.

Pero los flancos abiertos con el oficialismo van más allá. Por estos días le han criticado la pugna que tuvo con Codelco, pese a que esta se resolvió rápidamente tras una serie de reuniones entre los equipos de la cuprera estatal, dirigidos por Bernardo Fontaine, y los de la Contraloría.

Fontaine había presentado un amparo administrativo ante la Corte de Apelaciones en contra de un oficio de Pérez de 2026, en el que cuestionaba a Codelco por no haberse sometido a control preventivo en el ente contralor la constitución de la sociedad “Minera Ascotán SpA”, en conjunto con la empresa Quirobax, para la explotación de litio en el salar Ascotán.

Fontaine le explicó a Pérez que Codelco operaba como una sociedad anónima y que necesitaba poder tomar decisiones rápidas para competir con las grandes mineras privadas. Pérez entendió las razones de la cuprera y se mostró disponible para sustraerlos del proceso de toma de razón. Para Contraloría, lo importante era acceder a información que hasta entonces Codelco no le entregaba y que era fundamental para fiscalizar el manejo financiero de la principal compañía estatal chilena. Para alguien como Fontaine, quien ha manifestado su preocupación por el desorden con que se ha manejado Codelco en las últimas décadas, la solicitud de Pérez era más que atendible.

Codelco se desistió del recurso judicial, en la medida en que ya no se le exigiría toma de razón de cada sociedad que constituyera, y la Contraloría conseguía acceso a información que antes le estaba vedada.

Pero a diferencia del acuerdo con Codelco, la guerra fría con el oficialismo lejos de parar, solo podría escalar con la respuesta que vendrá a la reconsideración presentada por la exministra Steinert.